El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, ha mediado para la reincorporación de una trabajadora de la empresa mixta Eléctrica de Cádiz cuyo despido se declaró improcedente por el Juzgado de lo Social.
Semanas atrás, los votos en contra del PP, Endesa y Unicaja en el consejo de administración impidieron su regreso a su puesto laboral, “algo a lo que nos opusimos tanto el equipo de Gobierno como el PSOE”, por lo que junto al representante sindical y el gerente de la empresa se están buscando alternativas a esta situación, ha resumido el primer edil de Por Cádiz sí se puede.
Una de estas alternativas que el gerente de Eléctrica de Cádiz se ha comprometido a estudiar a través de su servicio jurídico y que hasta ahora no había contemplado, es que “esta trabajadora sea contratada como personal indefinido no fijo hasta que su plaza se saque a concurso público por necesidades del servicio, una plaza a la que podrá optar cualquier ciudadano que se presente a dicho concurso”.
De este modo, se estudiaría también la situación de varios trabajadores de la compañía –en la que el Ayuntamiento tiene el 55% del accionariado- que pudieran encontrarse en la misma situación y se iniciaría “un proceso similar al que se hizo con los trabajadores del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF)”.
Tras las gestiones realizadas por el alcalde, el gerente se ha comprometido a estudiar la viabilidad técnica y jurídica del planteamiento realizado por la representación sindical de la trabajadora, así como a realizar las necesarias gestiones ante los diferentes miembros del consejo para resolver con urgencia este conflicto, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz.
“EVIDENTE CASO DE PRESTAMISMO LABORAL”
La trabajadora afectada comenzó formalmente su relación laboral con la empresa en 2002, desarrollando desde entonces numerosos contratos temporales mediante diferentes empresas de trabajo temporal. Tras finalizar su último contrato con una ETT, Eléctrica de Cádiz contrató la actividad que prestaba la ahora despedida con una empresa externa, privatizando así el servicio.
Pero, en realidad, según explican desde Autonomía Obrera, la vinculación de la trabajadora con la mercantil “era de carácter exclusivamente nominal y salarial (la mantenía contratada de manera formal y le abonaba los salarios mensualmente), ya que toda la relación organizativa y funcional se ha desarrollado, en realidad, con Eléctrica de Cádiz, que es quien tomaba todas las decisiones acerca de sus funciones y objetivos, le encomendaba tareas, coordinaba su trabajo, y le facilitaba las oficinas y el material para trabajar, configurando un evidente caso de prestamismo laboral”.
La situación descrita fue denunciada por la trabajadora ante los Juzgados, que dictaron sentencia el pasado mes de abril estableciendo la existencia de cesión ilegal, contratación en fraude de ley y despido improcedente. Y obligando a la empresa a optar entre readmitir a la trabajadora o indemnizarla con 1.600 euros. Pero PP y los socios privados optaron por lo segundo. Así, en las últimas semanas se han celebrado concentraciones ante la sede de la empresa apoyando a la afectada.
“No es justo que el gerente de Eléctrica y todo el Consejo se vayan de rositas pagando una indemnización que es migaja para ellos, mientras que la trabajadora, cuyos derechos se han pisoteado impunemente durante años, sea la que peor parada resulte, quedándose sin trabajo”, se quejaba días atrás Autonomía Obrera, lamentando además que los socios del equipo de Gobierno, Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común “no hayan movido ni un solo dedo para sacar fuera este asunto y pelearlo en el terreno de la opinión pública”.
