Delegados y simpatizantes de CSIF se han manifestado en Cádiz ante la Subdelegación del Gobierno, así como en el resto de provincias españolas, de nuevo en defensa del modelo de prestación sanitaria de Muface, que se tambalea por el chantaje que están ejerciendo las aseguradoras privadas para ganar todavía más dinero a costa de lo público. Un modelo que beneficia directamente a unas 35.000 personas en la provincia gaditana (entre funcionarios de la Administración del Estado, de la Educación pública, familiares y jubilados).
En este sentido, el sindicato ha exigido a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) que intervenga y convoque de urgencia su Consejo General para analizar los casos en los que se ha cancelado la atención sanitaria a los funcionarios y demás personas afectadas y las posibles consecuencias derivadas para las aseguradoras.
Y asegura que su presión ha permitido acercar posturas para la firma de un próximo concierto, con un incremento de la dotación económica, y por eso ha aplazado la huelga convocada hasta que se resuelva la licitación.
En todo caso, CSIF señala en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que va a estar vigilante hasta que concluya la prórroga del concierto y a expensas de la denuncia presentada ante la Fiscalía “porque sigue habiendo situaciones de falta de atención sanitaria”. Y posteriormente, velará por el cumplimiento del nuevo acuerdo.
“Y LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, ABANDONADOS”
En la concentración de este jueves, también se ha denunciado el “abandono” del Gobierno central al conjunto de los empleados públicos: a fecha de hoy, siguen sin ingresar el 0,5% adicional del año pasado, sin subida salarial de 2025, sin oferta de empleo público y sin las mejoras prometidas en materia de jubilación parcial.
Mejoras aprobadas como la subida de las pensiones o del salario mínimo interprofesional “deben de ir acompañadas también con las mejoras pendientes para nuestros servidores públicos”, insisten desde CSIF.
Este sindicato calcula que los empleados públicos pierden un 6% de poder adquisitivo desde que en 2022 se firmara el anterior acuerdo y más de un 20% desde los recortes de 2010. “La nueva negociación debe permitir recuperar la estructura salarial previa a esa reducción en las nóminas de los trabajadores de las administraciones públicas”, se añade.
Además, CSIF reclama mayor inversión y más plantillas suprimiendo la tasa de reposición, corregir las desigualdades retributivas entre administraciones, acabar con las desigualdades en las pensiones, jornada laboral de 35 horas semanales en el conjunto del Estado, adecuación de los grupos profesionales o la carrera profesional.
