Endesa y PP, juntos, con sus votos en contra, han frustrado finalmente que la empresa municipal Eléctrica de Cádiz ponga en marcha el llamado bono o tarifa social, que pretendía asegurar un suministro básico de energía a las familias vulnerables de la ciudad y acabar con la “mendicidad energética”. Una medida que tiene su origen en una reivindicación de los colectivos sociales y que ha sido desarrollada por la Mesa contra la Pobreza Energética, contando con informes favorables. En los últimos días la campaña partidista y ciudadana exigiendo a la derecha local que no “traicionase” a las alrededor de 2.000 familias potenciales beneficiarias del bono, no ha logrado conmover a estos políticos que ya se hacen la víctima y presuponen que ahora serán “linchados en la plaza pública”.
La multinacional Endesa dijo no, como era esperable. Y el PP… también. Con sus votos en contra frustran que la empresa municipal Eléctrica de Cádiz –en la que tienen participación también Unicaja y Endesa- ponga en marcha el llamado bono o tarifa social, que pretendía asegurar el acceso a la energía de las familias vulnerables de la ciudad y ser un mecanismo que ayude a evitar los cortes de luz a quienes por razones económicas o de vulnerabilidad social no pueden abonar las facturas. Dicho bono –desarrollado en los últimos meses por la Mesa contra la Pobreza Energética- planteaba la bonificación de una cantidad de potencia y de energía determinadas por el nivel de renta familiar y el número de habitantes de la vivienda.
La derecha, la misma que ha estado al frente del Consistorio veinte años, ha hecho oídos sordos a la presión de los últimos días –incluso en la tarde de este lunes se convocaba una concentración a las puertas de la sede de la empresa- en la que desde el Gobierno local y sus partidos –también Podemos e IU y sus principales rostros a nivel nacional-, y diferentes entidades sociales, le han rogado que permitiera la puesta en marcha de esta medida.
Pera nada, el PP argumentaba antes del consejo su rechazo a que el informe jurídico encargado apunta a que los clientes de Eléctrica asuman el coste del bono, “y sobre todo que las familias gaditanas sin recursos llevan años siendo ayudadas por el Ayuntamiento”. Y tras la reunión sostiene que no podía votar un convenio entre Ayuntamiento, empresa y la Fundación Eléctrica de Cádiz “que ni siquiera han aportado”.
De este modo, el consejo de administración de Eléctrica de Cádiz ha rechazado en sesión extraordinaria la creación de un bono social alternativo al regulado por el Gobierno central, gracias a los votos en contra del mismo de los representantes del PP (Ignacio Romaní y José Blas Fernández) y de Endesa (tiene tres consejeros), y pese a los votos a favor de los consejeros del PSOE (Juan Cantero), Por Cádiz sí se puede (David Navarro), Ganar Cádiz en Común (Eva Tubío) y Unicaja (tiene sólo uno). En total hay nueve consejeros, y han votado en contra cinco.
El presidente de Eléctrica de Cádiz y concejal de Economía y Hacienda, David Navarro, ha lamentado la decisión del consejo y ha declarado que “hoy hemos asistido a una traición del PP a la ciudad de Cádiz, al priorizar los intereses de Endesa, sobre los de las familias más vulnerables”.
Por su parte la concejala y consejera de Eléctrica de Cádiz por parte de Ganar Cádiz en Común, Eva Tubío ha subrayado que el principal partido de la oposición “ha incumplido su compromiso asumido en el pleno de octubre de crear un bono social. Las familias de Cádiz no se merecen esto”.
UN BONO SOCIAL ALTERNATIVO PARA QUE LAS FAMILIAS DEJEN DE “MENDIGAR” MES A MES
Este bono social gaditano tumbado por Endesa y el PP iba a ser financiado con una donación voluntaria de Eléctrica de Cádiz de unos 600.000 euros, cuyos beneficios anuales oscilan entre los 8 y 10 millones de euros, y que en 2016, según informes preliminares, obtendrá unos beneficios extraordinarios de más de 15 millones. El Ayuntamiento calculaba que con esta suma se aseguraría al año el acceso a la energía a 2.000 familias de la ciudad en situación de vulnerabilidad. De este modo, no sólo sería el Ayuntamiento de Cádiz el que invirtiera en quienes no pueden pagar sus facturas, sino también el resto de socios, es decir, Endesa y Unicaja.
Aun con el bono, el Ayuntamiento mantendría una partida para el pago excepcional de facturas, pero con el bono lo que se pretendía asegurar es que las familias “dejen de mendigar por ayuda, mes tras mes. “Se trata de asegurar un derecho y dignificar su situación, y de hacerlo con la colaboración solidaria de los socios de Eléctrica de Cádiz”.
Eléctrica de Cádiz en realidad son dos empresas. La comercializadora, que tiene unos beneficios anuales de entre 700.000 y 1,6 millones de euros anuales, y la suministradora, cuyos beneficios oscilan entre los 8 y los 11 millones anuales. Lo que este lunes se votaba era un bono social costeado por la suministradora, que tiene diez veces más beneficios que la comercializadora. “Y además, no lo puede imputar en la factura, porque sus tarifas están estipuladas por el Gobierno central”, ha insistido desde el bipartito de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común para replicar los argumentos populares.
La necesidad de este bono social propio se derivaba de que en la capital gaditana el 80% de las familias tienen su suministro eléctrico con la eléctrica municipal, una empresa mixta de la que el Ayuntamiento tiene el 55% y que, debido a la regulación del Gobierno, no puede ofrecer el bono social estatal (sólo las comercializadoras de referencia pueden facilitar el bono estatal).
El proyecto tiene su origen en una reivindicación de los colectivos sociales que presentaron miles de firmas en 2014 para su creación, y se convirtió en compromiso de todos los partidos políticos del Ayuntamiento, también del PP, gracias a un acuerdo plenario el 30 de octubre de 2015. En ese mismo pleno se proponía crear la Mesa contra la Pobreza Energética, donde las organizaciones participaran en la elaboración de cómo sería el bono social gaditano: participaron en la misma organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, Asociación Pro Derechos Humanos, la Asamblea San Mateo 15M, personas en situación de pobreza y representantes políticos.
También ha colaborado en la propuesta el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz, a través de un estudio sobre consumo energético en familias vulnerables de la ciudad. Y el Gobierno municipal encargó también un informe jurídico externo para asegurar la legalidad de la propuesta, y otro a la gerencia de Eléctrica de Cádiz para identificar las necesidades técnicas para su puesta en marcha. Ambos informes esclarecen la mejor vía para poner en marcha el bono social gaditano.
EL PP TRATA DE JUSTIFICARSE
Para justificar su rechazo al bono social, el portavoz municipal del PP y consejero de Eléctrica Cádiz, Ignacio Romaní, ha lamentado que el equipo de Gobierno haya sometido a votación en el primer punto de la reunión la aprobación de un convenio entre Ayuntamiento, empresa y la Fundación Eléctrica de Cádiz que “ni siquiera han aportado”.
Así, Romaní entiende que lo que se llevaba este lunes al consejo de Eléctrica no era la puesta en marcha del bono eléctrico, sino “la aprobación de la suscripción de un convenio” con el Ayuntamiento, la Fundación Eléctrica de Cádiz y la comercializadora Eléctrica de Cádiz, para la puesta en marcha de dicho bono.
Cuando los consejeros de la derecha han pedido abordar el convenio “se ha indicado por parte del Gobierno local que no tenían el convenio”, a decir de Romaní, que añade que “a pesar de reconocer la incongruencia que supone votar la suscripción de un convenio que no se conoce y, sobre todo, que no ha sido siquiera comunicado a una de las partes, la Fundación Eléctrica de Cádiz, sobre la que también se ha pedido información sobre su postura, se ha obligado a los consejeros a posicionarse mediante el voto. Seguramente para seguir la campaña de intoxicación y amenazas que estamos recibiendo desde hace una semana”.
Los consejeros populares agregan que en el segundo punto del orden del día “no dábamos crédito con el hecho de que no sólo no han traído el convenio que quieren que votemos, sino que después nos piden que aprobemos una cantidad de aportación en el marco de ese convenio existente”.
Para el portavoz de la derecha supone “un disparate que el PSOE, no sabemos con qué criterio ha admitido, y que ahora, encima, servirá para que los círculos de Podemos, el alcalde y su séquito usarán para intentar, como de costumbre, lincharnos en la plaza pública”.
PARA EL PSOE, EL BONO SUPONE “JUSTICIA, OBJETIVIDAD Y DIGNIDAD”
Antes del consejo de administración extraordinario el PSOE ya adelantaba su voto favorable: “manifestamos un rotundo sí a esta medida que beneficiará a unas 2.000 familias gaditanas que sufren pobreza energética”.
A juicio del concejal socialista y consejero de Eléctrica de Cádiz, Juan Cantero, este bono social que no verá la luz “representa un sistema justo y objetivo para los ciudadanos con dificultades económicas o en situación de exclusión social. Con él, dejaremos atrás el modelo discrecional del PP, que era humillante para los ciudadanos, y conseguiremos que los beneficiarios ganen dignidad. El acceso a la energía es un derecho. Con la puesta en marcha de este bono, ya no dependerá del político de turno, que además pudo utilizar este sistema electoralmente a su conveniencia”.
Cantero añadía que “con su oposición, el PP se posiciona, una vez más, en contra de los intereses de los gaditanos. La puesta en marcha del bono social permitirá que se liberen los recursos que el Ayuntamiento emplea a esta finalidad, y que esos fondos puedan destinarse a otros servicios necesarios para la ciudadanía”.
Por otra parte, recalcaba que, “los socialistas votamos a favor del bono social asegurándonos de que se trata de un sistema viable económica y jurídicamente. No es cierto, como dice el PP, que comprometa la estabilidad de la empresa, ni tiene porqué provocar el incremento en el coste del servicio a los usuarios”.
COLECTIVOS EXIGIERON AL PP NO OBSTACULIZAR LA MEDIDA
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) pedía antes del consejo a todos los partidos que representan al Ayuntamiento que votaran a favor del pleno, o al menos que se abstuvieran. Y anticipaba que si el PP mantenía su rechazo, “sería una bofetada a todos los colectivos sociales con los que el mismo PP ha participado en la Mesa de Pobreza Energética, sin plantear ninguna objeción en la misma”.
Pero, sobre todo, para la Apdha, el voto contrario del PP junto a Endesa supone “alinearse una vez más con las grandes eléctricas, dejando en la cuneta a las 2.000 familias gaditanas que podrían beneficiarse de este bono asegurando su acceso al suministro eléctrico”.
Mientras, Facua Cádiz apuntaba antes de esta reunión que no entendería que ninguno de los miembros del consejo de administración de Eléctrica de Cádiz antepusiera “sus propios intereses” a la necesidad urgente de evitar los cortes de suministro a familias en situación de vulnerabilidad, “mucho menos si la oposición a aprobar el bono se realiza por representantes de los grupos políticos”, por lo que le demandaba a todos un voto favorable hacia esta medida.
Y la Asamblea Popular Luis Pérez (San Mateo) del 15-M, implicado en la Mesa de Pobreza Energética, confiaba que ninguno de los socios de Eléctrica de Cádiz “pretenda boicotear esta forma de financiar la electricidad a las familias en situación de pobreza energética sin ningún argumento firme”. Y advertía: “los partidos que así lo hagan se verán señalados ante la opinión pública”.
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