Enésimo varapalo al PP en su intento por boicotear al actual equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz. “Son unos irresponsables, unos inconscientes y no les preocupa lo más mínimo la ciudadanía”: es la reacción del alcalde, José María González ‘Kichi’, al hacerse eco de que la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso interpuesto por la derecha que trataba de tumbar los presupuestos municipales de 2020, que actualmente siguen prorrogados y en vigor.
El concejal popular, Juan José Ortiz, había recurrido la resolución del pleno extraordinario del 28 de agosto de 2020, celebrado telemáticamente, por la que se aprobó en un único punto todas las alegaciones presentadas al presupuesto inicial y la aprobación definitiva del presupuesto general. Los magistrados han resuelto que esta forma de proceder “se ajusta a derecho”. En la sentencia también se condena a la parte recurrente al pago de las costas (limitando las mismas a la cantidad de 600 euros).
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, González Santos no tiene reparos en criticar duramente al edil popular: “esto no es una denuncia más. Con esta acción, el señor Ortiz y el grupo municipal popular pretendían paralizar toda una ciudad por la vía judicial, frenando los presupuestos. Les da exactamente igual la situación de vulnerabilidad y lo mal que lo están pasando muchos vecinos en este contexto de pandemia, donde se están viviendo situaciones realmente graves”.
“Todo no vale en política. El odio del PP y de Juancho Ortiz hacia este equipo de Gobierno y hacia mi persona no puede arrastrar a una ciudad entera en mitad de una crisis. Son unos irresponsables, unos inconscientes y no les preocupa lo más mínimo la ciudadanía. Por suerte, además de mal político, es mal abogado, y no sólo han perdido este juicio, sino que le han obligado, por insólito que sea, a pagar las costas”, agrega el primer edil de Adelante Cádiz.
“A ver si así aprenden y dejan de judicializar constantemente la vida política y entorpecer a través de los tribunales sin más objetivo que el de perjudicar la gestión del Gobierno local”, sentencia José María González, que repasa que la oposición ha interpuesto hasta el momento una quincena de denuncias “y todas han sido archivadas y desestimadas, salvo una que fue retirada”.
“EL ALCALDE TIENE LA POTESTAD DE DECIDIR LA FORMA DE VOTAR”
Ortiz alegó en su denuncia que una vez debatidas en aquel pleno las cuatro alegaciones por todos los grupos políticos, y llegado el momento de la votación, el alcalde anunció que dicha votación se haría en bloque, y no individualmente tal y como presentó el concejal de Hacienda y se acordó en Junta de Portavoces. El líder del principal partido de la oposición presentó entonces recurso contra esta resolución alegando que con tal actuación se había producido “un menoscabo frontal a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23 de la Constitución española, vulnerando el derecho fundamental de los ediles a ejercer su función de concejales, así como a participar en los asuntos públicos”. Y solicitó al TSJA “retrotraer las actuaciones al momento previo de la votación de las alegaciones, en que deberán someterse éstas a votación individualizada cada una de ellas”.
No obstante, en su fallo los magistrados consideran que la actuación impugnada no lesiona el núcleo esencial de las funciones representativas del concejal, por lo que la garantía que proporciona dicho artículo de la Constitución no se ve vulnerada. Y señala que la Junta de Portavoces, órgano complementario del Ayuntamiento “tiene carácter consultivo y sus decisiones no son vinculantes”. Por el contrario, las comisiones informativas, conforme al propio Reglamento Orgánico Municipal (ROM) es “un órgano básico del Ayuntamiento, y si bien carecen de atribuciones resolutorias, tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del pleno salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes”. “Sus dictámenes –prosigue la sentencia- tienen carácter preceptivo pero no vinculante. Recordemos que su dictamen sobre la propuesta del concejal de Hacienda favorable a la desestimación de las alegaciones o reclamaciones formuladas fue aprobado con la abstención del grupo popular, cuyos miembros tuvieron a su disposición la documentación íntegra de los asuntos a tratar, conforme al art. 78 del ROM”.
Finalmente, sobre las atribuciones del primer edil, “y aun cuando en el supuesto aquí contemplado convino con la Junta de Portavoces que la votación de los distintos puntos de la propuesta habría de ser individualizada, no resulta contraria a derecho su decisión final de que se votaran en bloque, al estar autorizado para ello por el artículo 61 del ROM”. Por tanto, los jueces resuelven que el alcalde “tiene la potestad de decidir la forma de votar y en este sentido también se pronuncia el artículo 98.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales”. Y por otra parte, se recoge también que “sólo cabría la votación individualizada de ser aceptada por el grupo proponente, pero en este supuesto la propuesta en bloque fue presentada por el equipo de Gobierno”.
Estas cuentas municipales para 2020, que reemplazaban al presupuesto prorrogado de 2018, se acercan a los 165 millones de euros, incluyendo la controvertida partida de casi 10 millones de ingresos afectados por la venta del hotel del estadio.
El punto salía adelante con el voto de calidad del alcalde, al producirse un empate entre apoyos y rechazos. El presupuesto elaborado sin contar con la oposición por el Ejecutivo local (en esa sesión extraordinaria, con un edil menos por la dimisión de David Navarro), sumó el aliento del concejal no adscrito Domingo Villero, y el voto en contra del PSOE, PP y Ciudadanos a la propuesta de resolución de alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública. Es el segundo presupuesto de la era Kichi desde que llegó a San Juan de Dios en 2015 (el de 2016 sí lo tumbó la Justicia tras otro recurso de la derecha).
“NO VAMOS A CLAUDICAR CON LOS DESMANES DE KICHI”
No le ha sentado nada bien al PP local el fallo del TSJA, a tenor de su airada respuesta contra el alcalde, y el PSOE; aunque dice tener “respeto hacia el dictamen”. De este modo, los populares lamentan que dicha sala, aun admitiendo que la Junta de Portavoces previa a ese pleno extraordinario acordó por unanimidad la votación individualizada de las alegaciones, haga prevalecer la potestad que el ROM otorga al primer edil para decidir el modo de votación. Y lamentan también que González Santos, “ese día, contradijera lo acordado en la Junta de Portavoces previa y, sobre todo, lo dicho por el mismo en el pleno de aprobación de los presupuestos de 2018, donde aseguró que “’lo lógico era votar las alegaciones una a una’”.
Para el perdedor del recurso, Juan José Ortiz, esta sentencia “legaliza la cacicada del alcalde de impedir el voto por separado de las alegaciones. Que se admita que tiene potestad -en cualquier aprobación de un texto legal, ordenanza, presupuesto, reglamento- de ofrecer a la oposición un todo o nada a las alegaciones es un auténtico disparate político. Si a la ordenanza del Taxi, por ejemplo, presentan alegaciones los taxistas en un sentido, y una asociación de consumidores en sentido contrario, según esta sentencia el alcalde puede elegir que se voten por separadas o todas en conjunto, aunque puedan ser contradictorias”.
Interpreta este concejal de derechas que el primer edil gaditano, en dicho pleno de presupuestos, “decidió que se votaran todas en conjunto y no por separado, como había dicho un cuarto de hora antes, simplemente porque se equivocó, porque la mitad de las veces no se entera de lo que tiene que hacer. Lo mismo le habría dado hacerlo como en 2018, alegación por alegación; y más sabiendo que mientras no le quite al PSOE las prebendas que le dio para seguir en el sillón de San Juan de Dios, no va a tener problema en que le saquen las castañas del fuego cada vez que lo exija, como pasó el viernes pasado en la Relación de Puestos de Trabajo”. Los socialistas votaron en contra, parece olvidar Ortiz.
“Pero si hay algo cierto en todo esto es que nosotros no vamos a claudicar con los desmanes de Kichi, no somos el PSOE, y vamos a seguir peleando por lo que creemos beneficioso para los gaditanos, y créanme que estos presupuestos no lo son. Vamos, tiene gracia que me acuse de paralizar la ciudad el que le puso el freno de mano en 2015”, sentencia el frustrado heredero de Teófila Martínez.
