El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz entiende que la Junta está “mareando la perdiz y jugando con los gaditanos” con anuncios de posibles emplazamientos para la Ciudad de la Justicia de la capital, un proyecto que acumula 15 años de retraso. Fernández califica de “inocentada tardía” que se planteen los depósitos de tabacalera o la antigua Escuela de Náutica como potenciales sedes mientras los terrenos originales están vacíos. El Gobierno regional ya ha reconocido que no tiene dinero para ese ambicioso primer proyecto.
El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández, entiende que la Junta de Andalucía está “mareando la perdiz y jugando con los gaditanos” con anuncios de nuevos posibles emplazamientos para la Ciudad de la Justicia de la capital, un proyecto que acumula ya 15 años de retraso y cuya “ubicación ideal” sería, a juicio de quien es también veterano concejal del PP en el Ayuntamiento, la inicialmente prevista en los terrenos de la antigua Institución Provincial Gaditana.
López Gil, reconociendo que la administración regional no tiene hoy día presupuesto para esa Ciudad de la Justicia que se proyectó hace años, asegura que está en conversaciones con el Consistorio para buscar una “mejor ubicación posible” ya que “no es aceptable que Cádiz siga teniendo la dispersión de juzgados que tiene”: entre la Audiencia Provincial, los de San José y los del estadio Carranza. El equipo de Gobierno habría ofrecido los depósitos de tabacos de Altadis, instalaciones municipales desde hace unos años y todavía sin uso; después de que quedara en nada la idea del propio delegado del Gobierno de trasladar los juzgados a los nuevos suelos de la Zona Franca en la antigua compañía tabaquera. También se barajaría la antigua Escuela de Náutica, frente a La Caleta.
En representación de los más de 700 operadores jurídicos colegiados, su presidente ha lamentado el “menosprecio” de la Junta hacia Cádiz, mientras en otras capitales de la comunidad autónoma ya existen infraestructuras y sedes judiciales agrupadas en ‘ciudades de la Justicia’. “En nuestra ciudad, los juzgados siguen estando dispersos aquí y allí, en edificios y oficinas en alquiler que suponen un derroche de recursos públicos”, agrega Fernández en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Para el Colegio de Graduados Sociales, el anuncio de la Junta planteando la unificación de las sedes judiciales bien en la antigua Escuela de Náutica, bien en los terrenos de los depósitos de tabacalera, “supone una inocentada tardía, que se suma a la broma del año pasado: ubicar la Ciudad de la Justicia en la Zona Franca”. Así, el presidente del colegio exige a la administración autonómica que “no se lancen más globos sonda sobre un asunto tan importante como éste, que nos vendieron hace 15 años a bombo y platillo y del que nunca más se supo”.
Pasados tres lustros, y después de varios escritos del Colegio de Graduados Sociales al Defensor del Pueblo, la Junta “nos vuelve a tomar el pelo”, insiste Fernández que no obstante reitera el ofrecimiento “de esta corporación profesional para mediar y aportar soluciones a la dispersión de las sedes judiciales, un problema que origina numerosos problemas desde el punto de vista del funcionamiento y la operatividad de la Justicia, además de un quebranto económico importante en pago de alquileres”.
Esta oferta de colaboración, no obstante, agrega, “se debe realizar desde la seriedad, no a base de globos sonda”, reiterando una vez más la celebración de una reunión con el delegado del Gobierno andaluz, Fernando López Gil, “solicitada desde hace más de seis meses”.
SE RECLAMAN NUEVOS JUZGADOS DE LO SOCIAL
Por otro lado, pocos días antes de que finalizara 2016, el mismo José Blas Fernández apuntaba públicamente que en 2017 se tienen que corregir las “graves deficiencias” en materia de medios humanos y materiales en los juzgados de lo Social de la provincia, para reducir las elevadas cargas de trabajo y los retrasos en los tiempos de respuesta que afectan a los tres territorios de la provincia: Cádiz-Bahía, Jerez y Campo de Gibraltar.
Este colegio demanda, en línea con el informe del Consejo General del Poder Judicial, la creación de un nuevo juzgado en el Campo de Gibraltar y, adicionalmente, la creación de plazas de jueces de apoyo en las demarcaciones de Jerez y Cádiz para atender situaciones de gran calado social: indemnizaciones, reclamaciones de cantidad, conflictos entre trabajadores y empresas, etc.
A esta advertencia, el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, siempre con los medios como ‘correo’, respondía lamentando el “desconocimiento” de las competencias para la creación de nuevos juzgados del presidente de dicho colegio, y le instaba a que dirija su petición al Ministerio de Justicia, que es el organismo que tiene la potestad para ello.
A ello, un José Blas Fernández que consideró esta respuesta del socialista López Gil una “falta de respeto institucional”, ya puntualizó que la competencia en materia de creación de nuevos juzgados “es exclusiva de la Junta de Andalucía”, dotándolos de los medios humanos y materiales, “siendo el Consejo General del Poder Judicial el que, en última instancia, designa a los jueces”.
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