Una vez que la única empresa que se había interesado por hacerse con el servicio privatizado de ayuda a domicilio prestado por el Ayuntamiento de Cádiz, la firma onubense Óbolo (“cuyo historial de incumplimientos es de dominio público”, ha recordado estos días desde Autonomía Obrera), ha renunciado a la adjudicación, este colectivo “históricamente maltratado y olvidado por el Ayuntamiento” ha iniciado movilizaciones para reclamar su “dignificación laboral” y la municipalización de este servicio esencial. Un paso que apoya Adelante Izquierda Gaditana y que no rechaza el PSOE.
Sin embargo, esa internalización del servicio que hoy sigue explotando con prórrogas la empresa DomusVi, no parece estar en mente del nuevo equipo de Gobierno del PP.
Al respecto, el alcalde Bruno García, acompañado de sus concejales de Servicios Sociales y de Economía, Pablo Otero y Maite González, respectivamente, ha mantenido ya el encuentro comprometido con la representación sindical de la plantilla, y les ha repetido que su intención es volver a licitar este contrato a partir de un nuevo pliego de condiciones mejorado.
El actual contrato en manos de DomusVi lleva cinco años caducado y con una prórroga forzosa “que hace que la situación sea muy precaria y que las condiciones del servicio y de la plantilla no puedan mejorar”, se evidencia. A colación, el primer edil ha trasladado al comité de empresa que “es urgente y necesario que salga un nuevo pliego que mejore las condiciones del que sacó a licitación el gobierno anterior y que ha sido un fracaso. Esto no solo lo digo yo, sino que ellos mismos lo han llegado a reconocer en un pleno municipal”. Aunque también es verdad que, pese a las exigencias de Autonomía Obrera, el PP ha mantenido la licitación en marcha en base a ese pliego, hasta que finalmente ha quedado desierta por la marcha de la empresa ‘pirata’ presentada.
“LA RENUNCIA DE LA ÚNICA EMPRESA QUE SE PRESENTÓ Y EL QUE HAYA QUE HACER UN NUEVO PLIEGO DEBE VERSE COMO UNA OPORTUNIDAD”
“Hay que elaborar un contrato bueno y hacerlo viable”, repite Bruno García en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, insistiendo en que “la renuncia de la única empresa que se presentó y el que haya que hacer un nuevo pliego no debe verse como un problema sino como una oportunidad”.
De este modo, ha invitado a los representantes sindicales de la plantilla de la empresa concesionaria a que participen en la elaboración del pliego “para que puedan hacer aportaciones al documento”.
Y ha adelantado que ese pliego “se va a dotar económicamente para que sea viable”. Entre otras medidas, una de las cuestiones es que se va a indexar a las aportaciones que realiza la Junta (que es la que tiene las competencias y por ello, costea gran parte de este servicio que se deja en mano de los ayuntamientos).
Ello quiere decir es que a lo largo de la duración del contrato se va a poder adaptar a las tarifas que aporte la administración autonómica anualmente. En el actual contrato se paga la hora a 12,90 euros mientras que en el que se quedó desierto estaba en 15,61 euros la hora, se apostilla.
Finalmente, el alcalde gaditano ha repetido que “el nuevo pliego de ayuda a domicilio va a suponer una mejora en el servicio que prestamos a las personas usuarias y en las condiciones para los trabajadores”. El mismo cuenta con una plantilla de unas 200 personas, la mayoría mujeres, que hoy día atienden a 942 personas (707 son por la ley de dependencia y 235 municipales).
Por su lado, desde Autonomía Obrera se considera que la única solución para acabar con la precariedad laboral de esta plantilla “es la municipalización de los servicios, recordamos que es un servicio esencial, y que es solamente mano de obra, sin maquinaria y apenas materiales”; de otra manera, “se mantiene el mercadeo de las empresas, los incumplimientos, la precariedad laboral de un colectivo donde el 90% son mujeres. “El PP ya no tiene excusas para gestionar directamente el servicio”, se sentencia.
