El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz se ha comprometido con las familias que ocupan ilegalmente hoy día el número 20 de la calle Feduchy a mediar con la propiedad de la finca, a fin de encontrar fórmulas que permitan “regular de alguna forma una situación que se está produciendo de hecho”.
Se da la circunstancia de que esta finca vacía estaba prácticamente rehabilitada cuando sus promotores fueron embargados, constando actualmente una hipoteca sobre la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, el conocido como ‘banco malo’).
La concejala de Vivienda y presidenta de la empresa municipal Procasa, Eva Tubío, ha mantenido un encuentro con representantes de las doce familias que habitan este inmueble en el centro de la capital “de forma organizada y con un buen clima de convivencia”, sin los problemas ocasionados en la zona por los protagonistas de una ocupación anterior de la misma finca, quienes provocaron intervenciones de la Policía por altercados y asuntos relacionadas con tráfico de drogas.
Los representantes de los ocupantes han explicado a la edil izquierdista cómo llegaron al inmueble y se organizaron para realizar reformas y adecentarlo, subrayando las normas comunes y buen clima de convivencia que han establecido. Se trata de familias humildes con escasos recursos, algunas de ellas con menores de edad a su cargo.
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, el Ayuntamiento reitera que se ha comprometido con estas familias a “intentar ayudar en todo lo posible”, comenzando por contactar con la propiedad del inmueble.
De ese modo se mediará para ver si existe la posibilidad de establecer algún tipo de negociación que permitiera que estas familias se quedaran allí, bien a través de un contrato o de alguna otra fórmula. Se trata, en definitiva, de intentar encontrar soluciones para personas que sufren un problema habitacional “y que puedan regular con la propiedad una situación que se está produciendo de hecho”.
Tubío ha recordado en este punto que, recientemente, la Sareb acordó con el Gobierno central movilizar hasta 15.000 viviendas sociales mediante su cesión a entidades locales y autonómicas para que éstas puedan dedicarlas a alquileres asequibles para personas vulnerables y con ingresos limitados, o bien puestas directamente por dicha sociedad a disposición de personas en situación de vulnerabilidad mediante la firma de contratos de arrendamiento asequibles.
