“Las cifras de desempleo estructural de Cádiz a lo largo de la democracia son absolutamente inaceptables, estoy donde tengo que estar”, ha subrayado la ministra de Trabajo en un segundo encuentro con representantes sindicales para repasar problemas y retos de la industria en la Bahía. Con el alcalde de mediador, y la patronal sintiéndose excluida.
Cumpliéndose el “compromiso adquirido” semanas atrás (y tras meses y meses rogándosele una reunión desde el Ayuntamiento de Cádiz), la vicepresidenta segunda y ministra de Empleo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha vuelto a verse con el alcalde y representantes sindicales “para abordar la situación de emergencia industrial que vive la Bahía”.
Un encuentro de trabajo sin tantas prisas como el improvisado el pasado 10 de marzo (y que se celebra una semana más tarde de lo inicialmente agendado), que no ha sentado nada bien a la patronal, que ha acusado a la política todavía en Unidas Podemos de no comportarse como “una ministra de todos”, al excluir a “la representación de miles de hombres y mujeres empresarios de la provincia”, al tiempo que ha afeado que sí se siente en la mesa con sindicatos minoritarios.
Antes de la reunión celebrada en el mismo Ayuntamiento y ante muchos periodistas, que no han logrado que hablara de su proyecto Sumar, la ministra ha repetido que debe estar “donde se requiere la actuación del Gobierno de España y las cifras de desempleo estructural de Cádiz a lo largo de toda la democracia son absolutamente inaceptables, por tanto estoy donde tengo que estar”.
“Cádiz tiene un problema histórico, también de dependencias casi monográficas de un sector (el naval), y obviamente necesita de la diversificación y ampliación. Esta es una tarea urgente para la provincia de Cádiz”, ha apuntado Díaz, antes de reafirmar su compromiso “de emprender las acciones necesarias y hacer un seguimiento exhaustivo en las negociaciones y cumplimientos de los convenios colectivos”.
“PELEAMOS POR SALIR DE ESTA ESPECIE DE ESPIRAL INFINITA DE PRECARIEDAD LABORAL”
En un principio, el encuentro, en el que no ha faltado el subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, ha girado alrededor de cinco cuestiones: la industria aeroespacial y naval, la naval, la situación de los antiguos trabajadores de Delphi, el cumplimiento del contrato fijo-discontinuo en el sector industrial y las inspecciones de trabajo
A decir del alcalde José María González ‘Kichi’ que ha estado arropado en su papel de mediador por su concejal de Fomento y Empleo, Carlos Paradas, y que ha valorado positivamente esta segunda reunión, los representantes sindicales (de CCOO, UGT, CGT, USO y de la Coordinadora de Trabajadores del Metal) han obtenido la palabra de la vicepresidenta de aumentar las inspecciones y velar por el cumplimiento de los convenios laborales: “estamos contentos porque hemos obtenido el compromiso de la vía de diálogo abierta para que los trabajadores puedan denunciar los incumplimientos de los convenios y desde el Ministerio se pueda sancionar estas conductas”.
“Estamos peleando por salir de esa especie de espiral infinita de precariedad laboral a la que nos tienen condenados desde hace más de 40 años”, ha apuntado el primer edil gaditano tras la reunión, recordando además que “los trabajadores del sector industrial han protagonizado el mayor conflicto laboral de esta legislatura y ahora el Gobierno, aquel que envió a las tanquetas, tiende la mano a través de la ministra para escuchar sus demandas”.
En cuanto a la situación de la industria aeroespacial, el primer edil gaditano ha afirmado que “sin compartir en ningún momento el cierre de la fábrica de Airbus Puerto Real, la ministra ha asegurado que van a velar porque se cumplan cada una de las cláusulas del acuerdo y la pronta puesta en marcha del nuevo centro tecnológico”. En este sentido, el representante de CGT, Juan Antonio Guerrero, ha denunciado que “de los 1.100 puestos de empleo que existían en las fábricas de Puerto Real y El Puerto de Santa María y pese al acuerdo de que no se iban a perder ninguno, la plantilla se ha visto reducida a 700 a lo que hay que añadir la pérdida del suelo productivo, por lo que no podemos decir que esto haya sido una fusión sino una destrucción de mano de obra”.
En relación al sector naval y del metal, para González Santos “Navantia tiene que saber qué quiere ser. No es de recibo que mande a los funcionarios a buscar contratos en lugar de que vayan los altos mandatarios, como ocurre en otros países”. Además, “hemos abordado de forma muy intensa la figura del contrato fijo-discontinuo ya que es un fraude utilizar este tipo de contrato en este sector”. Al respecto, Jesús Galván, representante de la Coordinadora de Trabajadores del Metal, ha pedido a Yolanda Díaz que “la reforma laboral sea una herramienta eficaz y no un arma para el empresariado”. Han solicitado una mayor presencia de los inspectores de trabajo ante “las largas jornadas de trabajo y que haya mecanismos de control en las bolsas de trabajo, en los tornos y en las subcontrataciones”.
En esta misma línea se ha pronunciado también el representante de CCOO, Juan Linares, quien ha avanzado que “no puede haber estabilidad en las empresas auxiliares si se sigue abusando del contrato fijo-discontinuo”. Linares ha explicado que “se están perjudicando las condiciones laborales de este tipo de trabajadores quienes no se benefician de los pluses de los convenios laborales o pueden llegar a acumular más horas de las que establece el cómputo anual”. Y ha puesto como ejemplo lo que está ocurriendo en el centro de Dragados, en Puerto Real. Igualmente, ha manifestado la preocupación existente en las plantillas del sector naval respecto a las garantías de cargas de trabajo.
Y en cuanto a Delphi, el alcalde de la capital ha lamentado la situación en la que aún se encuentran los 500 afectados por el cierre de aquella planta de Puerto Real allá por 2007. Desde USO, Miguel Paramio ha valorado “la apertura de un diálogo para solucionar la situación caótica de estas personas tanto con la Seguridad Social como con el SEPE”.
“VOLVERÁ A MADRID CON UNA VISIÓN MUY PARCIAL”
Y todavía no se había ido de la ciudad la ministra, y la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) difundía un comunicado lamentando que esta visita no haya incluido un encuentro con una representación empresarial, “obviando escuchar a una de las dos partes de los agentes económicos y sociales”.
Para el presidente de la patronal gaditana, Javier Sánchez Rojas, la agenda política de la vicepresidenta “no suma, más bien resta a miles de hombres y mujeres que están al frente de sus empresas, esforzándose día a día para mantener y crear empleo y riqueza”.
En este sentido, en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, se queja de que Yolanda Díaz se haya marchado “sin que los empresarios podamos dignarnos a que nos escuche y dialogue en un momento muy complicado para las empresas, que en nuestra provincia son mayoritariamente micro, pequeña y medianas, y más de 30.000 autónomos. A cambio, sí mantiene un encuentro con dos sindicatos minoritarios. Volverá a Madrid con una visión muy parcial de la situación del tejido productivo”.
Insiste Sánchez Rojas en que la ministra de Trabajo “no se comporta como una ministra de todos, excluye de su agenda a una de las dos partes de los agentes sociales, obviando el pacto que sí tenemos en Andalucía sindicatos y empresas. Hablamos de hombres y mujeres que se encuentran en un escenario muy difícil para mantener sus negocios, con precios energéticos elevados, inflación y costes salariales impuestos por decreto. Hubiera sido todo un detalle que nos dedicara un poco de su capacidad de escucha para conocer las opiniones de una de las partes necesarias en el diálogo social”.
