PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz han salido a la palestra al unísono alarmados al conocer, a través de la prensa, que las facturas reparadas por Intervención a lo largo de 2018 superan, en cuantía, más de 13 millones de euros. Situación que, según desvelan desde Diario de Cádiz, se ha multiplicado en el último cuatrimestre del año. Igualmente se refleja en dicha información que prácticamente tres de cada cuatro informes de reparo han sido levantados por el alcalde mediante decreto, para poder procederse al pago.
El principal partido de la oposición exige explicaciones “urgentes” a José María González ‘Kichi’ de estas facturas “con irregularidades” que han sido reparadas por la Intervención del Ayuntamiento. Esos más de 13 millones en un año es “un verdadero escándalo” teniendo en cuenta que supone casi el 10% del presupuesto municipal y un 22% del gasto elegible (presupuesto una vez restado los capítulos de personal, gasto financiero y otros)”.
Ese volumen de dinero que, según Intervención, no se debe pagar porque no está refrendado con un expediente administrativo correcto o legal “no es aceptable en un ayuntamiento que está todo el día presumiendo de gestión económica”. Del mismo modo, la derecha interpreta que “los que están todo el día halando de la herencia recibida (unos 275 millones dejó en números rojos Teófila Martínez en 2015) están dejando en las arcas municipales un boquete de 13 millones anuales de difícil justificación, por no decir otra cosa, ya que es evidente que cualquier responsable público va a encontrar serias dificultades para pagar algo que Intervención dice que no se puede pagar legalmente”.
Además, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el PP recuerda que en el pasado pleno de diciembre se aprobó ampliar el objeto de la comisión técnico política creada en marzo de 2018 (sobre la suspensión del presupuesto de 2016 tras la denuncia del propio PP) para que la misma abarque el estudio de los reparos de Intervención que se habían realizado hasta la fecha, y la firma de los decretos de Alcaldía que levantan algunos de esos reparos, al igual que la realización de contratos menores. En ese mismo punto se dio luz verde a que dicha comisión fuera convocada con carácter de urgencia y sin dilación alguna, para aportar toda la información solicitada de los reparos, los contratos menores y los decretos de levantamiento de los mismos.
Dicha comisión tuvo que esperar hasta mediados de octubre (siete meses después) para que fuera convocada “en una reunión que no dio más que para su constitución y la remisión a una posterior”, celebrada el 6 de diciembre, “en la que tampoco se aportó ninguna información relevante sobre lo que en realidad sucede con las cuentas suspendidas ni con los constantes reparos”.
El concejal popular, José Blas Fernández, que ya mostró su malestar en aquella última reunión, asegura que obtuvo el “compromiso” del alcalde de no dilatar la entrega de la información más allá de 15 días, “pero es evidente que de nuevo incumple su promesa; no solo no ha vuelto a convocar a la comisión para darnos la información requerida, sino que ahora nos encontramos con la información de que en los últimos cuatro meses esas facturas con irregularidades se han duplicado mientras que el responsable de Hacienda, David Navarro, permanece en absoluto silencio, al igual que el alcalde”.
El pleno de diciembre también acordó, con la oposición de los partidos del bipartito, que la Secretaría General elaborara un informe en el que se estableciera las posibles responsabilidades políticas y de cualquier otro carácter que puedan derivarse de los decretos de levantamiento de reparos firmados por el alcalde para pagar las facturas que Intervención no estima correctas.
“A la vista de los intentos de ocultación constantes que está haciendo el equipo de Gobierno, y el volumen alcanzado por las facturas reparadas por la Intervención”, Fernández ya amenaza con estudiar remitir al Tribunal de Cuentas estos hechos: “es más que idóneo que sea ya el Tribunal de Cuentas quien determine qué responsabilidades existen en este Ayuntamiento para que haya facturas por valor de 13,5 millones de euros con irregularidades y por qué el alcalde está firmando decretos para pagarlas en buena parte en contra de los criterios de los técnicos”.
PARA CS, SE DEMUESTRA “LA INCOMPETENCIA, LA INEFICACIA Y LA FALTA DE TRANSPARENCIA DE PODEMOS”
Por su lado, la otra derecha en el Consistorio de la capital, ha calificado de “inadmisibles” los problemas que se vienen sumando en el Área de Contratación. Para el portavoz municipal de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, éste es un “grave problema que está ocurriendo desde el principio del mandato” y ha recordado que desde su formación ya advirtieron en el pleno de octubre de 2018 sobre esta situación.
“Requerimos al equipo de Gobierno para que procediera a la redacción y remisión al pleno de un informe en el que se diera cuenta de la situación real y objetiva en el que se encuentra el Servicio de Contratación pero, una vez más, vemos que no cumplen con los mandatos dictados por el pleno”, se queja este edil naranja.
Que los reparos hayan aumentado en el último cuatrimestre del año “demuestra una vez más la incompetencia, la ineficacia y, sobre todo, la falta de transparencia de este Gobierno. Es inadmisible que la cifra de facturas reparadas por Intervención supere los 13 millones de euros y, sin embargo, el alcalde continúa levantando esos reparos a golpe de decreto”, insiste Pérez Dorao.
Al respecto, Cs subraya que “se están pagando multitud de contratos y servicios en contra del criterio de Intervención, que advierte que se está haciendo eso al margen de la ley. Este equipo de Gobierno no se puede seguir excusando en que hay que continuar prestando servicios a la ciudad, que es obvio, pero eso hay que hacerlo bajo un marco legal y conforme a la ley”.
