Grupo Raga relevará a Acciona como empresa encargada en la ciudad de Cádiz del servicio de conservación y mantenimiento de las zonas verdes y arbolado urbano. El Ayuntamiento en un pleno extraordinario celebrado este lunes en formato telemático ha aprobado la adjudicación del contrato por unos 4,6 millones de euros (para un periodo de dos años, prorrogables otros dos), con la abstención de toda la oposición, que parece que no ha querido mojarse.
El PP y el concejal no adscrito, Domingo Villero, han criticado que el Gobierno local de Adelante Cádiz no haya “municipalizado” este servicio (curiosa queja desde la derecha, cuando años atrás ponía todas las trabas posibles a la internalización de los servicios playeros); algo que también ha cuestionado desde el PSOE, que ha rogado que se haga un “seguimiento exhaustivo” del cumplimiento del contrato, así como una mayor coordinación de la nueva contrata con la concejalía de Mantenimiento Urbano “para que actúen de una forma más conjunta”; y desde Ciudadanos, sorprendentemente, se ha valorado de forma positiva “la agilidad en la adjudicación” y se ha felicitado a la concejala de Medio Ambiente y a los técnicos municipales implicados, e igualmente se ha celebrado la futura redacción del Plan Director y de Gestión del Arbolado de la ciudad.
En su intervención, la edil responsable, Rocío Sáez, ha recordado que el pasado julio se aprobó el pliego para este servicio externalizado, y ha agradecido a los técnicos tanto del área de Medio Ambiente como de Contratación el trabajo que han realizado en estos últimos meses “para poder resolver esta licitación en un plazo de cinco meses, prácticamente lo mínimo para un contrato de este calibre contando con los plazos administrativos”, ha resaltado.
Asimismo, ha apuntado que si en un plazo de 15 días no se presentan recursos, se procederá a la firma del contrato con el Grupo Raga, la oferta más valorada por la mesa de contratación.
La concejala izquierdista ha destacado que se trata de un servicio “clave” para la ciudad, puesto que abarca el mantenimiento y conservación de las zonas verdes. Es por ello que con este nuevo contrato se va a elevar el presupuesto en un 20%, “lo que supone casi un 40% desde el último contrato que licitara el PP en 2013”. “Esto –ha añadido-
demuestra nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente y con el patrimonio verde”.
Además, la llegada de la nueva contrata, siguiendo el pliego que acepta, permitirá la renovación del 80% de la flota y maquinaria del servicio, con vehículos más sostenibles, y también incluye novedades como la elaboración del Plan Director y de Gestión del Arbolado de la ciudad, “un documento más que necesario que va a marcar el rumbo de las plantaciones, las podas, etc. En definitiva, de toda la gestión relativa a nuestro arbolado”.
Igualmente, Sáez ha resaltado las mejoras que se van a realizar en los sistemas de riego por 60.000 euros al año, así como la creación de una planta de compostaje para los restos de la poda y la siega.
En este pliego se tienen en cuenta además criterios como el impulso de la contratación de mujeres (al menos el 50% del total de nuevas incorporaciones que se realicen para cubrir vacaciones o bajas temporales tendrán que ser mujeres), siguiendo las nuevas instrucciones de contratación municipal que recogen cláusulas sociales.
La edil de Medio Ambiente ha insistido en que el seguimiento de este contrato va a ser “férreo y constante”. Y ha desmentido las acusaciones tanto de los socialistas como de Villero sobre el recorte de dos empleados en la plantilla: “esa afirmación es totalmente falsa, pues se mantendrá el mismo número de personas que hasta el momento, teniendo en cuenta que ya se amplió el número en 2018”. Y también ha señalado que se realizarán promociones internas y ampliaciones de jornadas, “por lo que no sólo se mantiene la plantilla, sino que además se mejora su rendimiento y cualificación”.
ANTE LA NULIDAD DE LAS PLUSVALÍAS
Esta sesión plenaria extraordinaria también se ha aprovechado para sacar adelante, provisionalmente, la modificación de la ordenanza fiscal número 4, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. La propuesta, casi un trámite, ha sido respaldada por el Gobierno local y el PSOE, mientras que PP, Cs y Villero se han abstenido.
Con respecto a este segundo punto, según se recoge en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el concejal de Economía y Hacienda, José Ramón Paéz, ha reiterado que lo que se pretende es “adaptar la ordenanza fiscal a la nueva normativa del Gobierno central para el cobro de la plusvalía tras la nulidad de la sentencia del Tribunal Constitucional. Sólo eso, y no con el fin de cobrar más ni cobrar más rápido”, como le han acusado las dos derechas durante el pleno.
“Queremos cobrar los impuestos necesarios, que se dejen de cobrar los no necesarios y que se devuelvan los importes que no se deberían haber cobrado”, ha incidido el edil, que ha agradecido el trabajo realizado por los técnicos municipales para realizar esta adaptación conforme a la ley.