Agaden y Ecologistas en Acción han transmitido su malestar al Ayuntamiento de Cádiz así como a la Demarcación de Costas y a la Junta de Andalucía, por la progresiva ocupación que se está produciendo en las playas de la ciudad por parte de instalaciones deportivas y equipamientos hosteleros; las cuales “ya han sufrido durante años modificaciones nada beneficiosas (eliminación de rocas, colocación de espigones, etc) y que ahora están sufriendo una ocupación urbanística”.
Ambos colectivos verdes se manifiestan de nuevo en este sentido, una vez conocido el comienzo de las obras de ampliación de uno de los chiringuitos que se encuentran en la playa Victoria. Dichos trabajos, sin licencia, ha sido paralizada por la concejalía de Urbanismo, pero cuya concesión fue dada por la Demarcación de Costas.
Con el “supuesto” de que con la aprobación de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas se garantizaba la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral de España, el ministerio de Medio Ambiente, tal y como refleja en su página web, “deja abierta la posibilidad de privatizar un bien común bajo la premisa de que dichas modificaciones se realizan atendiendo a la realidad de nuestras costas”. Y “es esto lo que ocurre en Cádiz”, insisten en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Tal y como queda recogido en el Reglamento General de Costas, la actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre debe perseguir los fines de asegurar su integridad y adecuada conservación, garantizar el uso público así como regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico. Ambos colectivos lamentan que estas obras en la Victoria “favorezcan la ocupación de dicho espacio a lo largo del año completo y con fines privados”; debiendo las administración trabajar “para defender un bien demanial que debe seguir siendo público”.
Es por ello que ambas entidades solicitan la no concesión de ampliaciones o apertura de los chiringuitos –desde finales de noviembre pasado, los propios empresarios son ya los titulares de la concesión para ocupación del dominio público marítimo terrestre (DPMT)– más allá del período estival, considerando que “hay que anteponer la conservación, así como el uso y disfrute público frente al negocio privado”.
