De “ínfima” tacha el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz las ayudas de alquiler contempladas por la Junta de Andalucía para víctimas de violencia de género, personas sin hogar y en situación de especial vulnerabilidad (según la Orden del 1 de septiembre de 2020); “una ayuda a todas vistas insuficiente y discriminatoria, en la que se deja a un lado la concurrencia competitiva basando el criterio principal en el orden de llegada y no en los informes de valoración en base a la urgencia de cada caso”.
La Orden contempla dos líneas de ayudas, una primera para víctimas violencia machista, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables; y una segunda para las administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro que faciliten una solución habitacional a estas personas.
De los 12,3 millones que tenía asignada la Orden para toda Andalucía, a la provincia gaditana “le corresponde tan sólo 1,1 millones de euros, una cantidad que se convierte en algo simbólico para cada municipio ya que no cubre ni un décima parte de la demanda”, evidencian desde el Ejecutivo liderado por José María González ‘Kichi’.
Además, se añade que la solicitud de estas ayudas “ha supuesto un gran esfuerzo para los servicios sociales ya que la consejería de Fomento ha delegado, de nuevo, la valoración de las solicitudes en manos municipales, sin dotarlos de medios”. Esto “ha aumentado aún más la ya de por sí alta carga de trabajo de las profesionales agravada ante los efectos económicos del Covid sin que se haya visto compensada”. En el caso de la capital gaditana, de las 181 solicitudes presentadas por el Ayuntamiento, “en la que se han hecho 200 entrevistas y valoraciones”, tan solo se han concedido ayudas para tres casos en referencia a la primera línea de ayudas.
“Teniendo en cuenta que no se trataba de una ayuda por concurrencia competitiva que hubiera sido lo lógico y que primaba el orden de llegada, se ha perjudicado a las ciudades con mayor población”, se entiende. Y se insiste en que “somos conscientes de la importancia de que llegue hasta el último euro para poder invertirlo en la inclusión social y por eso priorizamos esta línea de ayudas, pero la resolución no compensa al trabajo invertido sobre todo cuando el resultado es que solo llega a tres familias”.
En cuanto a la segunda línea de la subvención autonómica, destinada a administraciones y empresas públicas, de la ayuda solicitada por parte de empresa municipal Procasa para 67 viviendas por más de 657.000 euros, se han concedido 89.000 euros para unas 13 familias: “no llega ni al 14% de lo solicitado”.
En esta línea, el equipo de Gobierno de Adelante compara la “escasa inversión” de la Junta con los más de 3 millones de euros que el Ayuntamiento ha invertido durante 2020 en cuestiones de vivienda (alquileres, pago de hipoteca…), y recuerda que desde Procasa se ha otorgado una moratoria del pago a sus 2.000 inquilinos asumiendo la morosidad en el impago en muchos casos.
“QUE LA JUNTA ASUMA SUS COMPETENCIAS”
El Ejecutivo gaditano vuelve a instar al Gobierno andaluz de derechas a que “las ayudas tramitadas sean para todos los beneficiarios que cumplan los requisitos de la orden o en todo caso por orden de necesidad”. “No es concebible que el criterio principal sea el orden de llegada perjudicando a las ciudades más grandes que suelen ser las que tiene más demanda también”, se repite.
Igualmente, se demanda a la Junta que “asuma sus competencias y un compromiso de verdad con las familias que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, ya que esta inversión de 1,1 millón de euros para toda la provincia se queda ridícula cuando sólo el Ayuntamiento de la capital destinó más de 4 millones de euros en ayudas sociales en 2020”.
