En este pleno ordinario de noviembre, entre otras cuestiones, se ha dado luz verde a las ordenanzas reguladoras del taxi y del registro de demandantes de vivienda protegida, y al I Plan Municipal de Discapacidad; y se ha reclamado a la Junta modificar la normativa sobre la declaración de las Zonas de Gran Afluencia Turística.
El día después del anuncio del alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, de no presentarse a la reelección en las elecciones de mayo, el Ayuntamiento ha celebrado el pleno ordinario del mes de noviembre en el que, entre otros puntos, ha sacado adelante una leve modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), como le pide la Junta de Andalucía, que se supone que permitirá desbloquear definitivamente el proyecto de la Ciudad de la Justicia en los suelos de los antiguos depósitos de tabaco.
Por otro lado, se ha dado el visto bueno a las ordenanzas reguladoras del taxi y del registro de demandantes de vivienda, aprobándose también de manera definitiva el I Plan Municipal de Discapacidad de la ciudad. Asimismo, se ha demandado a la Junta modificar la normativa sobre la declaración de las Zonas de Gran Afluencia Turística, cumplir con la Patrica, y poner en marcha un Plan de Vivienda y Rehabilitación de los barrios gaditanos.
La sesión plenaria ha comenzado, como es habitual, con un minuto de silencio por las mujeres víctimas de la violencia de género; y, a continuación, se han aprobado tres declaraciones institucionales sobre el Día Mundial de la Infancia, sobre el Día Europeo de las Personas sin Hogar y sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este 25-N.
Más adelante, este pleno ha aceptado la adhesión del Ayuntamiento a la Red Española de Ciudades Saludables, y el I Plan Municipal de Discapacidad 2023-2025: un plan trabajado con las asociaciones y colectivos de discapacidad y que proyecta la hoja de ruta de los próximos años con el objetivo de hacer de Cádiz “una ciudad más justa, igualitaria e inclusiva, a través del diálogo y la planificación”.
CIUDAD DE LA JUSTICIA
Como primer punto del orden del día, por unanimidad se ha aprobado la instrucción aclaratoria del PGOU para atender a una petición de la Junta y que permitirá elevar al cien por cien la edificabilidad de los 39.000 metros cuadrados de terreno de los antiguos depósitos de tabaco cedidos gratis por el Ayuntamiento para la futura Ciudad de la Justicia.
Con este trámite se da cumplimiento a lo acordado con el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, para el “desbloqueo definitivo” del proyecto que lleva años prometiéndose y demorándose. Una vez aprobado, se dará traslado inmediato a la administración autonómica para que obre a efectos del acuerdo alcanzado “sin perder tiempo”, a decir del alcalde, José María González ‘Kichi’.
ORDENANZA DEL TAXI
Por otro lado, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, se ha dado luz verde de manera definitiva la ordenanza reguladora del servicio de autotaxi (que entre otras medidas contempla el control horario o la uniformidad para los trabajadores del sector) con el voto favorable del equipo de Gobierno y del PSOE, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP y del edil no adscrito, Domingo Villero.
El concejal de Movilidad, Martín Vila, ha vuelto a poner en valor que dicha ordenanza es fruto de “la participación y el diálogo” frente a quienes ahora hablan de “imposición”, tanto con el sector del taxi (Radio Taxi y CádizTaxi) como con asociaciones de consumidores, asociaciones vecinales, representantes de los intereses de las personas con movilidad reducida, así como con los diferentes partidos. Un proceso que “se inició hace tres años” y que se ha trabajado en la Mesa del Taxi “durante más de un año y medio”.
Finalizado el periodo de alegaciones abierto tras su aprobación inicial en abril, en el texto definitivo queda recogida la estimación parcial de una alegación formulada por la Asociación de Radio Taxi. De esta manera, el artículo 56 establece que, con carácter general, el taxímetro se pone en funcionamiento, tanto en servicio urbano con interurbano, cuando la persona usuaria haya accedido al vehículo y haya indicado su destino, “excepto en los servicios previamente contratados telefónicamente, por emisora o por cualquier otro medio, en los que el taxímetro empezará a contabilizar desde la adjudicación del servicio y con el máximo que resulte del procedimiento de aprobación de tarifa”.
REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA
Asimismo, únicamente con el pero del principal partido de la oposición, que se ha abstenido, se ha aprobado inicialmente la nueva ordenanza reguladora del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Cádiz. Como ha expuesto durante su intervención la edil de Vivienda, Eva Tubío, el texto se adapta a la legislación actual, aporta mayor claridad y agilidad en los procedimientos y, además, puntúa mejor las situaciones de vulnerabilidad.
Entre otras novedades que incorpora, está que la violencia de género puntuará sin necesidad de estar supeditada al problema de la vivienda, se aumenta la puntuación para las personas con discapacidad en función del grado, igual que ocurre con la dependencia, y aumenta también la puntuación de las familias en situación de riesgo de exclusión social. Asimismo, el texto incluye a unidades familiares con menores a cargo, familias con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, personas jóvenes ex tuteladas por la Junta de Andalucía que carezcan de vivienda y recursos suficientes para tenerla, así como otras situaciones de exclusión social.
ZGAT, PATRICA, 4-D, E INFANCIA
Este pleno mensual ha continuado con las propuestas de los grupos políticos, comenzando por las cuatro presentadas por Adelante Cádiz, todas aprobadas. En representación de la Asociación de Detallistas de los Mercados Municipales (Asodemer), Francisco Álvarez ha tomado la palabra para plantear la primera de ellas, con la que se reclama a la Junta la modificación de la normativa vigente sobre la declaración de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en los municipios, ya que “únicamente beneficia a las grande superficies” y “perjudica aún más” a los mercados y al pequeño comercio incrementando la situación de desventaja frente a las primeras. PP y Cs son los únicos partidos que se han abstenido.
A su vez, la concejala de Turismo y de Comercio, Montemayor Mures, ha calificado de “injusto” que la administración andaluza “obligue” a declarar las ZGAT “sin respetar la libertad de los municipios para abordar su realidad económica, comercial y social”.
Por ello, se reclama un paraguas legal para que “en ningún caso pueda arrebatarse esta potestad de oficio por parte del Gobierno andaluz si la decisión municipal es no declarar ZGAT en virtud de un posicionamiento fundamentado con los agentes del sector”, como ha ocurrido en la capital gaditana. Asimismo, reivindica en esta moción la necesidad de apostar desde las instituciones por el comercio local, propio e identitario de las ciudades frente a las grandes multinacionales.
Adelante Cádiz también ha exigido a la Junta el cumplimiento de la Ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de Andalucía (la conocida como Patrica). Como ha señalado el edil de Hacienda, José Ramón Páez, por el “incumplimiento sistemático” de esta ley, la Junta acumula una deuda de 1.050 millones de euros a las entidades locales andaluzas, de los que 9,9 millones corresponden al Ayuntamiento gaditano. Por ello, se reclama un mecanismo para saldar esa deuda y también que dote a la Patrica con 600 millones de euros anuales para garantizar su cumplimiento. El PP, sin sorpresas, se ha abstenido.
También se ha aprobado, de nuevo con la única abstención de dicha formación de derechas, una propuesta encaminada a la desclasificación por parte del Gobierno de España de los documentos relativos a los sucesos acontecidos el 4 de diciembre de 1977 en Málaga y al asesinato de Manuel José García Caparrós, reclamando que tanto a él como a su familia se les reconozca como víctimas de la violencia política en pie de igualdad con las víctimas de terrorismo, con su consecuente reparación.
Finalmente, se ha aprobado por unanimidad la cuarta propuesta del partido que conforma el Gobierno local, apoyando así que Cádiz se convierta Ciudad Amiga de la Infancia, lo que implica cumplir una serie de compromisos marcados por Unicef encaminados a reforzar las políticas municipales para con la infancia y la juventud, fomentando su participación en el desarrollo de actuaciones que pongan a la infancia en el centro.
MOCIONES DE LA OPOSICIÓN
Por unanimidad, igualmente, se ha aprobado una de las tres propuestas del PP, por la que se insta al equipo de Gobierno a informar de la evaluación y seguimiento del I Plan contra la Violencia de Género, así como de las fechas de las reuniones de la comisión de seguimiento.
Sin embargo, no ha prosperado la petición del principal partido de la oposición planteando el rechazo al anteproyecto de ley aprobado por el que se regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad aprobado por el Ministerio de Trabajo; y su idea de que la Diputación destine el antiguo instituto del Rosario a colegio mayor universitario, previo estudio de viabilidad. En su lugar, como ha ocurrido de la misma forma en el pleno de la Diputación, se ha validado una enmienda de sustitución del PSOE por la que se insta a la Junta a rehabilitar y adecuar la antigua Escuela Náutica para adaptar dicho equipamiento para el alojamiento de estudiantes.
En cuanto a las mociones del PSOE, ha salido adelante que el Ayuntamiento habilite una parada de taxis en el entorno de la Punta de San Felipe. De igual forma, este partido ha puesto sobre la mesa una propuesta para instar a la Junta a poner en marcha un Plan de Vivienda y Rehabilitación de los barrios gaditanos, y sólo se ha abstenido el PP. Y los socialistas también han pedido a la administración autonómica que incorpore la figura del enfermero escolar para los centros escolares; en este caso, sólo se han abstenido las dos concejalas de Cs.
La franquicia naranja, a su vez, ha elevado al pleno una propuesta reclamando al Ejecutivo local a licitar el contrato del servicio de ayuda a domicilio, actualmente caducado; y a realizar talleres informativos a las asociaciones de los datos relacionados con el Programa Municipal de Ayuda a Domicilio. Ha salido adelante por unanimidad, como la otra moción instando a la concejala de Cultura, en calidad de presidenta del Consejo de Cultura, a su inmediata convocatoria y a darle “participación real” en la definición de las políticas y estrategias culturales.
Y el edil no adscrito, Domingo Villero, ponía sobre la mesa su idea de crear una mesa o grupo de trabajo a fin atraer empresas a la ciudad. Su expartido, Cs, ha presentado una enmienda de sustitución que ha sido aprobada por Adelante Cádiz, PSOE y el propio Ciudadanos.