El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha recibido este jueves día 1, en su despacho en Sevilla, al alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, que lleva semanas solicitándole este encuentro por “la alarma social generada ante la retirada de líneas educativas en la ciudad”.
Tras la reunión celebrada a primera hora, el primer edil, que ha estado acompañado por su edil de Educación Ana Fernández y técnicos, asegura que ha conseguido el compromiso del consejero (de Ciudadanos) para crear una mesa de seguimiento de carácter permanente con la participación del Ayuntamiento de Cádiz, del Gobierno andaluz y de la comunidad educativa “para estudiar las particularidades del mapa de oferta educativa” en la capital gaditana, donde la privada-concertada ya absorbe a más alumnado en infantil y primaria que la escuela pública.
Mientras, la versión de la Junta es que se ha acordado la puesta en marcha de “un amplio debate con la comunidad educativa en el que se estudien medidas que puedan mejorar la escolarización”, a partir de octubre.
Según informan desde el Consistorio en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, en el encuentro se ha analizado la situación de “alarma e inquietud” generada por la oferta educativa presentada por la Junta para el próximo curso escolar, especialmente por el recorte de una línea en Infantil del CEIP La Inmaculada, así como por la previsión de no ofertar una segunda línea de primero de Bachillerato en el IES San Severiano que llevaría a otro centro a los 11 estudiantes que demandan cursar bachillerato en este instituto público.
Imbroda ha pedido esperar a la culminación del proceso de matriculación y al comienzo del periodo lectivo para abordar un análisis profundo de la situación, aunque al mismo tiempo ha dejado abierta a la puerta a abrir para este curso 2019/2020 esa segunda línea de primero de Bachillerato en el IES San Severiano “si fuera necesario”.
El alcalde de Adelante Cádiz ha transmitido al consejero “la importancia y la necesidad” de que el Gobierno autonómico asuma la defensa de la escuela pública en la ciudad tal y como, dentro de sus competencias, está haciendo el Ayuntamiento.
“Esperamos que esta disposición y este compromiso del señor Imbroda se traduzca en realidades y tengamos de una vez por todas una solución integral a la particularidad de la problemática educativa de la ciudad de Cádiz”, ha insistido González Santos.
Por su lado, Imbroda ha trasmitido su “firme compromiso con la educación pública”, al tiempo que ha recalcado que esta ciudad está siendo especialmente afectada por la bajada de natalidad, con casi 400 alumnos menos matriculados en el próximo curso en Primaria, “lo que equivaldría a cerrar 15 líneas, aunque sólo se han suprimido cuatro, y el número de docentes sigue siendo el mismo para aumentar la calidad educativa”.
Con todo, este cierre de unidades de cara al nuevo curso (con la justificación de la bajada de la natalidad) no sólo se plantea en la capital: diferentes localidades de la provincia también verán recortadas líneas públicas (mientras no se tocan los conciertos con la privada-concertada), como en el CEIP El Juncal y el IES Tejada de El Puerto; el CEIP Almirante Laulhé, de San Fernando; o el CEIP Carmen Sedofeito de Chiclana.
PROFESORES ANDALUCES PROTESTAN POR LA SUPRESIÓN DE UNIDADES EN LA PUBLICA
Esta misma semana, el pasado día 30, unos 1.500 docentes llegados de toda Andalucía se concentraban en Sevilla ante la consejería de Educación en protesta “por la continuada escalada de privatización del servicio educativo, la pérdida constante de aulas públicas y contra las instrucciones para el curso próximo que resta horas a las tutorías en beneficio de asignaturas de escaso contenido curricular como religión”.
Desde 2011, casi 1.500 aulas públicas han sido suprimidas en toda la región por parte de la Junta (hasta principios de año con gobierno del PSOE). La enseñanza concertada, sin embargo, ha crecido ligeramente en número, “lo cual en un contexto de fuerte descenso de la natalidad es particularmente relevante”. Sólo el pasado curso se han suprimido un total de 487 aulas nada más que en el tramo de la Infantil y Primaria.
“Si bien todavía no conocemos el número de aulas públicas que se pueden suprimir en Andalucía en el comienzo del próximo curso –señalan desde Ustea-, los datos que podemos inferir de la actual colocación de efectivos de Primaria son alarmantes: más de 500 profesionales de las distintas especialidades han sido suprimidos o desplazados”. Ello ha provocado que para el nuevo curso ocupen un destino provisional en principio previsto para el profesorado interino. O lo que es lo mismo, “interinos que ocupaban vacante desde hace ocho y diez años, no la han obtenido para el próximo curso”. También han contribuido a congelar la colocación de efectivos unas instrucciones de Primaria que priman asignaturas como religión en detrimento de las estrictamente curriculares, “pues el horario escolar es muy limitado y si se aumenta una materia es a costa de otra”. Por último, el “incremento habitual” de las ratios máximas establecidas (25 en Primaria), también tiene efectos sobre el cierre de unidades.
Ustea, que apoya estas movilizaciones del profesorado andaluz, entiende que “la defensa del servicio público educativo es ahora más necesaria que nunca, ante el blindaje sistemático de la educación concertada que vino a reforzar la Lomce y la escasa voluntad política del Gobierno andaluz, antes con el PSOE y ahora con PP y Cs (con el apoyo de Vox) de frenar el deterioro del servicio educativo público frente al auge incesante de su privatización en las ciudades grandes y medias. El ámbito rural, en buena lógica mercantilista, no es de interés para la patronal de la enseñanza privada o concertada: no les renta”.
