La Asociación de Estudiantes contra la Precariedad – Estudiantes en Movimiento (AECP – EeM) ha salido a la palestra ratificando su compromiso con el transporte público en la Bahía de Cádiz, a raíz de las manifestaciones del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cádiz en las que denuncia la falta de plazas de aparcamiento en el campus de la capital para el alumnado. Y precisamente este lunes se han reunido Ayuntamiento y UCA para abordar la cuestión.
Este Consejo de Estudiantes (máximo órgano colegiado de representación estudiantil) cifra entre 800 y 900 los coches de universitarios que buscan cada jornada lectiva estacionar el vehículo en el cinturón del casco histórico (calcula que unos 3.500 vienen a diario de fuera de la ciudad), critica la implantación del carril bici (que ha supuesto la eliminación de aparcamientos en la avenida Duque de Nájera y el paseo de Carlos III) y la zona naranja para residentes, y exige más plazas con tarifas reducidas en parkings públicos y una línea de autobús circular.
Como réplica, la Asociación de Estudiantes contra la Precariedad da una visión distinta de este problema endémico (para la comunidad universitaria, pero también para el resto de gaditanos o visitantes que quieran aparcar en el centro), incidiendo en que la “realidad” del estudiantado que debe desplazarse a las facultades desde poblaciones vecinas “nada tiene que ver con lo descrito por el secretario del Consejo”.
“Normalmente los estudiantes no disponen de vehículo propio, y cuando sí tienen, lo usan porque la alternativa de transporte público no se adapta a sus necesidades, por lo cual necesitan un servicio público de calidad y a precios asequibles; ello disminuiría considerablemente el uso del vehículo privado”, se expone en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
De ahí que este colectivo demanda “una ampliación de la flota de autobuses a horas puntas, además de autobuses cada menos tiempo (sobre todo en trayectos como San Fernando-Puerto Real y viceversa, para los cuales solo hay dos autobuses diarios directos, o como a la Escuela Superior de Ingeniería, que se encuentra lejos del resto de facultades del campus de Puerto Real y dispone de muy malas comunicaciones)”. También se exige la creación de una tarjeta de transportes para el alumnado, con la que dispondrán de un descuento en el precio del billete de autobús, “ya que los precios actuales son demasiado altos para ser aplicados a un colectivo caracterizado por sus bajos ingresos”.
La AECP – EeM recalca, de este modo, la importancia del uso del transporte público como medio de transporte sostenible, “y contribuir con lo que está en nuestras manos para conseguir ciudades ecológicas y frenar, en la medida de lo posible, el cambio climático”.
“MÁS MOTIVADOS POR INTERESES POLÍTICOS QUE POR LA DEFENSA DEL INTERÉS GENERAL”
Más allá, la Asociación de Estudiantes contra la Precariedad apunta que el Consejo de Estudiantes de la UCA, a pesar de su función de representar al estudiantado, “se trata de una estructura completamente vertical y antidemocrática que no defiende los intereses de dicho colectivo, ya que la jerarquía de cuatro niveles de elección en los que el alumnado general no participa más que en la base propicia el acceso, por lo general, de individuos más motivados por intereses políticos que por la defensa del interés general”.
“Prueba de ello –se añade- es que el Consejo de Estudiantes no se haya sumado jamás a iniciativas concebidas para la mejora de las condiciones de estudio tales como las campañas contra la Lomce y 3+2, el pago fraccionado de la matrícula, la petición de ampliación del horario de las salas de estudio, el protocolo antiacoso o la elaboración de una tarjeta de transportes con descuentos para los y las estudiantes de la UCA”.
Además, se afirma que sus posicionamientos respecto a transportes y acceso al campus de la capital, difundido en los últimos días, “no están ni aprobados ni siquiera elaborados, sólo se ha informado al pleno del comienzo de su redacción (el 27 de marzo, siempre según las actas publicadas), de modo que el secretario, José María Cervilla, no representa más que a sí mismo con su postura expuesta a los medios de comunicación”.
La AECP – EeM concluye que la única intención de estas declaraciones “es la de minar la labor en movilidad sostenible del actual Ayuntamiento de Cádiz después de la creación del carril bici y no la de reivindicar los derechos del estudiantado, ya que, como hemos podido comprobar, no lo representa realmente”.