La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha querido replicar el análisis sobre nueva vivienda en la capital gaditana “en un horizonte más o menos cercano”, y es que una información publicada por Diario de Cádiz recientemente se aseveraba que la ciudad tiene a día de hoy “1.750 viviendas garantizadas”.
Ante este cálculo generoso y optimista, teniendo en cuenta que la falta de vivienda y sus precios prohibitivos son uno de los grandes problemas de un Cádiz cada año con menos gaditanos, la Apdha precisa que de ese total de viviendas “únicamente 289 serán de carácter público y la mayoría estará disponible a largo plazo”.
Pero además, de éstas 289 viviendas promovidas desde lo público, las 42 que tiene pendiente la Junta de Andalucía desde hace años en la tercera fase de Matadero “no están aún contempladas” entre los planes del Gobierno autonómico del PP, “y conviene recordar que la segunda fase tardó 15 años en ejecutarse”.
Del mismo modo, las 97 viviendas nuevas promovidas por el Ayuntamiento de la barriada Manuel de Falla (en el contexto del proyecto Tacita de Plata) serán las que resulten de la reforma de dicha barriada, “lo que puede tardar, como mínimo, una década”.
En cuanto a las viviendas de protección oficial en venta, las 257 que existen pertenecen a promotoras privadas, y serán de régimen de precio limitado, “lo que significa que su precio será similar a los del mercado libre, dada cuenta que la Junta de Andalucía subió los precios de los módulos de VPO un 14,5%”.
También repara la Apdha en las viviendas planteadas en los suelos de Navalips por la Zona Franca de Cádiz, hasta 800 nuevas viviendas en lo que sería un nuevo barrio en extramuros. Aquí se plantean que la mitad serían de renta libre y las otras 400 de VPO, aunque “se desconoce si van a ser también vendidas a una empresa privada para su comercialización como hizo la Junta con las 202 de Puntales o, si finalmente, el Estado va a atender la demanda ciudadana de destinarlas al alquiler”. Sea como sea, “esta es igualmente una operación de calado que necesitará varios años para su desarrollo”.
“SÓLO HAY GARANTÍAS DE UNAS 150 VIVIENDAS DE PARQUE PÚBLICO”
Por todo lo cual, apunta esta asociación en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, de momento en los próximos años únicamente hay garantías de contar en la ciudad con unas 150 viviendas de parque público: las 67 que se proyectaron e iniciaron en el mandato anterior con gobierno izquierdista en el Ayuntamiento y las 83 anunciadas por el actual Ejecutivo del PP “de las que ni siquiera se han iniciado las obras”.
En este punto, se recuerda que los más de 6.000 demandantes de vivienda pública en la ciudad lo son porque no pueden acceder a la compra en el mercado libre, si bien tampoco podrán acceder en su mayoría a las VPO de precio limitado, “cuyo coste actual es de 2.523 euros el metro cuadrado al que hay que sumar los gastos de compraventa y la disposición de al menos un 30% del coste total en ahorros”.
Ante estos datos, la Apdha insiste en reclamar políticas “contundentes” en materia de viviendas dirigidas al alquiler, de una parte, a través de la promoción de vivienda pública con el concurso de todas las administraciones y, por otra, impidiendo la proliferación de vivienda turística, gravando a las viviendas vacías y aplicando la Ley estatal de Vivienda (que boicotea el PP en las comunidades donde gobierna) para el control de los precios del alquiler.
“Ello significa que en ningún caso se debe enajenar el patrimonio público como se viene haciendo”, se añade, teniendo en cuenta por ejemplo la operación del Campo de las Balas que persigue el Ayuntamiento para ingresar unos 10 millones de euros por este suelo municipal; o la venta de la antigua Escuela de Náutica que pretende la Junta.
Por último, se aprovecha para mostrar un “profundo rechazo” a la conversión de buena parte del solar de Tolosa Latour en oficinas de la Junta de Andalucía: “en la actualidad existen centros suficientes para albergar a su personal administrativo, sin la necesidad de gastar 16 millones en una nueva mole administrativa, restando para siempre un suelo tan necesario para la ciudad y con cuyo coste se podrían levantar 160 nuevas viviendas”, se sentencia.
“1,2 MILLONES PARA LA EXPROPIACIÓN DE FINCAS”
Por su lado, el PSOE se ha mostrado muy crítico ante el anuncio del alcalde Bruno García relativo a la incorporación de una partida de 1,2 millones de euros en los presupuestos municipales para 2025, todavía por aprobar, para la expropiación de fincas; una cantidad supeditada a la controvertida venta del Campo de las Balas, donde se proyecta otro hotel.
“El Campo de las Balas es un suelo público que no debe venderse, debe seguir siendo patrimonio de la ciudad, y no debe ser condicionante ni para que el Ayuntamiento cumpla o no su compromiso con Valcárcel, ni para que cumpla o no su compromiso con la vivienda a través de la expropiación de fincas”, se queja el portavoz municipal socialista, Óscar Torres.
Para el principal partido de la oposición, si la derecha quiere poner soluciones sobre la mesa, “hay que expropiar con partidas económicas que no estén condicionadas, hay que dejar de vender vivienda pública y hay que apostar por las viviendas públicas en régimen de alquiler”. “Anuncios como el que ha hecho el alcalde que dan lugar a pensar que realmente habrá 1,2 millones para expropiar fincas cuando no está garantizado es volver a engañar a los gaditanos como hizo con los 5 millones de Valcárcel”, apostilla Torres.
