Ante la falta de acuerdo y de respuesta de la Junta, la Diputación de Cádiz dice “verse obligada” a acudir a la vía judicial para reclamarle el pago del alquiler por el edificio de la Audiencia Provincial, en la capital; cerca de 314.000 euros anuales. Lo ha decidido en pleno, con las derechas desmarcándose.
El pleno de enero de la Diputación de Cádiz, con el rechazo del PP y la abstención de Ciudadanos, ha decidido ir a los juzgados contra la Junta de Andalucía ante la “okupación” del edificio de la Audiencia Provincial. Con esta acción se persigue obtener el restablecimiento del equilibrio contractual o, en su caso, la resolución del contrato de arrendamiento del inmueble, que es propiedad de la institución provincial.
El portavoz popular, Juan José Ortiz, ha sido el único representante de la oposición que ha tomado la palabra en el debate para mostrar su posición contraria a la propuesta del equipo de Gobierno de PSOE y La Línea 100×100. Siguiendo el argumentario de su partido, ha repetido que la consejería de Justicia “mantiene la vigencia del contrato, que dice que en su cláusula cuarta que mientras no esté disponible la nueva sede judicial, la Diputación no tiene derecho a recibir cantidad alguna en concepto de arrendamiento”. Asimismo, ha asegurado que el actual Gobierno andaluz de derechas “va a seguir trabajando con la mejor voluntad para tener cuanto antes la Ciudad de la Justicia”.
En cualquier caso, y a la espera de que la vía judicial permita dar una solución a este conflicto, el presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de la Audiencia, exponiendo que “no iniciamos un procedimiento de desalojo porque sabemos las condiciones en las que están, con los juzgados de San José cerrados y la plantilla hacinada en las oficinas del Estadio”.
“NOS VEMOS OBLIGADOS A ACUDIR A LA JUSTICIA”
La portavoz del equipo de Gobierno, Ana Carrera, como proponente de esta moción, ha recordado que en el pasado pleno de noviembre se acordó requerir a la Junta, como arrendataria del inmueble sito en la Cuesta de las Calesas de Cádiz que, en el plazo de 20 días, comunicara a la Diputación la fecha en la que tiene previsto trasladar la sede de los órganos judiciales que actualmente ocupan el edificio a otra ubicación, fijando en dicha fecha la finalización del contrato de arrendamiento. Además, se le reclamaba que reconozca la obligación de abonar por el uso de la finca una renta anual por el importe inicialmente establecido, actualizado con las variaciones que haya experimentado el IPC desde la fecha de formalización del contrato, comprometiéndose al pago de las rentas no prescritas. En dicho requerimiento se hacía saber a la Junta que, de no ser atendido este requerimiento en el plazo indicado, se ejercerían las acciones judiciales pertinentes.
El plazo otorgado para dar respuesta a este requerimiento finalizó el día 21 de diciembre de 2022 y es por esto, ha explicado Carrera, “por lo que nos vemos obligados a acudir a la justicia con el fin de defender los intereses de la institución y del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia, que son quienes sufren un perjuicio”.
Diputación y Junta suscribieron en octubre de 2008 un contrato de arrendamiento sobre la Audiencia Provincial. En virtud de este documento administrativo se concedía un plazo de cuatro años para que la administración autonómica erigiera la Ciudad de la Justicia sobre el suelo descrito y en el que se ubicaba la sede del Instituto Nacional de Empleo. En el acuerdo se consideraban dos inmuebles: el solar dispuesto por la Diputación de una superficie de 8.388 metros cuadrados valorado en 3 millones de euros; y la sede de la Audiencia, aportada por la Junta, que sumaba un área de 2.178 metros cuadrados tasada en casi 4,2 millones.
La diferencia a favor de la Junta (unos 1,2 millones) se compensaba con un contrato de alquiler durante cuatro años, si bien la institución provincial no percibiría renta alguna en dicho plazo. No obstante, una vez que han pasado 15 años desde la firma de este contrato y habida cuenta de que la administración autonómica ha renunciado públicamente a la construcción de la Ciudad de la Justicia en el solar de la calle Brunete, “nadie puede entender que la Junta de Andalucía se quede con la propiedad de esa parcela y también el edificio de la Audiencia Provincial”.
“CON LEALTAD INSTITUCIONAL, SE HUBIERA RESUELTO EN UNA MESA”
El propio presidente de la Diputación ha incidido en esta idea, manifestando que “el espíritu de una permuta es el intercambio de bienes y seguro que cuando un juez determine que esa permuta ha fracasado nos dará la razón”. Ruiz Boix ha lamentado tener que llegar a la vía judicial para solucionar un asunto que “con lealtad institucional, se hubiera resuelto en una mesa”.
Precisamente el propio presidente socialista se reunió con el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, para plantearle la necesidad de dar una solución a esta cuestión, recibiendo una respuesta negativa a la petición de que se haga efectivo el pago del arrendamiento por el uso del inmueble, con una cuantía económica que ha sido tasada en cerca de 314.000 euros anuales, o bien proceder al desalojo del mismo.
Ruiz Boix ha repetido que la cantidad que la Diputación está dejando de percibir en concepto de alquiler de dicho edificio se podría emplear en fortalecer los diferentes planes de empleo o de realización de obras y mejoras de los servicios públicos que la institución sostiene en el conjunto de la provincia. O en el caso de que le sea devuelta, este inmueble serviría para acoger diferentes servicios que están ubicados en distintas dependencias de la capital y que suponen un gasto por el alquiler de las mismas que supera el millón de euros al año, con lo que el ahorro para las arcas provinciales sería considerable.
MÁS ASUNTOS DEL PLENO
Este primer pleno ordinario del año de la Diputación ha abordado otros asuntos de diversa índole, desde el empleo hasta la sanidad pública, pasando por asuntos sociales y la formación profesional; ha estado dominado por el consenso a la hora de alcanzar acuerdos. La mayoría de las propuestas presentadas han salido adelante y de éstas, ocho han sido aprobadas por unanimidad de la Corporación.
El primer acuerdo unánime ha sido para el Plan de Cooperación Local 2023, destinado a los municipios de menos de 20.000 habitantes y ELAs. Y también se ha aprobado por unanimidad la propuesta de apoyo de la Diputación a la candidatura de Julio Pardo como Medalla de Andalucía.
Mismo resultado han obtenido dos propuestas relativas a la formación. La primera, presentada por IU, insta a la Junta a aumentar la Formación Profesional en la provincia para asegurar el relevo generacional “en empresas esenciales como son Airbus y Navantia Cádiz”, Y el PSOE ha solicitado instar a la Junta a poner en marcha la ‘Mesa Formativa de la Provincia’, al objeto de crear un Plan General de Formación de la Provincia de Cádiz.
Por su parte, el PP ha conseguido el respaldo a su propuesta de instar al Gobierno de España a agilizar la tramitación y gestión de los expedientes del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Y la otra derecha, Ciudadanos, ha sacado adelante instar al Ministerio de Justicia a la creación de dos nuevos juzgados de lo Social en los partidos judiciales de Cádiz y Jerez; e igualmente, instar al Ministerio de Sanidad para que, “en colaboración con las comunidades autónomas, elabore una planificación responsable con datos actualizados por especialidad y edad, a fin de resolver el problema existente de falta de especialistas médicos”, así como aumentar “de plazas MIR las especialidades que carecen de los profesionales necesarios”.
El último de los acuerdos unánimes en esta sesión ha sido, a partir de una moción de AxSí, instar a las administraciones públicas implicadas en la carretera denominada Camino del Hospital de Puerto Real “a que de manera coordinada y conjunta con la Diputación realicen las actuaciones necesarias de mantenimiento para preservar la seguridad en la vía hasta que se realice una actuación definitiva”.
