El Tribunal Supremo anulaba en enero de 2022 la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz en el llamado caso Quality Food (alrededor de un presunto quebranto de 30 millones de euros para las arcas de la Zona Franca de Cádiz), al no admitirse entonces la prueba pericial aportada por el principal acusado, el empresario Manuel García Gallardo, y ordenaba que se celebrara un nuevo juicio, con un tribunal distinto, sin afectar a los ya absueltos.
Esta causa sobre irregularidades en la Zona Franca de Cádiz a principios del presente siglo parecía quedar cerrado en septiembre de 2019 (se inició en 2005), con el fallo de la Audiencia Provincial que absolvía al exdelegado del Estado del Consorcio, Miguel Osuna (colocado por el PP en tiempos de Aznar), y al que era su jefe de gabinete José Manuel Fedriani, y condenaba, entre otros, a diez años de cárcel a García Gallardo, que recurrió. En el fallo, se le acusaba de estafa, malversación y fraude como impulsor de la firma alimenticia Quality Food que sirvió para desviar dinero público de la Zona Franca gaditana.
Y este 4 de abril estaba fijado la reapertura del proceso en la Audiencia Provincial, cumpliendo lo dictado por el Supremo. Sin embargo, un acuerdo de conformidad entre las partes (los dos acusados, la Fiscalía, la Abogacía del Estado representando a la Zona Franca y el PSOE como acusación particular) ha permitido suspender el nuevo juicio y le ha puesto fin de una vez a este culebrón del que estaba muy pendiente la Zona Franca, ya que el Tribunal de lo Mercantil le obligaba a pagar al fundador de Quality Food más de 10 millones (cifra que, con los intereses, ya se elevaba por encima de los 30 millones).
En este sentido, García Gallardo ha aceptado declararse culpable; admite los delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y apropiación indebida, y evita la cárcel (la condena de tres años y medio ya rebajada se ve conmutada por una multa de unos 2.900 euros). Igualmente, descarta seguir reclamando a la Zona Franca la indemnización por el quebranto de la compañía.
También se beneficia del acuerdo (a cambio de pagar 800 euros se libra de cuatro años de cárcel) Víctor Ocaña, exdirector de una sucursal del BBVA donde el empresario de la firma de platos preparados tenía cuentas; lo curioso es que este jueves esta persona ha acudido a la Audiencia Provincial esposado y directamente de la cárcel por otra condena posterior a estos hechos.
Esta decisión judicial, tras el acuerdo negociado entre las partes (que han buscado evitar otro “debate público” alrededor de este eternizado asunto y nuevas demandas posteriores), deja a la vez sin valor la decisión del Tribunal de lo Mercantil: al admitir Manuel García Gallardo su culpabilidad, la Zona Franca de Cádiz, que en los últimos años ha ido saneando sus cuentas, respira aliviada y evita desembolsar esos más de 30 millones. DIARIO Bahía de Cádiz
