El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado recientemente su informe de fiscalización sobre el Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, el más conocido como Consorcio del Bicentenario, en el estuvieron implicados el Estado y la Junta de Andalucía principalmente, además de la Diputación y los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando.
Este Consorcio nacido en 2007 –promotor de la marca ‘La Pepa 2012’-, órgano ejecutivo de la Comisión Nacional del Bicentenario de 1812 creada un año antes, hizo lo que pudo con el escaso presupuesto que terminó manejando en plena crisis-estafa (comenzó el año clave, 2012, sin prácticamente dinero y todos los fondos ya comprometidos por actuaciones y convenios previos): las instituciones públicas apenas inyectaron cantidades relevantes, esperables para contribuir a una celebración tachada en innumerables ocasiones como “cuestión de Estado”; y las inversiones privadas fueron contadas.
Igualmente, su día a día se vio salpicado por cambios continuos –por intrigas políticas, sobre todo- en su gestión: al frente de la presidencia de la Comisión Nacional –que por otro lado, tuvo una actividad mínima- se turnaron Fernández de la Vega, Pérez-Rubalcaba, Manuel Chaves, y finalmente, Sáenz de Santamaría; mientras que fueron presidentes del Consorcio Gaspar Zarrías, Luis Pizarro, Francisco Menacho y el José Luis Ayllón, con sus respectivos gerentes María Luisa García Juárez, Gabriel Almagro, Emilio Aragón y el que ‘cerraba la puerta’, Pedro Flores. También se cambiaba de sede hasta en tres ocasiones, pasando de la Plaza de San Antonio a la Alameda, y terminar en la Zona Franca.
Los objetivos de esta fiscalización del Tribunal de Cuentas han comprendido: el análisis del sistema de financiación del Consorcio, a fin de determinar los recursos públicos y privados utilizados en la gestión de las actividades encomendadas; la adecuación de los gastos realizados a la finalidad para la que se constituyó y a los objetivos establecidos en sus propios programas y planes; la comprobación de la situación en la que se encontraban las operaciones de liquidación del Consorcio; y el análisis de regularidad con el objetivo de comprobar la adecuación de sus estados contables y el cumplimiento de las normas que le resultaban de aplicación.
El periodo de fiscalización ha comprendido desde la creación del Consorcio en 2007 hasta 2012, año en que finalizaron las actividades de conmemoración. No obstante, el Tribunal de Cuentas ha llevado a cabo algunas comprobaciones sobre las operaciones realizadas en 2013 y 2014, referidas fundamentalmente a la realización efectiva de pagos e ingresos pendientes a 31 de diciembre de 2012.
Aunque los Estatutos del Consorcio preveían su disolución en el momento en el que se aprobaron las operaciones de liquidación, que debían estar concluidas en el primer trimestre de 2013, “hasta la fecha no se ha producido la liquidación ni la consiguiente extinción del Consorcio”, se remarca desde el Tribunal de Cuentas en la información recogida por DIARIO Bahía de Cádiz.
En este demoledor informe se observa, entre otros puntos cuestionados: desorden y la dispersión de la documentación entregada; falta de información completa, ordenada y sistemática de las actuaciones programadas y realizadas, así como de sus presupuestos, costes y financiación; falta de constancia de numerosos justificantes de operaciones y los errores contables; inexistencia de relaciones completas y fiables de los expedientes tramitados; importantes debilidades en el sistema de control interno; la acumulación de competencias en la gerencia; o la tramitación de expedientes de gasto sin aprobación previa de la Junta de Gobierno.
“FALTA DE COORDINACIÓN”
En cuanto a los resultados de esta fiscalización, el informe señala algunas deficiencias en el ámbito del sistema de control interno del Consorcio, concretamente en relación con la formalización de algunos de sus acuerdos y de su sistema de planificación y de seguimiento de las acciones a realizar. En este sentido, se ha detectado “falta de coordinación” entre las actuaciones llevadas a cabo por el Consorcio y las realizadas por las distintas administraciones públicas integradas en él.
Respecto a los estados financieros, el informe anota que las obligaciones reconocidas, en los presupuestos de gastos del Consorcio en los ejercicios 2007 a 2012, ascendieron a 20 millones de euros, representando un porcentaje de ejecución del 89% de sus créditos definitivos. Asimismo, a 31 de diciembre de 2012 el importe de las obligaciones reconocidas pendientes de pago ascendía a 2,2 millones y los derechos reconocidos se cifraron, en el periodo 2007-2012, en 20,6 millones de euros.
Por otra parte, el saldo de la cuenta de acreedores ascendía, a 31 de diciembre de 2012, a 3,7 millones de euros. En este ejercicio, dadas las dificultades para hacer frente a los compromisos adquiridos, el Consorcio negoció quitas con diversos acreedores, obteniendo minoraciones de deudas por importe de 738.500 euros.
La financiación del Consorcio procedió fundamentalmente de aportaciones privadas, reconociéndose derechos por dicho concepto en el periodo 2007-2012 por importe de 10,9 millones, lo que representó el 53% del total de derechos reconocidos en concepto de aportaciones a la financiación (a finales de 2014 todavía se estaba pendiente de ingresar casi 1 millón). El resto de la financiación procedió de las administraciones públicas consorciadas que aportaron 8,2 millones de euros (el 40%, y no liquidaron todo lo comprometido hasta marzo de 2014), y de otras administraciones (los ministerios de Industria y de Igualdad), que concedieron subvenciones al Consorcio por importe de 1,4 millones (el 7%, aunque Industria solicitó el reintegro de parte de las ayudas por deficiencias en su justificación, y a finales de 2014 todavía no se había efectuado).
En cuanto a los resultados del análisis de los gastos de personal y contratación, las principales conclusiones recogidas en este informe se refieren a la falta de las nóminas del ejercicio 2010 y a deficiencias encontradas en el ámbito de la formalización y de la justificación de determinados contratos. Por otra parte, de los resultados del análisis sobre los procedimientos de subvenciones, se remarca, entre otros aspectos, incorrecciones en su concesión.
Tras los resultados obtenidos de la fiscalización, el Tribunal de Cuentas recomienda a la comisión liquidadora del Consorcio y, en última instancia, al Gobierno central, que adopte las medidas que considere necesarias para llevar a cabo la liquidación “a la mayor brevedad” de este ente. Se recomienda, asimismo, que para futuras colaboraciones entre distintas administraciones o entes públicos en una misma actividad se impulse una mayor coordinación entre ellas, así como un sistema de control interno suficiente.
