El Ayuntamiento de Cádiz ha celebrado su pleno ordinario de abril, con numerosas mociones sobre la mesa y, no exento de algunas protestas. Entre las propuestas que salieron adelante, la del PSOE instando al Gobierno local a que presente el nuevo pliego del servicio de autobuses urbanos antes de que finalice el segundo año de prórroga del contrato actual, que Intervención ha tachado de “situación anómala”. Otros temas del debate: la sanidad pública, los paraísos fiscales, el adecentamiento del espacio Entrecatedrales, o el mercadillo del Piojito.
El Ayuntamiento de Cádiz celebraba el pasado viernes su (largo) pleno ordinario de abril, con numerosas mociones sobre la mesa y, no exento de algunas protestas desde el público. Entre las propuestas que salieron adelante, la del PSOE instando al Gobierno local a que presente a pleno el nuevo pliego del servicio de autobuses urbanos antes de que finalice el segundo año de prórroga del contrato actual –con la compañía Tranvía- que concluirá el próximo mes de julio.
El concejal socialista, Juan Cantero, lamentó durante su intervención “el despilfarro económico” que, según su criterio, ha supuesto prorrogar el contrato durante dos años, asegurando que las arcas municipales se podían haber ahorrado entre 700.000 y 800.000 euros al año sacando un nuevo pliego similar al aprobado en Zaragoza.
Al respecto, el concejal de Transporte y Movilidad, Martín Vila, apostillaba que la prórroga fue “forzosa”, derivada de un informe de Intervención que denunciaba una “situación anómala” ante la dificultad, por parte de los técnicos municipales, de conocer datos relativos a la flota, el trazado y el personal adscrito al servicio. Dicha situación se daba, según ha explicado, porque el servicio se gestionaba mediante un contrato de los años 50 del siglo pasado, por lo que el paso para adaptar a Ley de Contratos e iniciar el pliego era realizar una auditoría con el fin de conocer los elementos materiales y humanos que forman parte del servicio hoy día.
Por otra parte, Vila incidía a Cantero que varios contratos de transporte en la provincia con Comes, Valenzuela y también Tranvías llevan caducados desde el año 2013, “y no tenemos constancia de que se esté haciendo nada por parte de la Junta de Andalucía para remediar esta situación”, por lo que ha pedido al edil del PSOE que se preocupe también por esta situación.
“Estamos dando los pasos necesarios para ordenar el servicio de transporte urbano en la ciudad. Finalizó la auditoría en el pasado verano, y tras las jornadas de debate y aportaciones en la pasada Semana Europea de la Movilidad, una comisión técnica está trabajando para ultimar la propuesta a terminar de definir, no solo de ordenación de líneas, sino de tarjetas, títulos, renovación de flota a una flota híbrida eléctrica, mejoras en accesibilidad, paradas, etcétera”, detallaba el concejal izquierdista en el pleno. También ha recordado y resaltado que éste será el primer pliego de este servicio público en la ciudad.
Tanto Cantero como el edil popular José Blas Fernández se han quejado además de que aún no se conozcan los resultados de la auditoría.
Igualmente, ha salido adelante, con la abstención de la derecha, la propuesta socialista en relación a la reordenación de las líneas de autobuses urbanos. La concejala Victoria Rodríguez ha remarcado la necesidad de que el nuevo pliego sea consensuado, y ha pedido al equipo de Gobierno que “tome decisiones respecto al nuevo pliego”.
“Vamos a empezar ya a establecer los procesos necesarios para que cuando llegue la hora de aprobar el pliego esté ya todo este trabajo hecho. Traemos un debate para comenzar a hablar de esto ya”, insistió la socialista. Entre las propuestas, que la línea 7 de autobuses urbanos esté funcionando todo el año y activar la zona exterior de la Zona Franca.
SANIDAD PÚBLICA, PARAÍSOS FISCALES Y MONTORO
Otra de las mociones aprobadas, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, insta al Gobierno central y al andaluz a que adopten medidas que mejoren el funcionamiento del sistema sanitario público. La concejala de Salud, Eva Tubío, ha defendido esta propuesta promovida por la Marea Blanca gaditana y que ha sido apoyada por Por Cádiz sí se puede, Ganar Cádiz en Común, PSOE y Ciudadanos –el PP, se abstuvo-, ante la situación del “sistema sanitario público cuyo presupuesto se ha reducido en 1.300 millones de euros desde 2010 y ha perdido 7.000 puestos de trabajo”.
La propuesta, que recoge más de una decena de medidas para mejorar el sistema, ha sumado una enmienda del PSOE, que solicita que estas medidas sean tratadas y calendarizadas en el tiempo a fin de dar efectividad a las mismas, atendiendo a su diferente carácter, complejidad y entidad y se adopten en corto, medio y largo plazo.
Y como ya sucediera hace unos días en el pleno de la Diputación, con el apoyo de todos los grupos se ha aprobado la propuesta del bipartito para declarar la capital gaditana como territorio libre de paraísos fiscales, comprometiéndose el Ayuntamiento a dar los pasos necesarios para asegurar que los concursos públicos favorezcan a las empresas que tienen conductas fiscales responsables, en detrimento de las que utilizan los paraísos fiscales para evadir o eludir impuestos. Además, se establece que se estudie, detecte y active los mecanismo necesarios para dificultar, para la prestación de servicios públicos, la contratación de empresas privadas que tengan su sede social en paraísos fiscales o sociedades que formen parte de la matriz, con una presencia dominante en paraísos fiscales, sin estar relacionada con la actividad principal del grupo. Esta propuesta ha salido adelante con otra enmienda socialista.
Asimismo, con el voto de todas las formaciones se ha probado instar al Gobierno de Rajoy y a los grupos parlamentarios a que, por la vía de urgencia, adopten iniciativas legislativas que permitan a los consistorios y diputaciones a reinvertir su superávit en cualquier iniciativa que considere oportuna para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, con el único límite de no poner en riesgo su estabilidad presupuestaria.
El concejal de Economía y Hacienda, David Navarro, ha puesto de relieve que el Gobierno central y en especial el ministro Cristóbal Montoro “ponen por delante los intereses de la banca, esa banca que siempre gana, al de los ciudadanos. No es comprensible que los ayuntamientos que hayan hecho una gestión económica responsable no puedan invertir su superávit en proyectos beneficiosos para la ciudadanía si no para pagar deuda”.
Además, por unanimidad se ha dado luz verde a la ampliación del plazo de carencia de un año de los tres préstamos hipotecarios concertados entre Procasa y Unicaja, que financian las promociones que la empresa municipal está construyendo en el solar de la antigua comandancia de la Guardia Civil; y a la adhesión y apoyo institucional a las iniciativas programadas por el Ayuntamiento de la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan en los actos conmemorativos en 2020 del Bicentenario del Pronunciamiento de Riego; hecho histórico por el que se restauró la Constitución de 1812, que estuvo vigente entre 1820 y 1823, en el se volvió al absolutismo.
OTRAS MOCIONES
A propuesta del PP y con el único voto en contra del PSOE, se ha aprobado instar a la Junta a que modifique la orden de 2 de junio de 2016 a fin de establecer una forma y secuencia de pago de subvenciones a corporaciones locales para incentivar la realización de programas de Escuela Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.
También mirando al Gobierno andaluz, se ha aprobado instarle a realizar de manera urgente y prioritaria el estudio previo que debe determinar si procede la ubicación de la Ciudad de la Justicia en los suelos municipales de los Depósitos de Tabacalera; así como la propuesta sobre las alternativas al uso potable de aguas para los baldeos y riegos de la ciudad; y la financiación y redacción del proyecto de construcción de la tercera fase de la depuradora de Cádiz y San Fernando.
Este pleno de abril ha dado igualmente su visto bueno a que el equipo de Gobierno encargue a las delegaciones municipales competentes la limpieza, baldeo, pintado y adecentamiento del espacio de Entrecatedrales y de las dos marquesinas de transporte urbano situadas en el Campo del Sur a la altura del mercado central. De igual forma, todos los grupos han mostrado su apoyo a la iniciativa a suscribir un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía para dar formación continuada a los profesionales de los servicios sociales municipales e instar a la Junta y Gobierno de España a la aprobación de las leyes que regulen la Atención Temprana a nivel autonómico y nacional.
Por otro lado y por unanimidad y a petición del PP, se ha instado, a que el bipartito a que presente el plan integral de atención a las personas sin hogar y dote presupuestariamente el proyecto de centro de baja exigencia.
También ha prosperado la moción del PSOE, con enmienda de adición de la derecha, relativa a instar al equipo de Gobierno a elaborar, con la participación de los vecinos, un documento público que sirva de catálogo donde se detallen las necesidades de cada barrio, como urbanización, saneamiento, accesibilidad, servicios, transporte público, etcétera. La enmienda acuerda trasladar a la Junta de Andalucía y al resto de administraciones la necesidad de que colaboren, tanto en la elaboración del catálogo como en la ejecución, en el menor tiempo posible, de aquellas actuaciones que sean de su competencia.
La última moción presentada por el PSOE, relativa a instar al Gobierno local a mantener el Programa de Zonas con Necesidades de Transformación Social –cofinanciado por la Junta- en las mismas condiciones que se venía desarrollando hasta el momento, ha prosperado con los votos de todos. Y asimismo también ha salido adelante la enmienda de Ciudadanos relativa a que se garantice el mantenimiento del servicio de atención a menores y los puestos de trabajo de las ocho personas que prestan este servicio actualmente.
En cuanto a las mociones de Ciudadanos, la concerniente a que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de cambio de ubicación del mercadillo del Piojito para su instalación en el solar de la antigua aeronáutica ha sido sustituida por una enmienda de los concejales socialistas que ha sido aprobada con la abstención de los ‘naranjitos’. Dicha enmienda señala que ese posible traslado se estudie en una Comisión Municipal de Venta Ambulante.
Sí ha salido adelante la propuesta de que se convoque sin demora la comisión para el control y fiscalización del contrato de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos. Y también ha recibido el apoyo plenario la enmienda de sustitución del PP a la propuesta de Ciudadanos relativa a instar a la Demarcación de Carreteras para que se estudie la posibilidad de ejecutar un sendero peatonal paralelo a la avenida Vía Augusta Julia –la autovía CA-33-, en los tramos comprendidos entre el Ventorrillo del Chato y Torregorda y el Molino del Río Arillo. Dicha enmienda puntualiza instar a la Demarcación de Costas “a quien corresponde y no a la Demarcación de Carreteras”.
Por otra parte, la moción de la franquicia del partido de Albert Rivera en Cádiz relativa a instar al equipo de Gobierno para que, tanto en el Ayuntamiento como en los organismos autónomos y sociedades municipales, se contrate a profesionales titulados del periodismo para aquellas funciones que tengan por objeto la labor informativa ha sido sustituida por una enmienda presentada por el bipartito. Ésta ha salido adelante con el voto de calidad de la presidencia.
Dicha enmienda aglutina varios puntos, como que el pleno acuerde manifestar su compromiso con los trabajadores de Onda Cádiz, con el mantenimiento de sus puestos de trabajo y el respeto a su independencia y a sus criterios profesionales; que se acuerde que el Ayuntamiento contrate a periodistas titulados para aquellas funciones que tengan por objeto la labor informativa y a profesionales de otros ámbitos de la comunicación para otras labores también necesarias en este ámbito; que se instar al Gobierno central a que promueva una Ley del Derecho a la Información y la Comunicación, en la que se regule la profesión periodística; o que se inste al Gobierno central a que adopte medidas para evitar que los medios de comunicación utilicen a los estudiantes en prácticas como si fueran personal de la plantilla, entre otras medidas.
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