El Tribunal Supremo ha confirmado, en el denominado caso Rilco, la condena de ocho años de prisión para el delegado del Estado de la Zona Franca de Cádiz en tiempos del Gobierno de Aznar, Manuel Rodríguez de Castro, y le ha impuesto además una multa de 8 millones de euros por el delito de fraude en la obtención de subvenciones. El resto de acusados vuelven a ser absueltos, entre ellos su sucesor en el cargo, el otro exdelegado colocado por el PP, Miguel Osuna.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de ocho años de prisión para el delegado del Estado de la Zona Franca de Cádiz en tiempos del Gobierno de Aznar, Manuel Rodríguez de Castro, y le ha impuesto además una multa de 8 millones de euros por el delito de fraude en la obtención de subvenciones en el denominado caso Rilco.
De este modo, se Supremo estima parcialmente los recursos de la Fiscalía y de la acusación particular, ejercida por el PSOE de Cádiz, en cuanto que reclamaron que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial había omitido la pena de multa que ahora sí impone.
En julio de 2013, la Audiencia de Cádiz condenaba a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación a Rodríguez de Castro, por un delito continuado de fraude en ayudas públicas, prevaricación y malversación agravada de caudales públicos. El resto de acusados quedaron absueltos, entre ellos su sucesor en el cargo, el otro exdelegado colocado por el PP, Miguel Osuna, por falta de dolo, aunque quedó acreditada su conducta negligente que contribuyó a la pérdida millonaria de fondos del Consorcio público. La Fiscalía y el PSOE como acusación popular pedían para ambos entre 10 y 13 años de cárcel.
Dicha condena se basaba en las irregularidades detectadas en la apertura de un portal de comercio electrónico con Iberoamérica, Rilco, creado por la Zona Franca de Cádiz que no ha llegado a hacer ninguna transacción real nunca.
Días antes de este juicio, celebrado entre finales de mayo y principios de junio de ese 2013, el Tribunal de Cuentas ratificaba también la condena de la sentencia del pasado octubre de 2011 contra ambos exdelegados del PP alrededor del llamado caso Rilco, considerándoles “responsables contables directos de una gestión ilícita de los fondos públicos a su cargo”, y obligándoles a devolver 4,3 millones de euros. DIARIO Bahía de Cádiz
