El pasado agosto el Ayuntamiento de Cádiz celebró un pleno extraordinario en el que, entre otros puntos, aprobaba el nuevo pliego del servicio de ayuda a domicilio (paso previo a su esperada licitación para “dignificar” a la plantilla), cuyo contrato lleva cinco años caducado y con una prórroga forzosa con la última concesionaria, DomusVi.
Aunque las trabajadoras (la mayoría son mujeres) y la oposición han defendido (y defienden) la remunicipalización de este servicio que costea principalmente la Junta de Andalucía (como se ha materializado por ejemplo en los últimos tiempos, no sin pelearlo y mucha paciencia por parte de las trabajadoras, en el vecino Ayuntamiento de San Fernando o el de Puerto Real), el Gobierno del PP liderado por Bruno García nunca ha sopesado dicha opción, y en todos estos meses se ha trabajado en mantener privatizado este servicio público.
Una de las principales novedades es que este pliego se ha dotado económicamente “muy por encima del precio de financiación de la Junta”. La administración autonómica cifró en 16,15 euros el coste por hora, mientras que el Consistorio gaditano lo ha llevado a 20,50 euros. De este modo, la partida destinada a ayuda a domicilio con respecto al último presupuesto municipal supone unos 2,5 millones anuales más que lo que se destinaba antes.
Sin embargo, en este proceso, la sección sindical de Autonomía Obrera en la actual concesionaria se ha encontrado que DomusVi pretende incluir entre los trabajadores a subrogar a personal propio “que no ha trabajado en exclusividad para este pliego de condiciones”.
“SOLICITAMOS LA CORRECCIÓN DEL LISTADO DE SUBROGACIÓN”
“Ante la elaboración del pliego -repasan desde AO-, el Ayuntamiento pidió lista de subrogación a DomusVi quien facilitó un listado agregando en el mismo al director provincial de la empresa y que entendemos, no es personal subrogable sino personal de estructura de dicha empresa y que como así consta en resoluciones de otras ciudades, no ha trabajado en exclusividad para la capital gaditana”.
Ante estos hechos, a lo largo de septiembre el sindicato ha registrado escritos dirigidos al alcalde, al concejal de Asuntos Sociales Pablo Otero y al director del área de Contratación “en el que solicitamos la corrección tanto del listado de subrogación como de anomalías en la plataforma de contratación del Estado”.
“Es un hecho muy grave el querer descargar en el nuevo pliego a personal que ha sido el encargado en la precarización sistemática de este colectivo mientras se autonegociaba una mejora voluntaria de 21.348 euros para disfrutar de un salario de 40.810 euros anuales, que con la Seguridad Social pasarían a ser más de 50.000 euros, según listado de subrogación facilitado en la plataforma de contratación del Estado”, remarca AO en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Pero es que además no es la primera vez que ocurre esta situación, se expone: “ya con el servicio de mantenimiento urbano gestionado por Martín Casillas, esta contrata intentó exactamente lo mismo con el personal de estructura de su empresa y el Ayuntamiento optó por excluirlo del listado de subrogación en el nuevo pliego”.
Y se insiste en que es “toda una barbaridad y aberración que el Ayuntamiento permita y sea cómplice de encarecer un pliego de condiciones (el de ayuda a domicilio) que estaba fundamentado (según el equipo de Gobierno popular), en dignificar las condiciones laborales de un colectivo de trabajadores precarizado”.
Mientras tanto, lamentan desde Autonomía Obrera, el Consistorio y su área de Asuntos Sociales continúan haciendo gala de “una falta de fiscalización” total a DomusVi, que todavía explota el contrato, “ninguneando a unas trabajadoras que como se ha demostrado en multitud de ocasiones, la más reciente en el mes de julio ante la Inspección de Trabajo, precariza a este colectivo, mientras dan cobijo al culpable de la lamentable situación de las auxiliares, poniendo en peligro la nueva adjudicación”.
