La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) interpreta que el Ayuntamiento de Cádiz no tiene “potestad legal” para suspender y limitar la concesión de licencias de viviendas turísticas en el municipio.
Ante la turistificación de la capital gaditana, principalmente del casco histórico, el Gobierno local anunciaba recientemente que trabaja para elevar a pleno extraordinario la propuesta de moratoria de un año para la concesión de esas licencias; un primer paso para regular el uso turístico en suelo residencial. “Estamos sintiendo más que nunca como la gente reclama, apoya y necesita” esta medida, añadía.
Ante ello, la organización que representa en la comunidad autónoma al sector de las viviendas turísticas ha presentado ante el propio Consistorio un escrito de alegaciones “fundado en derecho” en el que pone manifiesto que las competencias en materia de ordenación y planificación del sector turístico así como la regulación del régimen urbanístico del suelo y su propiedad “son exclusivas” de la Junta.
“Este intento de limitación a las viviendas turísticas en Cádiz es claramente inconstitucional y contraria a la Ley, ya que la materia de urbanismo, aparece recogida en el artículo 148.1 de la Constitución donde ordena que la materia de turismo es competencia exclusiva absoluta de las comunidades autónomas”, insiste AVVA en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Y se reitera que cualquier limitación relativa a las competencias autonómicas ejercida por la administración local “entra en clara contradicción” con el orden de atribuciones que la Constitución española y el Estatuto de Autonomía han fijado. Asimismo, desde el punto de vista urbanístico, “tampoco es posible, desde el ámbito local, establecer un nuevo contenido al régimen jurídico de la propiedad del suelo, por no entrar dentro de las facultades que le son propias”.
“EN RIESGO MILES DE EMPLEOS”
El presidente de esta entidad, Carlos Pérez-Lanzac, ha lamentado que el anuncio del Ejecutivo liderado por José María González ‘Kichi’, a su entender, ha provocado “alarma en una población que más que nunca necesita activar su economía con los recursos turísticos de los que Cádiz es referencia internacional, poniendo con ello en riesgo a miles de empleos y la generación de riqueza en la ciudad”.
A la vez, critica “la inconsistencia y consideraciones erróneas del informe de la empresa Ibermad en el que se apoya el Ayuntamiento para plantear medidas restrictivas a las viviendas turísticas”.
Ese estudio presentado en septiembre de 2019, concreta que en la capital gaditana (entonces) había 1.224 viviendas legalmente constituidas para ser alquiladas con fines turísticos, aunque también añade que en las diferentes plataformas de alquiler turístico las casas disponibles ascienden a 1.509, por lo que se estima que hay 285 (casi un 20% del total) que no están dadas de alta como tal. Con estos números, la presión de viviendas de alquiler con fines turísticos en la ciudad “asciende a un 2,47%”. Del mismo modo, expone que tres de cada cuatro de estas viviendas turísticas se encuentran en intramuros (sufre el 6,56% de presión de estas casas), y las zonas de San Antonio, El Mentidero y San Francisco-Mina son las que más viviendas de este tipo tienen en relación al total de pisos.
La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía entiende que la Ley de Garantía para la Unidad de Mercado sólo admite límites al acceso de una actividad económica cuando exista una razón que concierna al interés general, conforme a lo establecido en la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio. “Es decir –se defiende- para cuestiones que afecten al orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural”.
Por ello, “ninguna de las limitaciones contenidas en el informe de Ibermad puede ser alegable como justificación para adoptar una medida que, además, vulnera el hipotético principio de necesidad y proporcionalidad que se exige a la hora de establecer límites al acceso de una actividad económica o su ejercicio”.
Por otro lado, a la hora de fijar medidas restrictivas para el ejercicio de una actividad, se afirma, es preciso contar con estudios previos que avalen la necesidad y los criterios de oportunidad que justifiquen los límites propuestos. “Sin embargo, el informe del que parte el Ayuntamiento retrata la realidad de 2019, muy diferente a la actual ya que el contexto socioeconómico y las previsiones en relación con la demanda turística han cambiado radicalmente desde marzo de este año (por la pandemia del coronavirus)”, agrega el delegado de esta entidad en Cádiz, Luis López Laínez.
A la vez, se cuestiona que ese informe parte de una serie de datos recogidos de distintas plataformas que “no ofrecen total fiabilidad” ya que, que se oferte un inmueble con su correspondiente número de identificador de vivienda turística, no siempre significa que esa vivienda se esté explotando todo el año. También es posible encontrar anuncios que no han sido dados de baja y que realmente no ofrecen servicio o posibilidad de reserva. Igualmente, es probable que un mismo piso se anuncie en dos o tres plataformas distintas, lo que dificulta obtener una fotografía fiel.
Por otra parte, se cree que “no tiene ningún sentido relacionar las viviendas turísticas con el problema de la vivienda protegida en Cádiz ya que una vivienda protegida no puede ser nunca objeto de alquiler turístico, por lo que son ajenas a este tema”.
En este contexto, AVVA demanda “responsabilidad” a los responsables municipales de la ciudad “para no generar incertidumbre, inseguridad y ahuyentar un tipo de turismo de carácter familiar, que genera empleo y riqueza, que desconcentra las áreas saturadas, que desestacionaliza el flujo de afluencia de visitantes y que hace más competitiva a Cádiz como destino turístico”.
Y finalmente, llega la advertencia: Pérez-Lanzac apostilla que, en caso de aprobarse por parte del Consistorio las medidas anunciadas, pondrá en manos de los servicios jurídicos de la asociación el emprendimiento de las acciones de defensa legal que pudieran asistirle.
La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía es una organización, integrada por empresas, profesionales y propietarios dedicados a la gestión de viviendas turísticas en la comunidad autónoma, que dice tener como objetivo “dotar de competitividad y garantías de calidad a este segmento de alojamiento, en beneficio de sus usuarios y comunidad relacionada”.
