La oposición en el Ayuntamiento de Cádiz ha celebrado la retirada, por parte del PP, de la propuesta llevada al último consejo de administración de la empresa de vivienda, Procasa, que podría suponer el desahucio de 38 familias que habitan en las viviendas municipales en régimen de alquiler con opción a compra en las calles San Juan Bosco y José Cerezo al cumplirse los diez años estipulados, procediendo a su venta.
Este pasito atrás de la derecha, momentáneo, ha sido posible gracias a la defensa de la no venta y de priorizar el alquiler social defendido por PSOE y Adelante Izquierda Gaditana, que han presionado para la retirada del punto. “Se trata de solucionar problemas a los vecinos y no a Procasa”, apuntan los socialistas; mientras AIG defiende que en ningún caso hay que deshacerse “de un patrimonio público tan necesario en la ciudad”.
Al respecto, el Gobierno local liderado por Bruno García admite que el punto ha sido retirado por el PP, que tiene la mayoría en este consejo, “ante las dudas planteadas por los grupos de la oposición”, pero “será llevado de nuevo en el siguiente una vez resueltas”.
Además, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán, ha cuestionado las críticas de socialistas e izquierdistas tras la celebración de este consejo de administración de Procasa: “lamentamos mucho que el plan de la oposición para los gaditanos que accedieron a una vivienda pública en alquiler con opción a compra antes de 2015 sea mandarlos a Camposoto o al Río San Pedro si quieren finalmente comprar”.
Sanjuán asegura asimismo que “se está en permanente con estas familias, que durante años no han sido ni siquiera escuchadas”, y reitera que “el plan de la oposición parece ser que los gaditanos no tengas opciones de comprar una vivienda pública en la ciudad”.
La versión de esta edil del PP es que en los últimos ocho años la “apuesta por la vivienda pública en la ciudad” por parte del anterior gobierno de izquierdas “ha sido construir 63 viviendas, una media de ocho por año, cuando antes de 2015 era de 100. Y todas ellas en fincas que fueron expropiadas en esa etapa por el PP”. “Todo ello ha sido con la complicidad de los socialistas gaditanos, que han permanecido callados todos estos años”, aprecia; al tiempo que presume que desde que Bruno García ha llegado a la Alcaldía, “se han impulsado más de 100 viviendas, de las cuales el 87% estarán destinadas al alquiler social”; eso sí, la mayoría proyectos que estaban ya cocinados por Adelante Cádiz.
PSOE: “BUSCAN QUE LA SUBIDA DE LAS HIPOTECAS SE SOLUCIONE PARA PROCASA ECHANDO A LOS VECINOS QUE NO PUEDEN COMPRAR SU CASA”
Por su parte, para el concejal del PSOE José Ramón Ortega, “el PP sigue actuando como si Procasa fuese una inmobiliaria privada”. Censura que el único objetivo a la hora de plantear esta operación desde la empresa pública de vivienda “haya sido el eliminar la carga hipotecaria que está sosteniendo el Ayuntamiento para que la asuman los posibles propietarios, en detrimento de perder viviendas de alquiler y patrimonio inmobiliario municipal, tan necesario en esta ciudad”.
“Nosotros sí nos hemos reunido con los inquilinos de San Juan Bosco, les hemos escuchado y estamos de acuerdo con las dudas que plantean; si realmente se cree en la vivienda pública, no se estaría actuando como está haciendo Procasa con estos gaditanos”, opinan desde el principal partido de la oposición, en contra de esta operación con la que el PP pretende vender las viviendas públicas de aquellos inquilinos que no pudiesen hacer frente a la opción de compra, desalojándolos previamente.
Al respecto, Ortega ha planteado en el seno del consejo de administración que se renegocien los créditos de todas las promociones municipales para rebajar los tipos de interés. “Hay opciones para evitar sobrecargar a los inquilinos y no perder vivienda pública de propiedad municipal”, insiste este socialista que reprocha que ahora Procasa “esté más centrada en solucionarse los problemas a sí misma antes que a los gaditanos”. “El que dice ser el alcalde más social pretende que la subida de las hipotecas se solucione para Procasa echando a los vecinos que no puedan ejercer la opción de compra, en lugar de asumir el Ayuntamiento ese sobrecoste de las viviendas públicas”, se lamenta.
AIG: “EN NINGÚN CASO HABRÍA QUE PONER A LA VENTA ESTAS VIVIENDAS MUNICIPALES”
A su vez, la concejala de Adelante Izquierda Gaditana, Helena Fernández, alerta de que, según el informe presentado al consejo de Procasa, “a estas familias se les ofrecerá la venta casi a precio del mercado, que sumado a la inflación de los precios y los tipos de interés hipotecarios, hará imposible que puedan comprarlas, como ya ha ocurrido con otras promociones similares como refleja el mencionado informe”.
En este sentido, este partido de la oposición critica que “en lugar de ofrecer la transformación de estas viviendas en alquiler social en favor de la permanencia de estas familias en un ejercicio de políticas sociales reales para la gente, la propuesta retirada implicaba que, aquellas familias con solvencia económica que no reúnan los requisitos para acceder a viviendas en régimen de alquiler social y tampoco puedan comprarlas, tendrían que abandonarlas sin alternativa habitacional”.
“La solución planteada por el PP en un principio pasaba por expulsar a la calle a aquellas familias que aún sin poder comprar están cumpliendo puntualmente con el pago del alquiler”, resaltan desde AIG; que defiende que “en ningún caso” habría que poner a la venta estas viviendas municipales en régimen de alquiler con opción a compra “y deshacerse de un patrimonio público tan necesario en la ciudad”.
IU: “HEMOS DEJADO A PROCASA CON FONDOS DE SOBRA PARA HACER FRENTE A LOS PRÉSTAMOS”
A colación, Izquierda Unida (parte de AIG) recuerda que ante esta situación, en el anterior mandato (en el que IU era responsable de la concejalía de Vivienda), “entendiendo que Procasa es una empresa pública y por tanto con vocación social, la sociedad municipal acordó que mientras las familias pagaran sus rentas no serían expulsadas. Sin embargo, el equipo de Gobierno del PP lo que pretende es poder venderlas cuanto antes para cubrir la carga hipotecaria que soporta la empresa, aunque para ello familias que llevan diez años pagando el alquiler se vean ahora expulsadas de sus casas por el propio Ayuntamiento. Todo ello a costa además de deshacerse de un patrimonio público de viviendas tan necesario en la ciudad para sus actuales inquilinos y para los futuros”, se reitera.
Es más, los izquierdistas recalcan que gracias a su gestión en los últimos años, “Procasa tiene fondos de sobra para hacer frente a los préstamos, sin tener que desahuciar a familias que llevan una década cumpliendo con sus deberes de renta. Sólo de los fondos europeos que se obtuvieron en el anterior mandato hay al menos 2 millones de euros que han quedado disponibles por haber recibido cuantiosas subvenciones. El PP tiene la obligación de no emplear estos remanentes con otros fines que no sean soluciones en materia de vivienda”.
Esta formación advierte de que no va a permitir “semejante atropello” y que “estudiará las medidas a adoptar”, entras las que ya contempla la denuncia ante el Defensor del Pueblo Andaluz “al objeto de salvaguardar los intereses de todas las familias que se van a ver afectadas”.
