Tras reunirse con una representación de familias del Cerro del Moro y visitar sus viviendas actuales, el alcalde de Cádiz José María González ‘Kichi’, arropado por sus concejales de Vivienda y de Urbanismo, Eva Tubío y Martín Vila, respectivamente, ha calificado su situación de “insostenible”, y ha pedido a la Junta de Andalucía que “deje a un lado el autobombo que hace en materia de vivienda y actúe y cumpla de una vez”.
En este sentido, desde el Ayuntamiento se ha vuelto ha exigir al Gobierno autonómico de PP y Cs que “desbloquee” la séptima y octava fase del Cerro del Moro “para poner fin a las condiciones de inhabitabilidad en las que se encuentran unos 70 vecinos de la zona”.
González Santos ha podido comprobar “como la Junta y el PP siguen tratando a estas familias como vecinos y vecinas de segunda mientras crecen los problemas de humedades y el deterioro estructural de las viviendas”. Es por esto que ha urgido “a iniciar los trámites para la séptima y octava fase del Cerro del Moro”. Algo que también reclamaba semanas atrás el PSOE.
La actuación en este barrio vulnerable de extramuros comenzó en 1992 a raíz de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Junta, ejecutando la administración local las tres primeras fases (266 viviendas). La Junta promovió las tres siguientes (174 viviendas), entregando las llaves de la sexta fase en octubre de 2012, “produciéndose un estancamiento que ha dejado en un limbo y pendientes de ejecutar la séptima y la octava fase”, se relata desde el Consistorio en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Fue necesario esperar hasta 2018 para la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), promovido por el Consistorio, para las dos fases pendientes. Tras la correspondiente declaración de ruina de tres edificios de esta zona, se procedió a su demolición en 2020 para construir allí las viviendas que tienen que realojar a estas 70 familias.
Sin embargo, “el proceso está de nuevo paralizado y estas familias se han quedado atrapadas, ya que ni las pueden vender ni tampoco pueden salir porque no tienen vivienda en la que realojarse hasta que la Junta construya el nuevo edificio”.