El alcalde de Cádiz, Bruno García, y su concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi, han mantenido una reunión de coordinación en el Ayuntamiento con la nueva delegada territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, Tania Barcelona, en la que se ha tratado sobre las viviendas con fines turísticos (VFT) en la ciudad; un problema común con otros centros históricos donde se sigue reduciendo la oferta de alquileres residenciales y subiendo el precio de los pocos ofertados.
El Consistorio, ya con Gobierno local del PP, presentó a la administración autonómica el pasado mes de diciembre un listado de viviendas que se registraron como VFT tras la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como acción contra la turistificación promovida por el anterior gobierno izquierdista (y rechazada por el propio PP entonces en la oposición), que impide el hospedaje turístico en intramuros si no es en fincas de protección de grado 0 y 1.
En este listado, con un total de 277 viviendas, estaban las situadas en la calle Mesón, 9, en el barrio del Pópulo, estando ya canceladas cinco de las solicitudes presentadas y tres en proceso de cancelación, ya que se encuentran en periodo de resolución de alegaciones.
Esta finca, destacan desde el Ayuntamiento en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, “ha despertado especial interés en los últimos días” tras la denuncia de la familia de una de las inquilinas, “ya que, al parecer, se le ha comunicado por parte de la propiedad que tendrá que abandonar la vivienda a sus 87 años de edad si no accede a la compra de la misma”; tras su desalojo, la pretensión es habilitar otro apartamento turístico en ese hogar.
En cuanto a la situación en la que se encuentra la anciana, desde la concejalía de Asuntos Sociales “se está en permanente contacto con la familia y trabajando para ofrecerle una alternativa ya que no se trata de un problema de impago”.
LA JUNTA SIGUE CANCELANDO VIVIENDAS TURÍSTICAS ILEGALES
El objetivo de esta reunión, se incide, es trabajar “de manera conjunta y coordinada” entre ambas administraciones para que las solicitudes de registro para vivienda con fines turísticos tras octubre del año 2022, fecha en la que entró en vigor dicha modificación del PGOU que la derecha no quería (y que ahora quiere aplicar), sean canceladas.
De hecho, desde la Junta se ha trasladado que de las 277 detectadas por el Ayuntamiento a finales del pasado año 2023, un total de 155 ya han sido canceladas.
Por otro lado, un total de 122 presentaron alegaciones, de las que 67 ya se han estudiado por parte de la administración autonómica y también serán anuladas, por lo que ya son 222 las que se han cancelado. Además, 55 solicitudes están en estudio para su anulación.
