La Oficina Municipal de la Vivienda de Cádiz ha atendido durante su primer año funcionando a 156 familias dentro del protocolo antidesahucio, de los cuales se han resuelto 76 casos, la mayoría con demanda del Juzgado por falta de pago del alquiler: en 28 de ellos los afectados han podido quedarse en la misma casa y en 44 se ha buscado otra alternativa habitacional. Este servicio ofrece un asesoramiento especializado jurídico y social para mediar con el juzgado y evitar que llegue ese desalojo.
La Oficina Municipal de la Vivienda de Cádiz ha atendido durante su primer año funcionando a 156 familias dentro del protocolo antidesahucio, de los cuales se han resuelto 76 casos. Este servicio ofrece un asesoramiento especializado jurídico y social para mediar con el juzgado y evitar que llegue ese desahucio. Al respecto, la concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha señalado la importancia para las familias de la ciudad de “disponer de un lugar específico en materia de vivienda con especialistas tanto jurídicos como sociales”.
Tubío añade que este protocolo “no sólo es un referente para las familias gaditanas, sino que además el protocolo ha sido tomado como ejemplo en otras ciudades españolas como Níjar, San Fernando o Chiclana; se ha distribuido por todos los decanatos de España y se ha incluido a la Oficina en la guía de recursos de mediación de la Junta de Andalucía”.
La mayoría de personas llegan a la Oficina Municipal de la Vivienda de Cádiz a través de los Servicios Sociales municipales, derivados por la trabajadora social de zona que atiende a la familia y a la que acuden en un principio. Otros se informan de la existencia del servicio a través de las oficinas de Procasa porque acuden al Servicio de Información y Atención Municipal al Inquilino (Siami) y al registro de demandantes de vivienda protegida. De momento, “son casos contados los que acuden porque han recibido información en el Juzgado en el momento de recibir la demanda judicial, una línea en la que hay que seguir trabajando”, apunta la edil responsable.
Durante este primer año de funcionamiento, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, se ha atendido un total de 156 casos, de los cuales 103 han sido en concepto de arrendamientos de viviendas (66%), 28 en concepto de préstamos hipotecarios (18%) y 25 de situaciones en precario-otros (16%). Este último concepto se refiere a aquellos casos en los que la persona no tiene título de vivienda o tenía un acuerdo con el propietario o eran familiares que se la han cedido temporalmente u otras formas de cesión sin contrato de arrendamiento ni propiedad.
Entre los motivos por los que las familias acuden a la Oficina, aproximadamente un 30% lo hicieron tras tener conocimiento de la fecha de ejecución de desahucio judicial a raíz de la demanda del propietario por impago del alquiler. “En este tipo de casos, la solución más viable pasa por conseguir un aplazamiento del desahucio y así poder tener más tiempo para encontrar una alternativa ocupacional a la familia afectada”, explica Tubío. Los casos por impago se coordinan con los Servicios Sociales municipales para la valoración y tramitación de ayudas al pago del alquiler o de ayudas para la formalización de un nuevo contrato en otra vivienda. De los 76 casos resueltos, 44 llegaron a la Oficina con demanda del Juzgado por desahucio por falta de pago del alquiler.
LA MAYORÍA DE CASOS, EN VIVIENDAS DEL CASCO HISTÓRICO
Por otra parte, de los 76 casos cerrados, se han resuelto favorablemente 28 en los que se han mantenido en la misma vivienda y 44 en los que se ha buscado otra alternativa habitacional.
Sólo uno de los casos llegados a la Oficina Municipal de la Vivienda en este primer año fue con lanzamiento hipotecario promovido por un banco. El resto de los casos hipotecarios han llegado en fase de intermediación y asesoramiento para aplicación del código de buenas prácticas bancarias.
La concejala de Vivienda afirma que no todas las familias que acuden a la Oficina tienen fecha de lanzamiento judicial: “muchas tienen requerimiento extrajudicial por parte de la propiedad que les requiere la deuda de alquiler pendiente, mientras que otras tienen requerimiento por finalización o extinción de contrato”. La mayor parte de estos casos extrajudiciales y los que sólo demandan asesoramiento porque tienen dudas sobre su contrato de alquiler son atendidos por el Siami que les presta asesoramiento jurídico y los deriva a esta Oficina. En este sentido, desde octubre de 2015 a noviembre de 2016, el servicio de atención al inquilino ha atendido 159 casos.
El mayor número de casos nuevos que han solicitado acogerse a la Oficina lo hicieron en los meses de marzo-abril, octubre-noviembre y junio, y se minimizaron en los meses de periodos vacacionales de Juzgados (agosto, mayo, diciembre). Del total de casos atendidos, en un 77% son de viviendas ubicadas en el casco histórico y un 23% en extramuros.
El protocolo antidesahucio comprende dos partes diferenciadas: una primera parte en la que se insiste en la conveniencia de que el poder judicial notifique en tiempo real al Ayuntamiento el inicio de un expediente que pueda terminar en un desalojo o un desahucio, y otra en la que se incluye la constitución de esta Oficina de Defensa de la Vivienda en la que profesionales de Procasa y Asuntos Sociales ponen a disposición de la ciudadanía todos los recursos que tiene el Consistorio para luchar contra los desahucios.
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