El Sindicato de Contratas y Servicios Públicos de Cádiz (SSP) ha hecho pública la incomprensible situación de Encarnación, de 61 años de edad, una auxiliar del servicio de ayuda a domicilio de la capital gaditana (que sigue explotado en precario por la empresa Domusvi, mientras la demorada nueva licitación está paralizada al ser recurrida), quien lleva casi cuatro años en situación de incapacidad temporal debido a múltiples lesiones. Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y dicha contrata le obligan a volver a trabajar a pesar de precisar hasta de un andador ortopédico para desplazarse.
“De todos es conocido el extremo rigor del que, en los últimos años, viene haciendo gala el INSS a la hora de reconocer las incapacidades permanentes a los trabajadores. Pero en ocasiones, además, ese desmesurado rigorismo raya, sin duda, en lo inhumano cuando se acaba imponiendo la obligación de trabajar en su profesión habitual a personas que claramente no reúnen las más básicas condiciones para ejecutarlas”, denuncian desde SPP en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Encarnación, quien presta servicio para el Ayuntamiento de Cádiz desde 2008, ha vivido en los últimos años, desde 2021, una sucesión de accidentes laborales y bajas temporales por dolencias graves, que incluyen una lesión en el hombro, una fractura de coxis, vértigos, y problemas de movilidad que ya le obligan a usar un andador ortopédico. A pesar de su deteriorado estado de salud, el INSS le ha denegado en repetidas ocasiones la declaración de incapacidad permanente, alegando que sus dolencias “no constituyen incapacidad permanente en ninguno de sus grados”.
Según el sindicato, el INSS ha mostrado “un rigor extremo e inhumano” en la evaluación de la trabajadora, llegando incluso a ignorar informes médicos que señalan limitaciones funcionales importantes, como “marcha inestable” y “cervicalgia con clínica vertiginosa”. Esta decisión le ha forzado a reincorporarse a su puesto como auxiliar de ayuda a domicilio en varias ocasiones, a pesar de no estar en condiciones para las labores encomendadas.
“UN CASO ABSOLUTAMENTE SURREALISTA”
Al reintegrarse en junio de 2023, tras cumplir el máximo legal de 545 días en incapacidad temporal, Encarnación se vio nuevamente incapacitada para realizar sus tareas y fue dada de baja otra vez. Sin embargo, tras un nuevo proceso de evaluación en julio de 2024, el INSS volvió a denegar la solicitud de incapacidad permanente, obligándola a volver al trabajo “por no ser las lesiones que padece constitutivas de incapacidad permanente en ninguno de sus grados”.
Y ello a pesar de que el propio informe médico del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) señalaba, entre las limitaciones funcionales presentadas por esta mujer, que se encontraba “usando andador para la marcha”. “Una decisión de la dirección provincial del INSS, sin lugar a dudas, absolutamente surrealista”, subrayan desde el sindicato denunciante.
Además, Domusvi, basándose en un informe (de su servicio de prevención) que la declara “apta con limitaciones”, le asignó tareas de asistencia y limpieza que, según el SSP, son también incompatibles con su estado físico: “ayudar al aseo y arreglo de los usuarios, ayudar para levantarse y acostarse, tareas de mantenimiento de las viviendas de los usuarios, realización de compras, o acompañamientos. Actividades, varias de ellas, que la propia Encarnación ni siquiera es capaz de ejecutar de forma adecuada y sin limitaciones en su propia vida diaria”, se sobresale.
No obstante, los usuarios que se le asignaron y sus familiares “demostraron tener más racionalidad y empatía que los propios responsables de la empresa y no tardaron en ponerse en contacto con las coordinadoras del servicio para indicarles que Encarnación, por sus condiciones de salud, no podía realizar las tareas de apoyo que precisaban”.
Y a partir de ahí, desde mediados de octubre, se le han encargado nuevos cometidos, centrados principalmente en tareas de acompañamiento y apoyo en la organización individual, actividades de ocio y tiempo libre, “pero desarrolladas en jornada partida, de mañana y tarde, con horarios de finalización sumamente tardíos, lo que obliga a Encarnación a permanecer casi todo el día en la calle”. Para más inri, “se le ha obligado a trabajar en estos días de fuertes lluvias, pese a las graves dificultades y riesgos que le supone tener que utilizar, al mismo tiempo, un paraguas y un andador”.
La situación ha llevado al sindicato a calificar el trato de la dirección provincial del INSS como “injusto e inhumano, obligando a prestar servicios a una trabajadora que saben que no puede trabajar”, y de “lamentable” a Domusvi, empresa contratada por el Ayuntamiento de Cádiz, que “se muestra incapaz de cuidar de sus propias trabajadoras”.
“EL INSS DEBE CONCEDERLE YA LA INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL”
Expuesto el caso, desde el Sindicato de Contratas y Servicios Públicos se exige al INSS que revise de inmediato la situación de esta trabajadora y “después de casi cuatro años completos en situación de incapacidad temporal” le conceda la incapacidad permanente total que le permita retirarse de sus obligaciones laborales como auxiliar de ayuda a domicilio. Igualmente, insta a Domusvi a proporcionarle funciones y horarios acordes a su estado de salud, evitando actividades que agraven sus ya severos padecimientos físicos, mientras lo anterior no tenga lugar.
Por último, el sindicato hace un llamado a todas las instancias responsables, incluyendo al Instituto Nacional de la Seguridad Social, los servicios de salud y la Inspección de Trabajo, para que implementen políticas efectivas que protejan la salud de las trabajadoras de ayuda a domicilio, “quienes merecen mayor respeto y consideración en su entorno laboral”.
Con esta denuncia, este sindicato busca visibilizar la “precariedad y falta de apoyo” que enfrenta el colectivo de ayuda a domicilio, que “lleva años soportando condiciones injustas e insostenibles sin que se actúe a su favor”.
