La empresa mixta Eléctrica de Cádiz ha celebrado al fin su primer consejo de administración del nuevo mandato municipal, demandado desde hace semanas por Adelante Izquierda Gaditana.
Presidido por la concejala de Economía y Hacienda, Maite González, y nueva presidenta de la sociedad (tal y como se refleja en los estatutos de Eléctrica de Cádiz), este consejo de administración se inició con el cese de los anteriores consejeros y con la toma de posesión de los nuevos, en el que están presentes representantes de los tres partidos de la Corporación actual (PP, PSOE y Adelante), así como de las otras dos empresas que tienen capital en Eléctrica de Cádiz (Endesa y Unicaja).
Uno de los acuerdos de la cita, se destaca en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, ha sido la aprobación de la actualización de condiciones para la licitación de un nuevo contrato de adquisición de energía eléctrica para su comercialización a clientes.
Desde que se acabó el anterior contrato en marzo de 2022, se han tenido que hacer una serie de contratos puentes para poder seguir contando con el suministro, ya que el pliego que se sacó a licitación entonces quedó desierto. El nuevo pliego va a salir a licitación por un período de dos años con la posibilidad de prorrogarlo por otro más y por un precio de salida de algo más de 21,5 millones de euros.
La flamante presidenta de Eléctrica de Cádiz, Maite González, entiende que con las condiciones de este pliego “el objetivo es poder disponer de un precio de compra estable para ofertar a los clientes una tarifa a precio fijo para hacer frente a las incertidumbres del mercado”.
“FORMALISMO ADMINISTRATIVO”
Este primer consejo de administración del nuevo mandato de dicha empresa donde el Consistorio tiene mayoría en el accionariado llega semanas después de que, desde la oposición, Adelante Izquierda Gaditana anunciara que estudiaría medidas legales contra la concejala de Economía por haber firmado diversa documentación de Eléctrica de Cádiz ya como presidenta sin haberse constituido formalmente este consejo, “ni, por tanto, formalizado completamente su nombramiento como presidenta”.
A esta denuncia, Maite González replicó hablando de “formalismo administrativo”, ya que interpreta que los estatutos de la empresa municipal le amparan para ejercer su función como presidenta desde que fue nombrada responsable de Hacienda en junio, aunque no se hubiera constituido el consejo de esta sociedad.
