Una treintena de alcaldes de diferentes puntos de España (y de variopintos partidos), entre ellos el de la capital gaditana, ha participado este martes día 1 en un encuentro telemático para volver a remarcar la oposición al “injusto” modelo de ayudas contra el coronavirus acordado semanas atrás por el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y que implican unos 5.000 millones de euros. Entre las críticas al mismo están que quedan excluidos los ayuntamientos que no tienen remanente positivo de tesorería, como le ocurre a Cádiz.
A esta videoconferencia han asistido los consistorios que se han adherido hasta la fecha al manifiesto rubricado a principios de agosto contra dicho acuerdo (además de Cádiz, Alicante, Almería, Badalona, Córdoba, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrasa, Teruel, Valencia y Zaragoza). Además, Barcelona y Torrelavega han participado como invitados a la nueva reunión.
Entre los municipios ‘presentes’ figuran 22 capitales de provincia y seis de las diez ciudades más grandes del Estado español, que suman una población de más de 11 millones de personas. En cuanto a los alcaldes participantes, pertenecen a 13 formaciones políticas distintas.
Al término, todos han firmado un comunicado conjunto rechazando el acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda (que todavía debe ratificarse en el Congreso de los Diputados y que prácticamente sólo defiende el PSOE), “por ser injusto y vulnerar el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos”.
“Ese acuerdo vulnera la autonomía financiera de las entidades locales y establece una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado”, se sentencia. Y asimismo, se solicita la apertura inmediata del proceso de diálogo con Hacienda que llevan semanas reclamando para “iniciar unas nuevas negociaciones que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad”.
“QUEREMOS BUSCAR, CON EL GOBIERNO, UNA ALTERNATIVA PACTADA”
Por su lado, el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, ha vuelto ha repetir que el modelo acordado para el reparto de 5.000 millones en ayudas para la lucha contra la crisis post-coronavirus “nos preocupa mucho ya que excluye a los ayuntamientos que no tenemos remanente positivo de tesorería”.
En este punto, ha recordado estos días además que “esto no es una cuestión de nuestra gestión, sino de la herencia recibida por la gestión anterior en cada uno de los municipios. Y en el caso del Ayuntamiento de Cádiz, mientras nosotros estamos en una dinámica de reducción de deuda financiera, veníamos de un histórico de 275 millones de deuda”, la que dejó veinte años de gobiernos del PP con Teófila Martínez al frente.
“Nos hemos reunido –apostilla- para decir enérgicamente que no, que queremos buscar, con el Gobierno central, una alternativa pactada con una voluntad de aportar con un carácter propositivo. Y hemos acordado pedir al Gobierno la redacción y aprobación de un nuevo Real Decreto express que recoja todas nuestras necesidades”.
“No estamos de acuerdo con que esta financiación extraordinaria motivada por la pandemia esté vinculada a los superávit de los ayuntamientos. Y de igual manera pedimos participar en el reparto de los fondos europeos al igual que lo hacen las comunidades autónomas, porque también los ayuntamientos damos servicio de primera necesidad, en la medida de nuestras competencias y un poquito más, a nuestros vecinos”, remarca el primer edil de Adelante Cádiz.
Como el resto de regidores críticos, el de la capital gaditana confía en que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos “reflexione, recapacite y reparta estos fondos con unos criterios de equilibrio entre los habitantes de los municipios, y no únicamente en función de los ahorros de los consistorios”.
Por último, González Santos ha resaltado en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz “el buen clima” existente en la reunión telemática con alcaldes pertenecientes diferentes partidos: “aunque pensemos diferentes somos capaces de llegar a acuerdos y de ponernos de acuerdo en lo importante”.
“DESEO DE MEJORAR” LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS ENTIDADES LOCALES
Esta treintena de alcaldes ha consensuado un manifiesto con diez puntos, en el que entre otras cosas, se sobresale y reivindica el papel jugado por los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, “independientemente de su color político o de su situación económico-financiera”. Un esfuerzo que, se dice, “está siendo realizado hasta la fecha sin ayudas de ningún tipo, exclusivamente con recursos propios en unas circunstancias excepcionales -de duración desconocida- que han hecho mermar los ingresos y aumentar los gastos de manera inédita”. En este punto, se subraya que “necesitamos imperiosa y urgentemente ayudas estatales y europeas para poder continuar prestando a nuestros vecinos los servicios y medidas anti-Covid que necesitan y colaborar desde el ámbito local en la imprescindible reactivación de la economía”.
Además de rechazar el acuerdo entre la FEMP y Hacienda “por ser injusto y vulnerar el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos”, se constata que el decreto que recoge el mismo “no cuenta con mayoría suficiente para ser convalidado en el Congreso”, y se entiende que la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de tramitarlo como proyecto de ley “es inaceptable. Eso supondría insistir en un enorme error y, además, retrasar las medidas que pudieran aprobarse más allá del presente año”.
En ese escenario de ausencia de mayoría suficiente para convalidar el decreto, se vuelve a solicitar “la apertura inmediata del proceso de diálogo con el Ministerio de Hacienda”. Una nueva negociación que “debe basarse en los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP el pasado 2 de abril para reclamar al Gobierno que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria”.
Así, estos alcaldes reclaman que el Gobierno central debe elaborar otro decreto, y tramitarlo con la mayor urgencia posible, “en el que se recojan las medidas que sí cuentan con un amplio respaldo político”: un fondo estatal incondicionado de 5.000 millones para todos los ayuntamientos y otro específico para la financiación del transporte municipal; la ampliación del plazo de las inversiones financieras sostenibles y la eliminación de la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos para 2020 y 2021.
Al mismo tiempo, en este comunicado conjunto se exige que los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades.
