El PP gaditano ha avanzado que el juzgado ha admitido su propia querella contra el alcalde, su jefe de gabinete, y su concejal de Medio Ambiente, por presuntos delitos de calumnias e injurias “al imputarnos un delito de intento de envenenamiento”, a raíz del nuevo informe de Aguas de Cádiz sobre el corte de Loreto. Desde el Gobierno local se responde que esta citación “no es firme” y que el juez que instruye el caso “está obligado a admitirla a trámite”. Además, el alcalde añade que la derecha puede pasarse todo el mandato “presentando querellas a discreción o poniéndose a trabajar” por la ciudad.
El PP gaditano anunciaba este sábado que el juzgado de instrucción número 3 de Cádiz ha emitido un auto en el que se admite su querella contra el alcalde, José María González ‘Kichi’, su jefe de gabinete, José Vicente Barcia, y su concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, por presuntos delitos de calumnias e injurias “al imputarnos un delito de intento de envenenamiento”, a raíz de conocerse el nuevo informe de Aguas de Cádiz sobre el corte del barrio de Loreto de finales de 2014.
Todos ellos, insisten desde la derecha local, han sido citados para declarar el próximo 18 de agosto en calidad de investigados por ese presunto delito de calumnias e injurias. Mientras, desde el equipo de Gobierno se precisa, por su lado, que esta citación “no es firme” y que el juez que instruye el caso “está obligado a admitirla a trámite”.
El portavoz municipal del PP, Ignacio Romaní, reitera en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que “hemos dado todos los pasos con tranquilidad pero con toda contundencia: un delito de este calibre no puede quedar impune. Acusar a alguien de dar agua contaminada a sabiendas a 14.000 personas es una monstruosidad, es algo miserable. Demasiado grave como para que González Santos no haya destituido ya a su asesor al concejal y haber dimitido después”.
“O SE QUERELLAN O TRABAJAN”
El bipartito insiste en que el juzgado –del que no ha recibido aún notificación alguna- al que le toca tramitar las querellas por delitos de injurias y calumnias “no tiene otra opción” que incoar el correspondiente auto de admisión a trámite puesto que son delitos denominados privados, que no se inician de oficio por ningún tribunal o Juzgado y que necesitan la interposición de una querella por parte de los supuesto ofendidos.
“Intentar equiparar la admisión de una querella por presuntos delitos de injurias y calumnias a la admisión por parte de cualquier juzgado de instrucción de un delito, por poner ejemplo de corrupción, malversación de fondos públicos, estafa, prevaricación, etc., es un disparate jurídico que en el caso que nos ocupa no es de extrañar dada cuenta la manipulación torticera que en todo momento está haciendo el PP de Cádiz de este asunto”, anotan desde el actual Gobierno local.
En esta línea, se manifiesta que “estamos en un Estado social y de derecho, cualquier ciudadano está en su legítimo derecho de interponer cuantas acciones judiciales en defensa de su honor y dignidad entiendan oportuna, y en esto no podía ser menos el PP al que agradecemos profundamente la nueva oportunidad que nos van a dar de demostrar aquello que intentan esconder con esta querella, y con la manipulación informativa de la misma que están haciendo: que la empresa pública Aguas de Cádiz suministró agua contaminada a sabiendas durante al menos 13 días en la barriada de Loreto. Lo hizo, insistimos, teniendo conocimiento de ello y ocultando las analíticas de la Universidad de Cádiz que así lo confirmaban”. Así lo expone el último informe elaborado por la misma empresa hace unos meses.
El alcalde de Por Cádiz sí se puede añade que “respeta profundamente” todos los procesos judiciales y no tendrá “ningún problema” en presentarse a declarar cuando sea citado. No obstante, recuerda al principal partido de la oposición que “durante estos años pueden hacer dos cosas, o pasarse toda la legislatura presentando querellas a discreción o poniéndose a trabajar, proponiendo soluciones para Cádiz y ganándose el sueldo de paso”.
“UN GRAVE PERJUICIO PARA LA IMAGEN DE LA CIUDAD”
Por su lado, el portavoz municipal del PSOE, Fran González, pone de manifiesto la “gravedad” que supone a su juicio que el alcalde tenga que acudir a declarar como investigado por un presunto delito de calumnias e infamias, “lo cual supone un gran perjuicio para la imagen de Cádiz y del propio Ayuntamiento”.
“Resulta increíble que, lejos de esclarecerse el asunto, no deja de enturbiarse con las acusaciones mutuas entre el equipo de Gobierno anterior y el actual. Lamentamos que, desde el principio, se haya visto en este asunto una oportunidad para sacar rédito político, ya que en nada beneficia eso a los vecinos de Loreto que sufrieron los cortes de agua y que, a día de hoy, no saben qué ocurrió”, apunta el líder socialista local.
Este partido de la oposición añade que continúa esperando que se vuelva a convocar la comisión técnica para analizar este asunto. “Sólo se ha producido una reunión y fue el mismo día que el alcalde presentó a los vecinos el informe. Sin embargo, el PP presentó otro contradictorio a ése y no se le ha dado traslado a la comisión. Lo correcto en estos casos, en los que hay dos informes opuestos, es realizar un tercero en el que se aclaren los aspectos de ambos y que sea definitivo. Sin embargo, más allá del ruido mediático, no se está actuando con responsabilidad en este asunto”, se queja González.
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