El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, y su concejal de Hacienda, David Navarro, han sido llamados por la fiscalía a declarar en calidad de investigados por el alumbrado navideño extra que se instaló en la ciudad en 2016.
El PP no estuvo conforme con lo sucedido ese mes de diciembre: ante lo ‘pobre’ de la iluminación, la empresa mixta Eléctrica de Cádiz contrató más luces para más calles, a la misma adjudicataria que trabajaba para el Consistorio, invirtiendo 16.000 euros. Así, la derecha puso el asunto en manos de la fiscalía por si hubiera algún delito.
González Santos ha defendido este mismo miércoles ante la fiscalía que, “pese a la versión que ha querido dar el demandante, que vuelve a decir medias verdades haciendo una vez más gala de sus usos torticeros habituales, tiene (el PP, y en concreto su concejal José Blas Fernández) toda la información relativa al alumbrado extraordinario de 2016 por dos vías diferentes”.
Así lo ha asegurado el alcalde durante esta declaración dentro de la fase de investigación previa que está realizando el fiscal ante la denuncia “de falta de información, y no por prevariación como han indicado algunos con el único fin de confundir y difamar”.
Una información que, según ha precisado José María González, “ya dispone por dos vías diferentes”. En este sentido, ha señalado que, “por un lado, tiene toda la documentación relativa al pertenecer al consejo de administración de Eléctrica de Cádiz, entidad con la que el Ayuntamiento realizó un convenio para ampliar el alumbrado”; y, por otro, “como concejal”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz lamenta que José Blas Fernández “lleva cumpliendo un rol que le ha hecho presentar él solo 500 preguntas al Gobierno municipal en lo que llevamos de mandato, no por un interés informativo, sino en un claro afán de bloquear y atascar el trabajo que se desarrolla en los distintos departamentos, ya que en muchos casos ha realizado preguntas que ya había hecho su propio grupo político”.
“Desde el Ayuntamiento se ha respondido a tres de cada cuatro preguntas que ha formulado, lo que ha supuesto un ingente esfuerzo para que esta dedicación no influya en el día a día de las distintas delegaciones”, apostilla.
“CONTINÚA LA TRIPLE ALIANZA”
El alcalde considera que esta enésima denuncia “refleja de nuevo el objetivo de la triple alianza”, en referencia a los tres partidos de la oposición, PP, PSOE y Ciudadanos, “que no hacen otra cosa que intentar menoscabar la imagen del alcalde buscando la foto sentado en un banquillo, a pesar de que saben que la denuncia no va a llegar a ningún lado como se ha visto ya en ocasiones anteriores”. González Santos, en concreto, ya ha tenido que declarar por el caso Loreto (se le dio la razón al alcalde, tras la denuncia del PP), y hace unos días por el caso de los chiringuitos (en este caso, tras denuncia de Cs).
“Esta insistencia de llevar a los juzgados lo que no pueden ganar en los plenos repercute a final en la ciudad y en el trabajo de los técnicos municipales, que tratan con extremado celo todo los procedimientos, lo que provoca el retraso en algunas actuaciones municipales”, sostiene.
Finalmente, ha ironizado que “en el caso de mi visita semanal a los juzgados, hemos explicado al fiscal en mi breve comparecencia que se puede calificar casi de testimonial, que el demandante tenía toda la información por doble vía”. Y es que “José Blas Fernández nos tiene acostumbrados a denunciar a todo aquel que piense contrario, sea quien sea”, concluye.
Asimismo, ha tachado de “curioso” que “los que critican la iluminación extraordinaria de Navidad (de este año) sean los mismos que se mostraron contrarios a su ampliación hace tres”.
EL PP INSISTE EN QUE SE INVESTIGA UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACIÓN
El concejal popular José Blas Fernández ha rechazado por su lado las afirmaciones del alcalde sobre este caso. Replica que, tras pedirlo por diferentes vías y en varias ocasiones, el PP en el Ayuntamiento “sigue sin tener acceso al convenio firmado entre Ayuntamiento y Eléctrica de Cádiz para ampliar el alumbrado extraordinario de Navidad de 2016”.
“Suponemos que cuando dice que tenemos la información, no se referirá a que tras cerca de dos años pidiéndolo, la Secretaría General nos ha enviado un convenio que no está firmado por nadie y por tanto no tiene validez. Un papel sin valor alguno. Lo cierto es que sobre el acceso a este expediente lo único que tenemos son actas de Eléctrica de Cádiz donde se ve como reiteramos nuestra petición del convenio y la información, y a Navarro diciendo que la información la pidiéramos en el Ayuntamiento. Y por otra parte tenemos al alcalde, que lleva sin convocar una comisión de investigación sobre el asunto que fue aprobada en pleno desde hace 17 meses, en julio de 2017. Algo que es, evidentemente, otro asunto grave del que tendrá que responder”, relata este veterano edil.
Además, desde la derecha se intuye “un claro intento de desviar el foco en este asunto de la presunta prevaricación que se señala en la denuncia”: “el alcalde –si es cierto lo que dice sobre su declaración en fiscalía- ha mentido al intentar hacer de este caso un asunto de falta de información. El presunto delito es de prevaricación porque, finalmente, el acto presuntamente delictivo es pagar por dos vías un mismo servicio, ampliado, sin sacarlo a concurso sin pasar ningún trámite legal para ello y sin firmar ningún convenio que esté fiscalizado por Secretaría General e Intervención”.