El PP de Cádiz ya puede dormir tranquilo: tras tanto perseguirlo, ha logrado que el alcalde, José María González ‘Kichi’ -el mismo que terminó con 20 años de Teófila Martínez haciendo y deshaciendo en el Ayuntamiento de la capital-, tenga que acudir al juzgado; y lo que ello conlleva en los titulares de la prensa afín. Al fin puede referirse a él como “primer alcalde de Cádiz procesado de la democracia”. Cumple así su objetivo de equipararlo a los innumerables casos de investigados y salpicados por corrupción de su mismo partido. De trabajar por lo que realmente importa a los gaditanos, parece que no hay prisas.
Y es que el primer edil de Por Cádiz sí se puede irá a juicio –junto a su exconcejal de Medio Ambiente y su jefe de gabinete de Alcaldía-, por una denuncia del propio PP, claro, en la que, muy dolido, le acusa de presuntos delitos de calumnias e injurias –contra el anterior Ejecutivo popular- por aquellas declaraciones repitiendo lo recogido por el último informe realizado por Aguas de Cádiz sobre el corte de suministro que padeció dicha barriada en 2014; la derecha quiere entender que se les acusaba de un “intento de envenenamiento”.
Así comenzaba este conocido como caso Loreto, que en el último trimestre de 2016 fue archivado inicialmente ya que el juez sólo vio “crítica política” en dichas manifestaciones; y que se reabría por parte de la Audiencia Provincial después del recurso del PP. Partido que esta misma semana se enfadaba airadamente con la Fiscalía, ya que esta ha admitido que no ve delito alguno y que no va a formular acusación.
Las manifestaciones que la derecha local censura del actual primer edil se basan en uno de los puntos que observa el informe elaborado por la empresa municipal Aguas de Cádiz en 2016, encargado por el nuevo Ejecutivo, en el que aborda su propia gestión –entonces en manos del PP- durante aquel controvertido corte del suministro en la barriada a finales de 2014. Este estudio anota que los vecinos de Loreto pudieron estar bebiendo agua contaminada desde 14 días antes del corte por la presencia de bacterias.
El auto fechado a 1 de junio del juzgado de instrucción número 3 de Cádiz, divulgado por el PP, decreta la apertura de juicio oral contra el alcalde y los otros dos acusados, Manuel González Bauza y José Vicente Barcía, “estableciendo que los tres tendrán que sentarse en el banquillo para responder de la acusación de los citados delitos contra el honor”.
En este juicio deberán responder a la petición de penas de las acusaciones particulares –ya que, como se ha dicho, la Fiscalía no ve delito alguno y ha solicitado la “libre absolución” de los acusados “con reservas de las acciones civiles que pudieran corresponder”- por “un delito continuado de calumnias con publicidad y otro de injurias con publicidad”.
Estas acusaciones particulares -en nombre del equipo de Gobierno anterior de Teófila Martínez por un lado, y del veterano concejal conservador José Blas Fernández por otro-, han solicitado penas de 24 y 14 meses de multas por sendos delitos (a razón de 20 euros diarios), la publicación de sentencia a costas de los procesados en los medios de comunicación donde se difundieran las calumnias e injurias que se enjuician, y la indemnización a los querellantes en concepto de responsabilidad civil (el anterior Gobierno popular, defendido por su edil Juan José Ortiz, reclama 30.000 euros a pagar entre los tres denunciados para resarcir su honor; mientras Blas Fernández, por libre, exige 600 euros).
“NOS ACUSARON DE UNA MONSTRUOSIDAD”
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el PP en el Ayuntamiento ha lamentado que los tres encausados “no hayan aprovechado las oportunidades que le ofrecía el acto de conciliación para rectificar, disculparse y retirar las calumnias e injurias que –a su juicio- vertieron el 7 de marzo de 2016 ante los vecinos de Loreto y los medios de comunicación, donde acusaron al anterior equipo de Gobierno de contaminar a sabiendas a los 13.000 vecinos del barrio de Loreto durante 14 días”.
Así, el ahora principal partido de la oposición entiende que “Cádiz no merece tener un alcalde procesado”, y “si lo tiene al día de hoy es porque González Santos se reiteró en sus calumnias e injurias en las que imputaba un delito execrable que solo a personas miserables se les puede ocurrir. Lo dijimos el primer día que le escuchamos y lo decimos ahora que por fin responderá ante el juez de sus delitos: nos acusaron de una monstruosidad, de algo deleznable, y eso jamás puede considerarse crítica política”, interpretan los que se dicen afectados.
“Vamos a dar todos los pasos necesarios, con tranquilidad pero con toda contundencia, para que el honor del equipo de Gobierno que presidió Teófila Martínez, que trabajó y luchó por esta ciudad de manera honesta e incansable, no tenga la menor mancha, y mucho menos por alguien que ahora mismo es el primer alcalde de Cádiz procesado de la democracia”, manifiestan desde el PP, presumiendo de haber logrado tamaña hazaña.
Finalmente, cuestionan los populares que el actual Gobierno local “se haya llevado dos días intentando manipular a la opinión pública hablando de archivo del caso y lanzando, de nuevo, un reguero de mentiras y acusaciones, tal y como viene siendo, desgraciadamente, la costumbre de quienes gobiernan esta ciudad”. Aunque, a decir verdad, fuentes municipales corrigieron en su momento, horas después, esa alusión a “archivo de la causa”, una vez que la Fiscalía dejaba claro que no existen los delitos que intenta imputar la derecha al alcalde, a su exconcejal de Medio Ambiente y a su jefe de Gabinete.
EL GOBIERNO LOCAL LAMENTA EL “EMPEÑO FANÁTICO Y EL RENCOR DEL PP”
“Sólo el empeño fanático y el rencor del PP, incluso en contra de las tesis de las Fiscalía,” son, para el equipo de Gobierno de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común, lo que lleva aquellas declaraciones sobre la “gestión política” del corte de agua en Loreto en 2014 a juicio.
Así, los responsables municipales lamentan haberse “enterado una vez más por la prensa de la decisión de la jueza” y agradecen que se vaya a realizar de juicio oral para “poder demostrar la verdad, que no es otra que no hubo ataque al honor y sí una pésima y carísima para la ciudad, gestión política del incidente”.
El bipartito evidencia que la apertura de este juicio oral “era inevitable” pese al pronunciamiento contrario de la Fiscalía “toda vez que hay dos acusaciones particulares, ambas representando a concejales del PP”. “Pese a que la Fiscalía, que es quien representa la legitimidad pública, ha repetido por segunda ocasión que no ve delito en esas declaraciones, el PP antepone su empeño fanático y la judicialización de la vida política como su única arma de oposición a toda lógica procesal y política”, se insiste.
La decisión judicial, “de la que, curiosamente, el propio PP ha sido portavoz anunciado en público antes de que todas las partes fueran informadas”, de apertura de juicio oral, se incide, ha sido bien recibida por el equipo de Gobierno gaditano, ya que “va a permitir que se siga hablando de la pésima gestión política de aquel incidente que afectó a 14.000 personas y nos va a permitir, en el juicio, demostrar la verdad y que quede claro la responsabilidad política y legal de la nefasta gestión llevaron a cabo los entonces responsables municipales”.
En definitiva, el Gobierno municipal dice estar “tranquilo” porque “la propia Fiscalía en dos ocasiones ya ha dicho que no hay indicio de delito en esas declaraciones”.
