La comunidad de vecinos de la calle Enrique el Mellizo 2, en Cádiz, viviendas sociales construidas por Procasa hace unos años, ha mostrado su satisfacción al haber obtenido un pronunciamiento favorable del Defensor del Pueblo Andaluz a su queja, y que insta al Ayuntamiento a que fije el precio de venta de las casas a sus adjudicatarios en la cantidad que había dado en publicidad años atrás, así como que las rentas que actualmente se están abonando amorticen el precio. El Consistorio pretende venderlas ahora como si fueran de renta libre.
La comunidad de vecinos de la calle Enrique el Mellizo 2, en Cádiz, viviendas sociales construidas por Procasa bajo el Programa Municipal de Viviendas para Jóvenes, ha mostrado su satisfacción al haber obtenido un pronunciamiento favorable del Defensor del Pueblo Andaluz a su queja, y que insta al Ayuntamiento a que fije el precio de venta de estas viviendas a sus adjudicatarios en la cantidad que había dado en publicidad años atrás, así como que las rentas que actualmente se están abonando amorticen el precio de compra fijado.
Estos vecinos, ante los incumplimientos de los compromisos adquiridos por el Consistorio, decidieron acudir al Defensor del Pueblo para proceder a aclarar las condiciones de compra de las viviendas que habitan en régimen de alquiler con opción de compra.
Dicha promoción está acogida al Programa Municipal de Viviendas para Jóvenes, de la convocatoria 2003, dirigida a personas con menos de 35 años de edad, con ingresos limitados hasta un máximo anual de 15.792 euros, que carecieran de vivienda en propiedad, para su adjudicación en régimen de alquiler con opción a compra.
Desde la adjudicación, en abril de 2004, “debimos esperar hasta la completa finalización de las obras y entrega de llaves que se produjo el día 6 de octubre de 2008”, más de cuatro años. Y todos los vecinos han hecho inversiones de adaptación de las casas como son la compra e instalación de las cocinas, el alta en los suministros de agua y electricidad, así como todo lo necesario para poder habitar las mismas, “ya que fueron entregadas en condiciones que no permitían su uso”.
Según insisten estos vecinos en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, desde el inicio de la promoción, por parte de los representantes municipales, tanto institucionales como técnicos, “se publicitó y manifestó de una manera clara, precisa y reiterada que el precio de venta, una vez finalizado el período de cinco años de alquiler, sería muy inferior al fijado para la VPO, ascendiendo, a unos 60.000 euros”. Así apareció publicado en la prensa en octubre de 2006, recogiendo las palabras del entonces concejal de Vivienda, Juan José Ortiz.
Sin embargo, el precio que ahora pretende imponer la empresa municipal por metro cuadrado es de 1.935,65 euros, “es decir una cantidad muy similar a la establecida para adquisición por renta libre para viviendas de estas características y calidades”. Las viviendas disponen de unos 50 m2 aproximadamente y los precios informados rondarían entonces los 100.000 euros, 40.000 más de lo vendido en un principio.
LA ALCALDESA NI HA RECIBIDO A LOS AFECTADOS
Pese a las conversaciones mantenidas con responsables municipales, la alcaldesa Teófila Martínez todavía no ha recibido a los afectados, “ni ha querido abordar el problema directamente, ni asumir sus compromisos, haciendo caso omiso a todas cuantas peticiones se le han planteado y no ha propiciado nuevas vías de solución”. “Al respecto hay que recordar que dicha viviendas carecen de financiación oficial en la que poder subrogarse, problema que junto a la negativa de los bancos a conceder hipotecas a inquilinos con escasos recursos económicos y precios de ventas altos, hacen que el problema no tenga solución”, se agrega.
Ahora, una vez finalizado el expediente por parte de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, se ha podido comprobar, con plena satisfacción de los vecinos afectados, que las peticiones que se habían cursado al Ayuntamiento “eran las correctas”. El Defensor acoge los argumentos de los vecinos y sugiere que se adopten las medidas tendentes a solucionar el problema, fijando el precio en el que ya se había publicitado al inicio de la promoción (60.000 euros) y a que las rentas que actualmente se están abonando por dichas viviendas y hasta tanto no se formalice la transmisión, amorticen el precio de compra. De aceptarse estas recomendaciones por parte del Consistorio, “sí se podría acceder a la compra de la vivienda, ya que al bajar el precio de venta se podría obtener financiación a través de préstamos hipotecarios”.
El último paso que queda y que los vecinos esperan “con ilusión” es que por parte de la administración local se les convoque a una nueva reunión “donde se les informe que se aceptan las propuestas que el Defensor del Pueblo ha planteado para resolver definitivamente las diferencias surgidas”.
