Otro informe elaborado por la Intervención del Ayuntamiento de Cádiz sobre el control financiero de las cuentas anuales de 2015 de la sociedad municipal Cádiz 2012, recomienda su disolución. El documento recoge que la imposibilidad de inyectar capital y los dos años de pérdidas priman para su cese y liquidación. Un cierre, además, obligado por el Ministerio de Hacienda.
Un informe elaborado por la Intervención del Ayuntamiento de Cádiz, de finales de junio, sobre el control financiero de las cuentas anuales de 2015 de la sociedad municipal Cádiz 2012, recomienda su disolución después de acumular dos años seguidos de pérdidas. Un cierre, además obligado por el Ministerio de Hacienda, que ya ha acordado por unanimidad su Consejo de Administración y que debe pasar ahora por el pleno.
El concejal de Economía, Hacienda y Deuda, que además es presidente de esta empresa, David Navarro, subraya que en dicho documento se recoge que ya en 2012 el propio pleno municipal, con mayoría del PP, aprobó liquidar la sociedad dentro del plan de ajuste que se vio obligado a acometer el Consistorio para acceder a los préstamos millonarios del pago de proveedores del Gobierno central, y tras la finalización de los eventos programados dentro del Bicentenario de la Constitución de 1812. Una decisión que contó con el visto bueno del Ministerio. Pero la sociedad no se cerró…
Cuatro años más tarde, “el documento elaborado por el Interventor vuelve a recomendarnos que se disuelva esta empresa”, insiste Navarro, “habida cuenta de las pérdidas económicas y de la finalización de la actividad para la cual fue creada”. El informe recoge que la empresa, por sí misma, es incapaz de generar ingresos para sostenerse y hace hincapié en que las pérdidas registradas en 2014 alcanzan los 396.000 euros y en 2015 superan los 217.000.
Este edil de Por Cádiz sí se puede señala que, en este contexto, el interventor propone dos opciones para con esta empresa municipal. Por un lado, “conforme al artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, la empresa ha incurrido en causa de disolución, tendiendo la empresa los fondos propios en situación de negativo”, y por otro, “en base a la disposición Adicional novena de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local (modificada por la Ley 27/2013) y al encontrarse la empresa en situación de desequilibrio financiero, se hace necesario la realización, en el plazo de dos meses, de un plan que corrija dicho desequilibrio”.
Ante esta segunda opción, el concejal de Hacienda recuerda que el artículo 36 de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, impuesta por la derecha, “prohíbe ampliar el capital mientras que un ayuntamiento esté sometido al plan de ajuste, como es el caso del Ayuntamiento de Cádiz”.
Por lo tanto, “ante la imposibilidad de inyectar capital a la empresa Cádiz 2012, que además sería el único que recibiría, nos vemos obligados a optar por la primera recomendación del interventor que pasa por la disolución y posterior liquidación de la misma”.
Cádiz 2012 es la única de las ocho sociedades municipales que no recibe ingresos más allá de los que se le puede suministrar desde el propio Ayuntamiento. Esta sociedad fue creada en el año 2010 con el fin inicial de organizar y gestionar eventos culturales, institucionales y académicos relacionados con las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. También tiene asignada la responsabilidad de gestionar los siguientes espacios municipales: la Casa de Iberoamérica, el yacimiento fenicio Gadir, el espacio Entrecatedrales, la galería Baluarte San Roque y el Torreón de las Puertas de Tierra y las actividades que se organicen en estas dependencias. Asimismo, entre sus objetivos teóricos está “el fomento de relaciones y vínculos con Iberoamérica y el impulso de políticas orientadas a promover espacios de solidaridad y cooperación con países y ciudades hermanas”. También se ha dedicado a convocar los Premios Iberoamericanos Cortes de Cádiz, que el actual bipartito parece que no tiene intención de mantener.
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