El actual Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos “no quiere” iniciar una investigación sobre “el supuesto delito de prevaricación” alrededor de las obras del segundo puente sobre la Bahía de Cádiz, el puente de la Constitución de 1812, inaugurado todavía sin finalizar en otoño de 2015.
Ciudadanos, que es la formación que ha elevado el tema al Congreso, se queja de que “por segunda vez, hemos recibido como respuesta a este asunto que, al haber sido una actuación de un gobierno de la anterior legislatura, no es competencia del Gobierno central iniciar cualquier tipo de investigación al respecto”. Este partido de derechas ya presentó anteriormente el asunto en febrero.
Un mes antes, en enero, se conoció un informe del Tribunal de Cuentas alrededor de este proyecto, abordando el análisis de la gestión contractual de unos trabajos cuya ejecución iba a durar unos cuatro años y se extendieron a lo largo de diez, de 2007 a 2017, y que ha implicado una inversión para el entonces Ministerio de Fomento de 490 millones de euros, aunque la previsión inicial rondaba un gasto de 300. En dicho documento se ponía el acento en que una vez adjudicada la obra e iniciada se cambió el proyecto para habilitar una plataforma tranviaria.
Para la diputada naranja por Cádiz en el Congreso, María del Carmen Martínez, la reciente respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez “deja en evidencia la absoluta falta de transparencia”. “Nos parece increíble que un gobierno exponga este argumento para evitar facilitar información al respecto, o si, por el contrario, tienen previsto abrir una investigación que aclare cuáles fueron los motivos que llevaron al Ministerio de Transporte a modificar el proyecto con el consecuente sobrecoste para las arcas públicas, entre otras cuestiones”.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la franquicia naranja repite que “hace tres meses nos dirigimos al Congreso y preguntamos precisamente por la construcción del puente, después de que el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas haya visto indicios de un posible delito de prevaricación administrativa, además de responsabilidad contable, por las irregularidades detectadas en los contratos”.
Para Ciudadanos (que cogobierna en diferentes comunidades autónomas, como Andalucía, junto al PP y el aliento de la ultraderecha), “este tipo de respuestas por parte del Gobierno central nos demuestra el desinterés que existe para el PSOE cuando hablamos de investigar supuestos delitos de prevaricación”; aunque parece olvidar que la ejecución de esta obra coincidió en el tiempo principalmente con gobiernos estatales populares.
“Esta actitud –sentencia Martínez- es un claro ejemplo de un partido que prefiere evitar este tipo de investigaciones echando balones fuera y no siendo responsable con asuntos de esta índole”.
