El llamado caso Loreto da un nuevo giro. El Tribunal Supremo ha absuelto al alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, por el delito de calumnias al que le acusaba el PP local por unas declaraciones en 2016 en una asamblea vecinal sobre la gestión del anterior equipo de Gobierno liderado por Teófila Martínez en la empresa municipal Aguas de Cádiz durante los cortes de suministro de agua en el barrio de Loreto, en octubre del año 2014. Eso sí, los populares no se dan por vencidos y ya han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional, y “como si tenemos que ir a Estrasburgo”.
El PP de Cádiz y sus medios afines lograron en junio de 2018 una foto tan deseada y perseguida: la de un alcalde entonces de Podemos sentado en el banquillo, con el claro objetivo de equipararlo (pese a las distancias) a los innumerables casos de investigados y salpicados por corrupción de su mismo partido. Y desde entonces no dudan en referirse a González Santos como “el primer alcalde de Cádiz procesado/condenado de la democracia”.
Sin embargo, meses después fue absuelto en primera instancia por el juzgado de lo Penal número 5 de la ciudad de los presuntos delitos de calumnias e injurias, junto al exconcejal Lolo González Bauza y el jefe de Gabinete José Vicente Barcia: “las expresiones manifestadas por los querellados se desarrollan en un contexto político, contexto en el que el ejercicio de las libertades de expresión e información están en conexión con asuntos que son de interés general por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen y contribuyen”, subrayaba la jueza.
No obstante, la derecha apeló a la Audiencia Provincial, y esta a principios de 2019 estimaba parcialmente el recurso (y eso que hasta la propia fiscalía en varias ocasiones, incluido el acto del juicio, pidió la absolución) y condenaba solo al entonces alcalde por calumnias (seguía sin verse delito de injurias) al pago de una multa de 5.400 euros. A la vez, tenía que indemnizar con 3.000 euros tanto a Teófila Martínez como a Ignacio Romaní, entonces presidente de Aguas de Cádiz. José María González recurrió, y es ahora el Supremo el que revoca esa sentencia.
La irritación del PP se deriva de unas manifestaciones de 2016 recogidas por algunos medios que básicamente repetían lo señalado por un informe realizado por Aguas de Cádiz sobre el corte de suministro que padeció Loreto en 2014; los populares entienden que se les acusaba de un “intento de envenenamiento a sabiendas” a los 13.000 vecinos del barrio. Dicho estudio anota que en Loreto pudieron estar bebiendo agua contaminada desde catorce días antes del corte por la presencia de bacterias; y llega a sospechar que la contaminación se detectó y se conocía hasta casi dos semanas antes de que se informara a la Junta de Andalucía y se procediera al corte y a trabajar sobre el terreno para solventar el problema.
La sala de lo Penal del Tribunal Supremo estima los recursos de casación planteados por el Ministerio Fiscal y por el alcalde gaditano contra la sentencia de la Audiencia Provincial. Considera que, con independencia de la opinión que pueda sostenerse acerca de la corrección de las palabras o el tono empleados, la denuncia realizada “queda amparada por el derecho a la libertad de expresión”.
EL ALCALDE PIDE LA DIMISIÓN DE MARTÍNEZ Y ROMANÍ
La primera reacción del alcalde de Cádiz en su valoración de la nueva sentencia del Supremo ha sido pedir la dimisión de Teófila Martínez y de Ignacio Romaní de sus actuales cargos públicos: ambos están recolocados por el PP, la primera como presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, y el segundo como director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Además, exige “disculpas públicas” del concejal Juan José Ortiz y el resto del PP local “por su uso torticero de la justicia”.
“Esta denuncia no es una denuncia cualquiera. Es la denuncia en la que se ha basado todo este tiempo el PP para hacer política, para restregarme que me encontraba imputado, pese al criterio contrario del Juzgado de Instrucción que archivó la querella, pese al criterio contrario de varios fiscales”, ha afirmado este jueves en su comparecencia presencial el propio José María González. “Ellos, que maltrataron a un barrio como Loreto y a su gente, encima, tienen la poca decencia de denunciar a quien arrojó luz al caso”, añade.
De este modo, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, el primer edil de Adelante Cádiz ha pedido la dimisión de sus cargos públicos tanto de Martínez como de Romaní, “no solo en mi nombre, sino en el nombre de los miles de ciudadanos que tuvieron que soportar durante días no beber agua en su casa porque estaba en mal estado, unos vecinos a los que luego se les cortó durante más de veinte días el suministro ante un enorme manto de silencio y oscurantismo”.
González Santos ha destacado la contundencia del Tribunal Supremo en el que sus cinco magistrados, por unanimidad, han acordado su absolución: “ni un solo voto en contra, ni el menor atisbo de duda en que esta cruzada política del PP no tenía ni pies ni cabezas más allá de enturbiar y entorpecer”.
El alcalde ha citado uno de los párrafos de la reciente sentencia en el que se deja claro que “es muy dudoso que pudiera entenderse acreditado el conocimiento de que lo que decía era falso (en referencia al alcalde) o que actuara con temerario desprecio hacia la verdad (…), porque, ya desde el primer momento, comunicó que el informe se trasladaba a la Fiscalía, siendo la razón no solo su contenido técnico, sino que, desde el mismo se podía deducir con lógica que entre los días 29 de septiembre al 13 de octubre (de 2014) se realizaron análisis que dieron positivo, aunque no se comunicara a las autoridades sanitarias ni a la opinión pública, siendo razonable entender que los técnicos no lo ocultaron sino que lo habían comunicado a sus superiores políticos. Y también, porque el recurrente podía entender que si la ex alcaldesa había dicho que los análisis daban resultado de cero-cero, era porque sabía de su existencia”.
Es decir, ha razonado Kichi, “el Supremo, igual que la jueza de lo Penal admiten que entre los días 29 de septiembre y 13 de octubre se suministró agua no apta para el consumo; al mismo tiempo que se hizo sin advertir de ello a las autoridades sanitarias, en este caso la Junta”.
En este sentido, se ha reafirmado en sus famosas palabras de 2016 en las que “dije que existían análisis que dieron positivo, que invitaban a cortar el agua, y hubo una decisión política, repito, política, no de los técnicos y trabajadores de Aguas de Cádiz, sino de los políticos responsables de no hacerlo, y de ocultárselo a la Junta y a la ciudadanía”.
“TENGO LA CONCIENCIA TRANQUILA, DE QUIEN PUSO LA CARA POR SUS VECINOS”
“La Justicia da la razón a mis declaraciones” al tiempo que “lo que no se sabía entonces y ahora se conoce es que mientras no se invertía ni un sólo euro en el mantenimiento de las redes de suministro de la ciudad y, especialmente en los barrios obreros, Ignacio Romaní (entonces presidente de la sociedad municipal) derrochaba el dinero público que debía destinarse a ello en gambas, Campari y comilonas”, ha reiterado.
Por todo esto, el alcalde ha insistido en pedir la dimisión de la exalcaldesa ahora presidenta de la APBC y del exconcejal y ahora director en Cádiz de la AVRA, “porque ambos después de esta gestión negligente, de esta persecución política, y a cambio de entorpecer la gestión municipal, tienen como premios cargos públicos a dedo y unos sueldos que alcanzan los 80.000 euros”.
“Y lo solicito con la conciencia tranquila. La conciencia tranquila de quien puso la cara por sus vecinos, le dio la razón el juzgado y además su nombre está limpio, no aparece en los papeles de Bárcenas junto a la cifra de 30.000. Aún estamos esperando los gaditanos las explicaciones de Teófila Martínez, porque el suyo sí aparece”, ha dejado caer.
Por último, ha recordado que “a los cargos públicos se le exige ejemplaridad, honestidad y que antepongan el interés colectivo y el interés común por encima del personal y del partido. Es evidente que no se cumplen los requisitos”.
EL PP TILDA DE “MUY MISERABLE” AL ALCALDE E IRÁ “HASTA EL FINAL”
Horas antes de la valoración del alcalde absuelto, el PP ya avanzaba que Teófila Martínez e Ignacio Romaní recurrirán ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo “al tratarse de derechos fundamentales los que se han lesionado a nuestro entender”.
“Aquí entramos en la valoración que puedan hacer los tribunales; tres magistrados de la Audiencia Provincial consideraron que cuando Kichi acusó a una exalcaldesa y un exconcejal de dar agua contaminada a sabiendas a un barrio estaba cometiendo un delito y ahora el Supremo estima que no lo es. Así que, tal y como dijimos al inicio de este proceso iremos hasta el final; como si tenemos que ir a Estrasburgo, no vamos a permitir que nadie, parapetado en su condición de político, lance la acusación de un delito de este calibre, y menos que acuse a quien fuera alcaldesa de esta ciudad de semejante barbaridad”, ha subrayado un dolido Juan José Ortiz en su cargo de presidente del grupo municipal del PP.
Es más, el sucesor de Martínez como alcaldable, frustrado, se permite dar un consejo a los periodistas que acudieran a la rueda de prensa de José María González: “eleven al máximo la precaución y graben todo lo que digan los intervinientes, porque la estrategia procesal de este hombre y su jefe de gabinete es, tal y como demostró en el juicio oral, echar las culpas a los que publican sus mensajes. Esa cobardía que de nuevo ha demostrado en el recurso ante el Supremo donde, en vez de apechugar con lo dicho, ha venido a decir que cuando acusaba a la dirección de Aguas de Cádiz no se refería a Teófila ni a Ignacio”.
A decir de este político de derechas, “hay que tener muy poquito valor y ser muy miserable para ir repartiendo culpas entre periodistas y trabajadores de Aguas de Cádiz. Tanto grito y tanto alardeo para luego bajarse los humos escribiendo un recurso o en la sala de un juzgado. Que mantenga en el juzgado lo que vocifera fuera, aunque sea por una vez”.
