La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, Eva Tubío, ha visitado las viviendas de la Dirección General de la Policía, situadas en la avenida Fernández Ladrera, con el objetivo de conocer de primera mano los testimonios y la situación de los inquilinos actuales (policías jubilados y familias de policías), que se encuentran en diferentes fases de proceso de desahucio administrativo.
Tubío ha solicitado ya una reunión con el subdelegado del Gobierno central en Cádiz, José Pacheco, para posibilitar una aproximación entre la Dirección General de la Policía Nacional y los afectados, de cara a buscar una solución satisfactoria al problema que se enfrentan tras año residiendo en estas casas.
La edil de Adelante Cádiz ha tenido acceso a la documentación de las distintas familias quienes les han transmitido su preocupación “por las formas en las que se han enterado de la pretensión de la Dirección General para la recuperación de las viviendas con el consiguiente desalojo para sus moradores y la rapidez con la que les están apercibiendo de desahucio a los mismos”. Así, les han comunicado que mientras que algunas familias tienen un plazo de dos meses para recurrir la resolución administrativa, otros tienen un apercibimiento de inicio de desahucio administrativo si no desalojan en plazo y otros no han recibido aún ninguna notificación.
Ante esta situación, la representante del Gobierno local se ha comprometido con los afectados a desarrollar una labor de mediación entre las dos partes, familias inquilinas y la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía, “ya que la principal queja de los afectados es que ni siquiera han recibido explicaciones ni se les ha concedido ninguna cita para explicarles la situación”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Eva Tubío apunta que desde los servicios jurídicos de la empresa municipal Procasa “vamos a estudiar detenidamente cada situación para que el Ayuntamiento haga el esfuerzo de mediación o asesoramiento en las situaciones de vulnerabilidad, como los de personas mayores, con problemas de salud y pensiones muy bajas que les dificulta el acceso a otra vivienda”. “Por supuesto hay que discriminar estos casos de necesidad de otros que puedan existir en los que las personas requeridas tengan otra situación más favorable, por ejemplo, otras propiedades”, apostilla la concejala.
Asimismo, a través de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, y por tanto los servicios jurídicos de Procasa, se está ofreciendo ya asesoramiento a las familias que así lo requieren, “como se ofrece a cualquier vecino que acude con un caso de desahucio”, desde que en 2015 se pusiese en marcha el protocolo municipal en este sentido.
EL PP PIDE AL GOBIERNO CENTRAL “RECONSIDERAR SU DECISIÓN”
Mientras, el PP en el Ayuntamiento ya pedía días atrás al Gobierno central (ahora en manos del PSOE, en funciones) que reconsidere su decisión de desahuciar a estos policías jubilados y familias.
El portavoz municipal popular, Juan José Ortiz, también ha asegurado que quiere reunirse con el subdelegado del Gobierno con el objetivo de conocer las posibles soluciones a este problema que ha surgido “por una decisión política de poner en marcha un mecanismo que será legal pero, evidentemente, no es social ni humano, ni tiene en cuenta los problemas de personas que ven peligrar su hogar tras años de trabajo y esfuerzo”.
“Tal y como han contado públicamente, ellos han cumplido con lo que se les pidió detrayendo de sus nóminas el importe del supuesto alquiler mientras que se les pidió. Ahora no pueden verse desamparados por el Estado que es quien ha creado esta situación”, entienden desde la derecha.
