La empresa Eléctrica de Cádiz, con participación mayoritaria del Ayuntamiento, ha denunciado que el Gobierno central, en el caso de que el Congreso dé vía libre al Real Decreto Ley 7/2016, le obligará a dedicar la mitad de su margen de beneficios a financiar a un bono social que no puede ofrecer a sus clientes. “Ello nos obligaría, a medio plazo, la subida de las tarifas y la pérdida de competitividad frente a las grandes comercializadoras”, se advierte. Se llama a la sociedad gaditana a oponerse a esta normativa.
La empresa Eléctrica de Cádiz, con participación mayoritaria del Ayuntamiento, ha denunciado que el Gobierno central del PP le obliga a dedicar la mitad de su margen de beneficios –unos 500.000 euros- a financiar a un bono social que no puede ofrecer a sus clientes.
Así, el Real Decreto Ley 7/2016 establece que el Gobierno regula el mecanismo de financiación del coste del bono social, un mecanismo que obliga a la financiación de su coste a todas las comercializadoras de electricidad, en base al número de clientes, con independencia del volumen de energía comercializado.
En dicho Real Decreto Ley, que requiere su convalidación todavía en el Congreso de los Diputados el próximo 30 de enero, se modifica el sistema de financiación del bono social estableciendo que sea costeado sólo por las comercializadoras eléctricas (y por todas ellas) y en un porcentaje de depende del número de clientes.
Desde la empresa mixta gaditana –además del Ayuntamiento, está participada minoritariamente por Endesa y Unicaja- explican que el porcentaje de reparto asignado a Comercializadora Eléctrica de Cádiz es del 0,217154, “un porcentaje mucho más alto al de otras comercializadoras a nivel nacional con un volumen de energía comercializada muy superior al nuestro como son: Gas Natural Comercializadora, Audax Energía, entre otras”.
Para Eléctrica de Cádiz, “hacer pagar el bono social a las comercializadoras en base al número de clientes es un disparate y un atropello para las comercializadoras como nosotros que prestan su servicio sobre todo a clientes domésticos”. Según las informaciones publicadas, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital cifra el coste anual actual de la cobertura del bono social en 250 millones de euros; en base a estos datos, el importe anual a asumir por Eléctrica de Cádiz sería de 542.885 euros, se concreta en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
De acuerdo con el histórico de resultados de la comercializadora gaditana, esta cifra supondría, de no poder repercutirse en el precio final del cliente, una caída de los resultados, antes de impuestos, del 55% aproximadamente. “Ello nos obligaría, a medio plazo, la subida de las tarifas y la pérdida de competitividad frente a las grandes comercializadoras”, se advierte.
Pero es que además, Eléctrica de Cádiz incide en que “no podría ofrecer a sus propios clientes el bono social estatal, porque en el mencionado Real Decreto Ley, se prevé que sólo puedan hacerlo las comercializadoras de referencia”. Añaden que “esta medida es completamente desproporcionada e injusta y supone un claro perjuicio para los gaditanos, que van a financiar el bono social de las grandes comercializadoras”.
Es por que esto que se solicitará a todos los partidos presentes en el Congreso que no convaliden este Real Decreto Ley, “pues perjudica de manera extraordinaria a las pequeñas y medianas comercializadoras del sector doméstico, y en el caso de Cádiz, al 80% de las familias que verán subir el coste de su factura”.
Por otro lado, Eléctrica de Cádiz ha solicitado un informe jurídico para valorar cómo poner en marcha el bono gaditano –que se viene trabajando desde hace meses con la Mesa de la Pobreza Energética- en este nuevo contexto y prepara un recurso colectivo, junto con otras comercializadoras, por si finalmente el Real Decreto es convalidado en unos días.
“ES UN ATENTADO CONTRA TODA LA CIUDAD DE CÁDIZ”
Al hilo, el concejal de Economía y Hacienda, y presidente de Eléctrica de Cádiz, David Navarro, ha manifestado que “obligar a Eléctrica de Cádiz a entregar la mitad de sus beneficios anuales para financiar un bono que encima no puede ofrecer es un atentado contra toda la ciudad de Cádiz”. Y ha añadido que, “desde este momento”, el equipo de Gobierno de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común solicita “el apoyo de todos los grupos políticos, de los medios locales, de las organizaciones sociales y de todos los gaditanos para hacerle llegar al Gobierno un mensaje unánime de rechazo a ese Real Decreto. No podemos permitir que castiguen a Cádiz una vez más”.
Al respecto, el bipartito presenta este viernes al pleno ordinario del Ayuntamiento de enero una moción de urgencia para solicitar al Gobierno de Rajoy y a todos los grupos políticos con representación parlamentaria que no convaliden el Real Decreto, para que éste sea suspendido hasta que se revise el mecanismo de financiación. Igualmente, se insta “a la revisión del mecanismo de financiación del bono social y a su reforma en términos de proporcionalidad en base al volumen de negocio de las empresas y/o al volumen de energía, y no al número de clientes”, y se solicita que “todas las comercializadoras que lo deseen deben poder facilitar el bono social, no sólo las comercializadoras de referencia”.
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