El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz ha dictado ya sentencia tras el reciente juicio por la denuncia por supuestos insultos y amenazas presentada por la directora del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, Sira Morales, contra el activista de la Marea Blanca Gaditana, Antonio Vergara, en el contexto de las protestas frente al desmantelamiento de la sanidad pública.
El reconocido médico ha sido condenado por un delito leve de coacciones a una pena de tres meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, además de las costas del proceso.
Un juicio celebrado el pasado 20 de marzo en el que Vergara estuvo arropado en su entrada a los Juzgados de San José por un nutrido número de personas anónimas y representantes de colectivos, asociaciones, sindicatos y partidos políticos, lamentando el “burdo intento” del Gobierno andaluz del PP de “acallar una de las voces más reputadas de la sociedad civil en materia de defensa del sistema público sanitario”.
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, la delegación territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, con la derechista Eva Pajares al frente, ya ha mostrado su satisfacción por la condena, argumentando que “los episodios de violencia en el ámbito sanitario pueden ser castigados, independientemente de su condición, agresión física, amenaza o insulto”.
Siguiendo el argumentario de la consejera de Salud, Rocío Hernández, la interpretación de la delegación territorial es que esta denuncia de la gerente del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, colocada en dicho cargo directivo a dedo tras ser rescatada por el PP del negocio de la medicina privada (anteriormente era directora médica en un hospital en el Campo de Gibraltar de la empresa Quirón), “procede de una profesional del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que se ha sentido agredida en su lugar de trabajo, como cualquier otra, de cualquier categoría, de un hospital o centro de salud”.
“Merece la misma consideración pública como víctima, independientemente de la notoriedad del acusado, quien, además, el juzgado ha considerado culpable de un delito”, apostilla el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla.
“SE QUEDÓ BLOQUEADA Y ASUSTADA”
La jueza refleja como hechos probados que el pasado 21 de junio, en el transcurso de una reunión en la Casa del Mar de la Comisión de Participación Ciudadana del Distrito, a la que asistían distintas asociaciones y entidades (entre ellas Facua, que ha negado públicamente la versión de la denunciante: “en ningún momento insultó, ofendió, amenazó, coaccionó ni faltó al respeto”), Vergara “irrumpió alzando la voz y con una actitud corporal enérgica” en la sala, después de que la Marea Blanca llevara días ignorada en su petición de abordar la complicada situación que se iba a vivir durante el verano como consecuencia de la falta de personal sanitario.
El fallo subraya que señalando con el dedo a la gerente, le gritó, entre otras cuestiones, “no tiene miedo con lo que puede pasar con su gestión, pues debería tener miedo”, en referencia a los nuevos recortes sanitarios.
Ante esta situación, según expone la Junta a partir de ese fallo, Sira Morales “se quedó bloqueada y asustada” y no pudo seguir con su exposición a los asistentes, mientras que el activista de la Marea Blanca, ante la petición por parte de un miembro del equipo de Distrito de que se marchara, dijo que no lo haría “hasta que no le diera una cita para reunirse”. La gerente pidió que se le tramitara la cita y el acusado se marchó.
El Juzgado considera que estos hechos son constitutivos de un delito leve de coacciones, “pero no por ello carente de reproche penal, dadas las circunstancias en las que se desenvolvió el comportamiento del denunciado”, según la sentencia.
“NO NOS DAN MIEDO, NO VAMOS A CEDER”
Mientras, la versión de la Marea Blanca de los hechos es que “aquel día pedíamos participación ciudadana y nos responden de esa forma. Otro ejemplo del talante del Gobierno de Moreno Bonilla y todos sus cargos, que a poco que se dejan llevar, ponen en práctica métodos que recuerdan otros tiempos, que parecen añorar tanto. Pero si creen que nos van a acobardar, se han equivocado totalmente porque no nos dan miedo y no vamos a ceder. Seguiremos defendiendo una sanidad cien por cien pública, universal, equitativa, integral e integradora, gratuita en el acceso y de calidad”.
Antonio Vergara, médico internista de profesión, atesora una larga trayectoria en la defensa de la sanidad pública desde diferentes plataformas y cuenta con el respeto de los colectivos y personas que en la provincia de Cádiz trabajan en defensa del sistema público sanitario. El pasado 2021 fue reconocido por el Ayuntamiento de la capital con el título de hijo adoptivo de la ciudad.
En su entrada al juicio, entre las muchas personas concentradas que le mostraban apoyo y solidaridad, remarcó: “ellos no se dan cuenta de que sólo son gestores de nuestra sanidad, pero no los dueños, la sanidad es nuestra”.
