CSIF se concentrará en Cádiz los días 4 y 18 de mayo para exigir a la Junta de Andalucía el abono de la cantidad pendiente de la extra de 2012, así como la restitución a los empleados públicos andaluces de todos los derechos perdidos, entre ellos la jornada laboral de 35 horas semanales. Se anuncia una vez que el Gobierno central ha asegurado que devolverá el 50% pendiente a los funcionarios del Estado.
CSIF se concentrará en Cádiz los próximos días 4 y 18 de mayo para exigir a la Junta de Andalucía el abono de la cantidad pendiente de la extra de 2012, así como la restitución a los empleados públicos andaluces de todos los derechos perdidos, entre ellos la jornada laboral de 35 horas semanales. La convocatoria ha sido acordada en Consejo Autonómico del sindicato y se llevará a cabo simultáneamente en todas las capitales andaluzas.
Posteriormente, habrá una concentración conjunta de todos los delegados a nivel regional en Sevilla para el 9 de junio, frente al Parlamento, mientras se celebra la sesión plenaria, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz.
Tras el anuncio del Gobierno central de que devolverá el 50% pendiente a los trabajadores de la Administración General del Estado, curiosamente ahora que parece que se van a repetir las elecciones generales, a finales de junio; CSIF exigirá en sus movilizaciones que la Junta abone el 75% pendiente de la extra de 2012 y restituya todos los derechos que los empleados públicos andaluces han perdido en estos años de crisis-estafa.
CSIF entiende que los empleados públicos andaluces “merecen, tras sostener con su esfuerzo y profesionalidad los servicios públicos a pesar de los recortes, el reconocimiento de su propia Administración y la recuperación de todos los derechos cercenados durante estos años”, tal y como ha sucedido en otras comunidades y con el personal de la Administración General del Estado, en la línea de recuperación económica que señalan los indicadores económicos y las administraciones. En este sentido, no se comparte que la administración regional “aumente y fomente las desigualdades” entre sus empleados públicos y los del resto del conjunto del Estado.
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