El Ayuntamiento de Cádiz celebró el pasado viernes su pleno ordinario de julio, una sesión protagonizada por los momentos tensos vividos en el debate de la reprobación por parte de la oposición en bloque al concejal de Economía y Hacienda, David Navarro; y en la que quedaban retiradas del orden del día dos propuestas del propio equipo de Gobierno: la relativa a la aprobación inicial de la ordenanza de terrazas en busca del consenso que se pensaba que ya se tenía, roto por Horeca; y la concerniente a la expropiación-reparcelación de la Unidad de Ejecución UE EX 1BR1 Cooperativa R1 porque Intervención ha solicitado un informe a Procasa sobre este asunto.
Por urgencia y a petición del bipartito, se ha debatido otorgar a la Zona Franca de Cádiz una opción de compra gratuita sobre el módulo hotelero de la tribuna del estadio Carranza –ni el anterior Gobierno local del PP ni el actual encuentran comprador-, por el precio y las condiciones determinadas en el convenio suscrito con el Ayuntamiento con fecha de 17 de junio de 2013.
Esta propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de todos los grupos, salvo de Ciudadanos, que se ha abstenido. El concejal Navarro ha informado que ya se ha remitido un documento al delegado especial de la Zona Franca para informar sobre este asunto. “No es un capricho, es que estamos obligados”. Y ha explicado que no se ha hecho efectiva antes “esta obligación del convenio porque desde que el Ayuntamiento ‘obligó’ a Zona Franca a comprar los locales del estadio no ha habido actividad comercial en dichos establecimientos, y costaron más de 7 millones de euros”.
El popular Romaní se ha mostrado convencido de que el hotel se va a vender, y pese a que con su partido en el Ejecutivo tampoco se consiguió, llegaba a decir que “el problema está en los representantes de este Ayuntamiento para atraer a inversores. El problema lo tiene usted, señor Navarro, y los representantes de Podemos”; por su lado, el socialista Fran González ha resaltado que el informe que solicitaron en la pasada comisión informativa, cuando el alcalde les presentó esta propuesta, se les ha sido entregado.
Y también han prosperado las otras dos urgencias formuladas de forma conjunta por todos los grupos: mostrar solidaridad con la plantilla de Ingrasa –y es que el Grupo Joly ha comunicado que va a cerrar sus talleres e imprenta en Puerto Real-, y el apoyo de sus reivindicaciones, mediando y solicitando a la editora de Diario de Cádiz que reconsidere el cierre; y la otra relativa al caso de Juana Rivas, víctima de violencia machista.
Anteriormente, también había salido adelante, por unanimidad, la propuesta presentada por el Gobierno municipal relativa a la aprobación provisional de la modificación puntual de Equipamiento y Hospedaje del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). De esta forma, el Ayuntamiento contemplará en una modificación del vigente PGOU las necesidades de la Junta de Andalucía y de Telefónica “que revierten en mejorar el espacio urbano y contribuyen a la generación de economía para la ciudad”. Los inmuebles y espacios implicados son: la Residencia de Tiempo Libre, la parcela del chalet de San Luis, el solar de Ronda de Vigilancia, el solar de La Martona, el edificio de El Olivillo, el de la Escuela de Náutica y los edificios de Tavira II (Pirulí) y de la antigua central de la compañía de Telefónica en la calle Ancha, 24.
Durante el debate de esta moción, el concejal de Urbanismo, Martín Vila, repitió su deseo de que el nuevo edificio que sustituya a la Residencia de Tiempo se destine a “turismo social”. El caso de enajenación, se le pedirá a la administración andaluza que los ingresos que obtenga de esta operación, se inviertan en la ciudad de Cádiz.
PRÓRROGA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
También se ha aprobado la moción del bipartito sobre la prórroga del contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, suscrito con la UTE Sufi Cointer, con la abstención de PP, PSOE y Cs. Durante el debate, los grupos de la oposición han sido muy críticos con el concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, a quien han recriminado que no se haya elaborado ya un nuevo pliego y le han pedido explicaciones al respecto. También han recordado que, siendo el servicio más caro de la ciudad -16,5 millones de euros, ha indicado el socialista Juan Cantero- es “deficitario”, con maquinaria “obsoleta”, y han resaltado que lo presta una empresa que “tiene abierto un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento”, como ha apuntado la edil de Ciudadanos María Fernández-Trujillo. Cantero ha tachado de “incompetentes” al edil de Medio Ambiente y al edil de Economía y Hacienda, David Navarro, por este asunto.
De la Fuente ha lamentado que la oposición esté “sobreactuando” en todo lo relativo al contrato de limpieza, y ha explicado que si bien esta prórroga se prevé en el pliego como forzosa para el adjudicatario, “se llevará a cabo con la conformidad del mismo”. Es por ello que ha recalcado que no se está “ni ante una situación irregular ni ante una solución improvisada, sino aplicando lo que dice el propio pliego”. Y ha puntualizado que este contrato sale a los gaditanos por casi 900.000 euros menos al año, “únicamente por el hecho de pagar al día”. Al respecto, ha recordado que en 2016 se tuvo que pagar a la empresa de limpieza 391.066 euros en concepto de intereses de demora, “gracias a lo que tardaba el equipo de Gobierno anterior en pagar a los servicios”.
En su segunda intervención, el edil de Por Cádiz sí se puede ha informado que para culminar la elaboración del nuevo pliego se va a constituir una comisión paritaria en la que, en los meses de agosto y septiembre, se dará conocimiento de la parte técnica del pliego y se entreguen las aportaciones de los grupos, “ya que a día de hoy no hemos recibido ninguna”.
Durante el debate sobre este punto, el alcalde, José María González ‘Kichi’, comunicaba a la concejala naranjita, María Fernández-Trujillo, que se van a emprender acciones legales contra su persona por haber insinuado que el anterior concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, quería prorrogar el pliego porque tenía intereses personales.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA “INSUFICIENTE”
En otro de los puntos destacados, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, PP, PSOE y Ciudadanos, de nuevo juntos, presionaban para que se dé traslado urgente a los grupos municipales del informe de Secretaría o Servicios Jurídicos elaborado sobre la resolución de alegaciones presentadas a la aprobación inicial del Reglamento de Participación Ciudadana, documento que estos tres partidos presentaban con aportaciones exclusivas de las asociaciones de vecinos, sin contar con otros colectivos y entidades. Dicha propuesta también incluye un punto relativo a que se lleve a pleno, de manera urgente, la aprobación definitiva del Reglamento y que la Secretaría General determine las responsabilidades sobre el silencio en la resolución de las alegaciones presentadas a la aprobación inicial del mismo. La oposición ya cuenta con el informe requerido y que está avalado por la Secretaría Municipal.
Un informe en el que, según palabras de la concejala de Participación Ciudadana, María Romay, se especifica básicamene que el Reglamento se trata de un texto “insuficiente y restrictivo” y que contiene preceptos que resultarán “incompatibles” con la redacción que resulte de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Participación Ciudadana. “El nuevo Reglamento no puede ser un documento excluyente, y este texto lo es”, ha manifestado la edil.
La oposición ha reprochado al bipartito su falta de “voluntad política” para sacar adelante este documento y le ha acusado de hacer “demagogia barata” y de “maltratar a las asociaciones de vecinos”. En concreto, el edil socialista José Pacheco ha criticado que el informe, “en un 80%, se apoya en una futura ley y se quiere paralizar el proceso amparándose en esa futura ley”. Romay ha insistido en que el reglamento que la oposición se ha empeñado en apoyar se queda sin base jurídica para prosperar, y va en contra del sentido común de los nuevos modelos participativos de las principales ciudades del país, además de chocar con la normativa que entrará en vigor próximamente en Andalucía.
OTROS PUNTOS
No ha prosperado la propuesta del Ejecutivo sobre la creación de una comisión paritaria para el estudio y redacción de la propuesta de modificación de los estatutos de la empresa municipal Procasa, y “recuperar la participación ciudadana”. Ha sido sustituida por una enmienda presentada por, de nuevo juntos, los tres grupos municipales de la oposición, por la que se acuerda trasladar a la Junta General de Procasa, para su consideración y aprobación en sesión extraordinaria, la modificación del contenido del artículo 14 de dichos estatutos en el que se regula el consejo de administración. Con el nuevo reparto de consejeros, este se compondrá por cuatro miembros propuestos por el PP, tres por Sí se puede, dos por PSOE, uno por Ganar Cádiz en Común y uno por Cs.
Por otro lado, se ha aprobado una moción del bipartito relativa a las obras programadas en el Hospital Puerta del Mar durante el verano 2017, y que nace de una solicitud realizada por la Marea Blanca. Y también ha prosperado la enmienda de adición presentada por la derecha, para instar a la Junta a que se den los pasos necesarios para iniciar la construcción, lo antes posible, del nuevo hospital de Cádiz.
La propuesta del equipo de Gobierno sobre la aprobación inicial del Reglamento regulador del procedimiento sancionador aplicable por infracción de ordenanzas y reglamentos municipales ha sido aprobada con la abstención del PP.
Y otra moción de los grupos del Ejecutivo, relativa a las injustas e ilegales condenas impuestas a los presos políticos saharauis de Gdeim Izik no ha sido debatida al haber sido sustituida por una conjunta de todas las formaciones políticas, con la que se pretende instar al Gobierno central a solicitar la anulación de los juicios en tanto en cuando los hechos circunscribieron al Sáhara Occidental, Territorio No autónomo pendiente de descolonización y ocupado ilegalmente por Marruecos.
En cuanto a las mociones presentadas por el principal partido de la oposición, el PP ha sacado adelante, con los votos en contra de Sí se puede y Ganar Cádiz, que el Gobierno local cumpla con los acuerdos plenarios relacionados con los Servicios Sociales. El debate ha girado en torno al centro municipal Hermanas Mirabal, donde diversas asociaciones disponen de una sede. La oposición ha acusado a la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, de “despreciar” a asociaciones de la ciudad que no son afín a su partido y de “ponerles impedimentos”, en alusión al reparto de sedes. Por su parte, la edil ha defendido que en este centro ha tenido lugar una “reorganización” de las asociaciones que allí se encuentran con el objetivo de “optimizar los recursos y atender a la solicitud del casi medio centenar de asociaciones que se encuentran demandando la cesión de un local”. También ha recordado que las entidades que están allí llevan años en situación de precariedad al no tener renovados los convenios de cesión de local, de ahí que se hayan visto obligados a reglamentar la situación a la vez que dar respuesta a las demandas del resto de asociaciones.
También ha salido adelante, por unanimidad, la propuesta popular para que se constituya una comisión de investigación con la función de fiscalización y control de contrato de alumbrado extraordinario de Navidad de la campaña 2016-2017 y el convenio firmado entre el Ayuntamiento y Eléctrica de Cádiz para la ampliación de dicho alumbrado. La derecha habla incluso de delitos.
La propuesta conservadora en torno a que se trate de concertar de la forma más urgente posible las plazas de mayores existentes en el centro integral del Mayor Micaela Aramburu ha salido adelante por unanimidad; de la misma forma, poner en marcha talleres de idiomas para jóvenes que complementen la formación en este campo que ofrece la enseñanza reglada; y el rechazo al plan de choque de climatización anunciado por la consejería de Educación.
Todos los partidos han aprobado una propuesta conjunta para firmar un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos Duales (Afedu) que se incluyan talleres informativos sobre enfermedades mentales y patología dual en los centros escolares; y que se cree un sello de accesibilidad que se conceda a aquellos locales que cumplan con una serie de criterios previamente establecidos y que vayan más allá del cumplimiento de las distintas normativas en materia de accesibilidad.
Luz verde ha obtenido también la propuesta del PSOE reclamando obras de mejora en los barrios a cargo de los 500.000 euros que llegarán a la ciudad del plan Invierte 2017 de la Diputación.
Y en cuanto a las mociones de Ciudadanos, ha logrado que los otros dos partidos de la oposición le aprueben que se convoque a la Junta de Portavoces para control y seguimiento de la ejecución de los acuerdos plenarios; y por unanimidad ha salido adelante ejecutar mejoras de infraestructuras en la zona comprendida entre las plazas de Ingeniero La Cierva y alrededores de la plaza Carlos Díaz.
