El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de octubre de 2011, que condenaba al exdelegado del Estado de la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna, a pagar más de 2,6 millones por las irregularidades cometidas cuando estaban al frente del Consorcio, en tiempos del Gobierno de Aznar. El PSOE local lamenta que “la postura de la alcaldesa a lo largo de este litigio ha sido de falta de acción u omisión, lo que va claramente en contra de los intereses de la Zona Franca”.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia dictada en octubre de 2011, que condenaba al exdelegado del Estado de la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna, a pagar más de 2,6 millones de euros por las irregularidades cometidas cuando estaban al frente del Consorcio, en tiempos del Gobierno de Aznar, entre 2001 y 2004.
La desestimación del recurso de casación vuelve a confirmar la responsabilidad contable de Osuna y su conducta gravemente negligente que, tal y como recoge la propia sentencia, ocasionó un daño real y efectivo a los fondos públicos de la Zona Franca por los pagos realizados a la empresa Miami Free Zone Management Services Corporation (MFZ) dentro del Proyecto Rilco.
Miguel Osuna actuó ilegalmente al utilizar una sociedad mercantil para ocultar pagos injustificados hacia sociedades de las que, finalmente no se recibía ningún la prestación contratada y todo ello sin exigir aval o garantía alguna. “De ahí –evidencian desde el PSOE en el Ayuntamiento- que se haya establecido una grave negligencia ante el flagrante incumplimiento de la legalidad, pues no garantizó las prestaciones y tampoco impidió la libre disposición de fondos por MFZ, creándose un nexo entre el daño producido a los fondos públicos y su conducta. Una conducta que no respondió a las obligaciones de un gestor de fondos públicos en cuanto al control y rendición de cuentas, lo que habría evitado los daños ocasionados a dichos fondos”.
A juicio del portavoz municipal socialista, Francisco González, la alcaldesa del PP y presidenta en el Consorcio, Teófila Martínez, “tiene que asumir responsabilidades. La postura de la alcaldesa a lo largo de este litigio ha sido de falta de acción u omisión, lo que va claramente en contra de los intereses del Consorcio de la Zona Franca, una institución que ya ha sufrido un considerable quebranto económico y de imagen con el PP al frente”.
Desde el PSOE, en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, se insiste en que esta sentencia “viene a ratificar la desastrosa gestión y la opacidad” con la que la derecha dirige Zona Franca. “Todo ello ha causado que sea un Consorcio con graves problemas económicos y que ha perdido su razón de ser, convirtiéndose más en una inmobiliaria que no cumple sus compromisos con la ciudad y sin solvencia”, interpreta González.
