Otra comisión en el Ayuntamiento de Cádiz sobre la remunicipalización de los servicios de playas ha acabado con distanciamiento entre el Gobierno local y la oposición, que duda de este ‘rescate’. El bipartito advierte de que es necesario cumplir con los plazos establecidos con objeto de poner en funcionamiento los servicios de cara al próximo verano. Mientras, el PP dice que entre los informes se reconoce un “encarecimiento” de los costes anuales de 120.000 euros; el PSOE sigue viendo “lagunas” y reclama “garantías”; y Ciudadanos rechaza que se gestione desde lo público y subraya que los actuales trabajadores de concesiones entrarían “por la puerta de atrás” a ser parte de la plantilla municipal.
Una nueva comisión en el Ayuntamiento de Cádiz sobre la remunicipalización de los servicios de playas (limpieza de arenas; recogida de residuos, conservación y mantenimiento de los equipamientos e infraestructuras; y de asistencia sanitaria, socorrismo, limpieza y mantenimiento de vestuarios), ha acabado con distanciamiento entre el Gobierno local y la oposición, que duda de este ‘rescate’ y el proceso que se está siguiendo.
Así, el equipo de Gobierno de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común lamenta que PP, PSOE y Ciudadanos estén “dilatando” el prometido proceso de remunicipalización de estos servicios de playas privatizados, que serían asumidos por la sociedad Cádiz 2000, que actualmente se dedica exclusivamente a la gestión del Palacio de Congresos.
Los grupos de la oposición han vuelto a pedir más documentación sobre el proceso, y aunque el Ejecutivo se ha comprometido a ofrecérsela, considera que esta demanda responde a una “estrategia para demorar los tiempos”, ya que dicha información “podían haberla reclamado en la última comisión”, que se celebró el pasado 29 de diciembre.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el bipartito señala que no es la primera vez que la oposición actúa de esta forma, solicitando informes “a cuentagotas para alargar los procesos”, recordando que justo esto fue lo que hizo el PSOE durante las reuniones celebradas para la negociación de los presupuestos de 2016 y las tasas municipales, “e igualmente lo está haciendo ahora” durante el debate de municipalización de los servicios de playas.
Ante esta maniobra de las fuerzas políticas de la oposición, el equipo de Gobierno liderado por José María González ‘Kichi’ advierte de que “no se puede retrasar más el proceso, puesto que es necesario cumplir con los plazos establecidos con objeto de poner en funcionamiento los servicios de cara al próximo verano”.
EL PP ALERTA DE UN “ENCARECIMIENTO” DEL COSTE DEL SERVICIO
El PP, por su lado, considera que esta municipalización de los tres servicios de playas “encarecerá en 120.000 euros de partida el coste del los mismos”, según el informe del Interventor. La derecha añade que el “supuesto” ahorro anunciado de más de 380.000 euros al año “se basa en comparar el coste de la municipalización con un teórico coste real del servicio, no con lo que cobran ahora mismo las empresas que lo prestan”. De hecho, se añade, “tanto al informe del Interventor como a la memoria expuesta en la comisión (de este miércoles), se incorpora una tabla comparativa “donde, casualmente, falta la columna del coste actual del servicio”.
Así, en total los tres servicios públicos gestionados de forma indirecta suponen un coste hoy día de más de 2,6 millones de euros, mientras que los informes calculan que hacerlo de forma directa supondría menos de 2,3 millones, o lo que es lo mismo, 380.000 euros menos. Sin embargo, el PP añade las “columnas que no muestra” el estudio, que aseguraría un incremento del gasto al asumir los servicios, ya que el coste real de las actuales concesiones es de menos de 2,2 millones.
De este modo y en base a estos números, el portavoz municipal popular, Ignacio Romaní, remarca que “todo el proceso se base en la falsedad de que las empresas del sector están cobrando menos de lo que cuesta el servicio y que –no sabemos a causa de qué ciencia infusa- a partir de ahora el Ayuntamiento de Cádiz no iba a conseguir que se presentaran otras empresas que hicieran el servicio con estos costes cuando llevamos año consiguiéndolo, y solo gracias al PP se ha evitado cerrar en falso este desastre”.
A juicio de Romaní este rescate de los servicios de playas “está siendo un verdadero monumento al tridente de Podemos en Cádiz: la mentira, la demagogia y la chapuza”. La mentira “es que se ahorra”; la demagogia es “venderle de nuevo a los trabajadores y a los gaditanos que lo hacen para mejorar el servicio o las condiciones de los trabajadores. González Santos ha reconocido que estarán en las mismas condiciones laborales que él tachaba de precarias cuando no era alcalde, porque en la memoria no han podido ocultar que la única razón para que Aguas de Cádiz no asuma a las plantillas es que cobrarían más de lo que cobran ahora y eso, ni lo soportan las saneadas cuentas de Navarro ni lo permite el Interventor”; y la chapuza es “convocarnos a toda una comisión de estudio de la municipalización para mentirnos con un dato falso, el del supuesto coste real que no es el coste que pagamos, y para enseñarnos de nuevo el informe encargado a un exconcejal de IU de Conil que elaboró en 13 días poniendo lo que el alcalde y Podemos quería que pusiera”.
EL PSOE ENTIENDE QUE “SIGUEN EXISTIENDO IMPORTANTES LAGUNAS”
Mientras, el PSOE insiste en que ha solicitado más información en esta comisión. Y “hemos reiterado nuestras dudas por escrito, ya que siguen existiendo importantes lagunas que, durante la reunión, han sido reconocidas por los técnicos, respecto a los informes que se nos han entregado. Hay asuntos que entran en colisión y otros que siguen sin aclararse. Hemos pedido que se nos responda a la mayor brevedad posible para tener todas las garantías del proceso antes de que este se lleve a cabo”, explica el portavoz socialista, Fran González.
“El informe económico y financiero sigue siendo insuficiente, por tanto, el ahorro del que habla el equipo de Gobierno, no es concluyente. Actualmente existe una deuda con las empresas que vienen prestando el servicio y que tiene que ponerse al día, por ello, hemos pedido que se nos aclare la repercusión que esto tendrá para el Ayuntamiento”, expone.
Además, González apunta que “habrá que hacer aportaciones a Cádiz 2000, empresa que se ha planteado que se haga cargo de estos servicios, y continuamos sin conocer la cuantía de las mismas, ni la repercusión que esto va a tener en los fondos líquidos del Ayuntamiento, en el endeudamiento a corto plazo o en el periodo de pago a proveedores y la morosidad”.
Por otra parte, este partido de la oposición ha pedido que se certifique que realmente no existe necesidad de autorización previa del Ministerio de Hacienda sobre el inicio de expediente de municipalización, así como de las modificaciones previstas en los objetos sociales de las empresas municipales.
Por último, se ha solicitado un informe del Interventor y el Secretario sobre las consecuencias y responsabilidades jurídicas, así como del alcance que podría tener el incumplimiento de los compromisos que afectan al procedimiento.
“Los socialistas –sentencia Fran González- queremos que se lleve a cabo la municipalización de estos con todas las garantías. Se trata de un asunto muy importante que afecta a servicios básicos de la ciudad, a cientos de trabajadores y al propio Ayuntamiento. No se puede hacer de cualquier manera. Como siempre, estamos actuando de manera responsable y asegurándonos de que la gestión temerosa de este asunto que ha mantenido el equipo de Gobierno, desde el principio, no vaya a afectar a los gaditanos”.
CIUDADANOS DICE ‘NO’ A UNA MUNICIPALIZACIÓN “INJUSTIFICADA”
Y el portavoz municipal de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, que se posiciona sin rubor en contra de esta remunicipalización “injustificada”, ha insistido en la posibilidad de que el expediente pueda incurrir en fraude de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local y ha pedido que se solicite un informe previo al Ministerio de Hacienda, “ya que esta ley prohíbe la formación de nuevas entidades y unidades administrativas y, además, limita la tasa de reposición de personal”.
Asimismo, la formación naranja asegura haber puesto sobre la mesa preguntas concretas sobre asuntos que afectan a la estabilidad presupuestaria y a la sostenibilidad financiera como, por ejemplo, “si se han valorado las circunstancias particulares de cada convenio colectivo en materia de mejoras o premios; si se han tenido en cuenta el vencimiento de los convenios, alguno ya vencido como el de limpieza de arena; si se ha estudiado la antigüedad de los trabajadores a los efectos de calcular las contingencias económicas en caso de despido; si se ha considerado que deberá reforzarse la estructura de dirección de Cádiz 2000 con el consiguiente coste; o si se cuenta con garantía para la disponibilidad de los recursos económicos necesarios para el pago de salarios”.
Por otro lado, Pérez Dorao ha destacado que “el procedimiento de remunicipalización que platea el equipo de Gobierno resulta incompatible con los principios de igualdad, capacidad y mérito que deben regir los criterios de contratación por parte de las administraciones públicas. Si se hace tal y como plantea, mediante subrogación del personal, sería entrar por la puerta de atrás”.
Desde el punto de vista jurídico y económico, se añade que “Aguas de Cádiz ha rechazado hacerse cargo de estos servicios por el conflicto laboral que le supondría a la empresa gestionar dos convenios colectivos diferentes y el desajuste económico que traería consigo equiparar los salarios de los nuevos trabajadores”. Este es el motivo por el que se propone la sociedad Cádiz 2000, “que no está diseñada realmente para este cometido, y que obligaría a cambiar el objeto social de ambas compañías”, evidencia.
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