El alcalde de Cádiz, el de Conil, y una veintena de concejales de Podemos e IU de municipios andaluces se han reunido en el Ayuntamiento de la capital gaditana para defender la puesta en marcha de “unos planes de empleo de calidad, no los planes que en la actualidad la Junta está poniendo en marcha”. Estos programas Emple@ Joven y Emple@30+ “no son financiados total y absolutamente por la Junta, sino que nos dicen ahora que tienen que ser cofinanciados por los ayuntamientos”, se lamenta. “Es como si la Junta nos invitase a cenar, pero la cuenta la pagamos nosotros”, cuestiona González Santos. El PP también habla de “trampa” para los consistorios. La Junta replica que la normativa reguladora de estos programas es “de obligado conocimiento por parte de todo aquel que lo solicita”.
El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, el alcalde de Conil, Juan Bermúdez, y una veintena de concejales de Podemos e IU de diferentes municipios andaluces -como Málaga, Lebrija, Marbella, Torremolinos, El Coronil, Rota, Chiclana o San Fernando, entre otros- se han reunido este martes en el Ayuntamiento de la capital gaditana para defender de forma conjunta la puesta en marcha de “unos planes de empleo de calidad en la comunidad autónoma, no los planes que en la actualidad la Junta está poniendo en marcha”, como ha anotado el regidor conileño, de IU.
Así, ambos alcaldes han criticado que, en los programas Emple@ Joven y Emple@30+ -que permite a los ayuntamientos la contratación de parados jóvenes y mayores de 30 años durante unos meses para proyectos concretos-, la Junta “elude su responsabilidad con los desempleados y traslada el cumplimiento y ejecución de sus competencias en empleo a los consistorios”, al ser las administraciones locales las que deben soportar el coste económico de la puesta en marcha de estos planes y competencias de otras instituciones que, en este caso, es el empleo.
A decir de Bermúdez, “Susana Díaz nos viene engañando a los ayuntamientos andaluces desde hace dos años, anunciando unos planes de empleo antes de las elecciones andaluzas, y han tenido que transcurrir dos años para su puesta en marcha, como hemos venido denunciando en todo este tiempo”. Y asimismo, ha centrado gran parte de su intervención en denunciar que la presidenta socialista aseguró en el Parlamento el pasado mes de junio que los consistorios “íbamos a recibir el 100% de la financiación de estos planes de empleo y, sin embargo, en las resoluciones que han ido llegando a los ayuntamientos sólo aparece el 50%. El 50% restante, cuando se empiece a justificar”. A ello, ha añadido que los responsables políticos del PSOE de las diferentes delegaciones provinciales habían anunciado que tanto el salario como la seguridad social de las personas que accedan a estos planes de empleo iban a financiarse al 100%, algo que ha afirmado de forma tajante que ha resultado ser “falso”.
“Estos planes –se ha quejado el izquierdista- no son financiados total y absolutamente por la Junta, sino que nos dicen ahora que tienen que ser cofinanciados por los ayuntamientos, y si los consistorios no tienen competencia en planes de empleo y se nos prohíbe aumentar el capítulo uno, ¿cómo los ponemos en marcha?”. Es por ello que en nombre de todos los cargos electos presentes ha reclamado a la administración andaluza que dé respuesta a esta situación, “que no se lave las manos como Pilatos y que no nos deje a los ayuntamientos en la estacada, teniendo que asumir competencias que no son propias”. “Somos defensores de los planes de empleo, pero siempre que sean de calidad y con salarios justos”, ha recalcado.
“LA JUNTA NOS INVITA A CENAR, PERO LA CUENTA LA PAGAMOS NOSOTROS”
Por su parte, el alcalde de Cádiz ha evidenciado que estos planes de empleo suponen “un colchón económico necesario para muchísimas familias andaluzas”, y es por eso que se venía reclamando a la Junta su puesta en marcha desde hace meses. “Pero cuál es nuestra sorpresa cuando nos llega una comunicación informándonos de que, en base a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al Ayuntamiento de Málaga, estos planes deben ponerse en marcha de manera cofinanciada entre la Junta y los ayuntamientos”. “Una financiación que implica una aportación económica de las que carecemos por dos razones: porque las competencias en materia de empleo le corresponde íntegramente a la Junta y porque a los ayuntamientos se les ha vaciado económicamente y competencialmente de las facultades que necesitaríamos para poner en marcha planes de empleo”.
En este punto, González Santos ha manifestado que la modificación del artículo 135 de la Constitución –acordada con nocturnidad por PSOE y PP-, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local “nos restringen las competencias, nos elimina las competencias en empleo. Y con estos planes –ha añadido-, la Junta nos obliga a emplear unos recursos que no tenemos en empleo y que son de su competencia”.
En concreto, según ha apuntado el primer edil de Por Cádiz sí se puede, su Ayuntamiento tendría que destinar más de 3 millones de euros a estos planes de empleo. “Es como si la Junta de Andalucía nos invitase a cenar, pero la cuenta la pagamos nosotros”, ha ofrecido como ejemplo.
En este sentido, ha criticado que la Junta haga “publicidad de invertir en empleo mediante estos planes, pero la mayor parte de los recursos económicos para sus planes de empleos los tenemos que pagar desde los consistorios”.
Por todo ello, ha demandado el 100% de los recursos económicos para la puesta en marcha de estos planes de empleo y la modificación de la normativa para evitar sanciones por parte de la Inspección, en base a la sentencia existente del TSJA contra el Ayuntamiento de Málaga.
“Entendemos la importancia de los planes y nos encontramos ahora en una encrucijada importante, porque no podemos decir que no a ellos por el colchón económico imprescindible que supone para muchas familias, pero nos vemos ante la imposibilidad de poder aportar la cuantía que se nos exige. Es imposible que el Ayuntamiento de Cádiz pueda aportar esos 3 millones de euros que se nos pide”, ha insistido José María González.
De este modo, en nombre de todos los presentes, el alcalde de Cádiz ha exigido a la Junta de Andalucía “una solución inmediata para viabilizar unos planes de empleo que la propia administración andaluza pretende poner en marcha”.
“LA NORMATIVA REGULADORA ES DE OBLIGADO CONOCIMIENTO”
Ante estas quejas de alcaldes y concejales de diferentes ayuntamientos andaluces, la consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta ha salido al paso recordando que la financiación de estos planes “procede de fondos europeos, concretamente los destinados al Fondo de Garantía Juvenil, siendo estos fondos quienes marcan los plazos de la formación que se adquiere a través de estos contratos”.
Y se añade que el objetivo de los planes de empleo “es proporcionar una capacitación a las personas desempleadas que resultan beneficiarias de ellos. Esta capacitación, que es la que les va a exigir el mercado posteriormente para su inserción laboral, no se adquiere en un periodo de tiempo inferior” a los seis meses, se entiende.
“Los alcaldes son conocedores de esta realidad, trasladada a ellos desde la propia Junta de Andalucía y recogida por la normativa reguladora de este programa (de obligado conocimiento por parte de todo aquel que lo solicita), que establece que los contratos realizados a menores de 30 años (Emple@Joven) tengan una duración de seis meses, y las altas que beneficien a mayores de 30 años (Emple@30+) duren entre tres y seis meses”, se remarca desde la consejería; agregando que dicha normativa, además, ha sido aprobada por el Parlamento andaluz, “institución que representa al pueblo andaluz e inviolable, según marca el Estatuto de Autonomía vigente”.
Asimismo, se anota, “los consistorios saben que disponen de tres fórmulas para concretar las contrataciones que realicen en el marco de estas iniciativas”. El propio director general de Políticas Activas de Empleo de la Junta “se ha reunido con alcaldes de las formaciones políticas que ahora denuncian estos planes para informarles de la aplicación de las tablas salariales, sin que afecte para ello el caso concreto del Ayuntamiento de Málaga, cuya sentencia responde a una casuística diferente”.
Y en último lugar, desde el Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz se quiere destacar “el esfuerzo realizado por los empleados públicos de su administración en la tramitación de estos planes de empleo con la mayor agilidad y rigor posibles, desde sus recursos y competencias”.
UNA “TRAMPA” PARA LAS ADMINISTRACIONES LOCALES, SEGÚN EL PP
Mientras, este mismo martes el secretario general del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, ha culpado a la Junta de Andalucía de ser la administración responsable “de los retrasos” de sus planes de empleo.
Desde la derecha se apunta que el Gobierno regional anunció el pasado mes de octubre 39 millones de euros, procedente de fondos europeos, para el desarrollo de dicho programa en la provincia de Cádiz, “y tras los retrasos de la concesión de las ayudas se obliga ahora los ayuntamientos a poner 20 millones que no tienen, dejando de contratar a 5.000 beneficiarios”.
En este sentido, Saldaña acusa al Gobierno socialista de “tender una trampa a las administraciones locales” exigiendo a estas abonar más del 40% del importe previsto. Así, desde el PP aseguran que el decreto establecido asigna cantidades insuficientes para el desarrollo de los planes para los distintos municipios de la provincia teniendo en cuenta las categorías de los grupos y los sueltos que se han determinado para los mismos.
De otro, este número dos del PP provincial denuncia retrasos en la emisión de la resolución positiva por parte de la consejería de Empleo, para transferir la cantidad concedida destinada a pagar los sueldos de los parados a contratar temporalmente. Igualmente destaca la existencia de errores en la planificación de los programas: “hasta en cuatro ocasiones se ha tenido que modificar la normativa a fin de corregir errores cometidos en ediciones anteriores”.
Con ello, la derecha anuncia que presentará una moción en cada ayuntamiento para que estos soliciten de manera inminente al Gobierno de Susana Díaz más aportación para el desarrollo de los programas y una modificación de la normativa para que no se produzca “una trampa hacía las Corporaciones locales”.
EL PSOE SE DEFIENDE HABLANDO DE LA “PINZA” PODEMOS/IU-PP
Y la secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha salido en defensa de la Junta al raíz de las críticas que han vertido concejales de Podemos e IU, y desde el PP provincial, alrededor de los planes de empleo que dice promover la administración regional. Interpreta que es una “acción sincronizada” como “muestra palpable de que pretenden perpetuar la pinza de siempre contra la Junta de Andalucía, la que les lleva al más absoluto de los rechazos por parte de los andaluces”.
A Podemos y “sus acólitos de IU” –a los que el PSOE recurrió para gobernar durante la anterior legislatura, ante la victoria electoral del PP, sin mayoría-, esta también parlamentaria les reprocha “que utilicen el Consistorio gaditano como sede para sus operaciones políticas estratégicas, algo que no es normal ni lógico pues los partidos suelen usar sus sedes para esas cosas, eso no se lo ha debido de explicar bien IU”. Así, afirma que el gesto de González Santos al reunir allí a sus compañeros de partido como “un sectario uso de las instituciones aunque no nos sorprende pues en los debates en plena campaña interna ya utilizaron las instalaciones del Parlamento andaluz”. “Es lo que tienen los partidos de nuevo cuño, la poca cultura democrática que destilan o lo que es peor, el exceso de propaganda desde las instituciones, propia de regímenes totalitarios”, apunta sin rubor. Se ve que su partido no usa las instituciones.
“Mientras otros ayuntamientos de la provincia se dedican a trabajar para complementar la acción de otros gobiernos en materia de lucha contra el desempleo, en la provincia nos encontramos con el de la capital, tomado por un grupo de concejales de dos partidos mal convergentes imbuidos del espíritu de Vistalegre, lanzando consignas anti Junta, la verdad es que resulta podo decoroso”, afirma Maese.
En cuanto al PP, recrimina que “eluda en su análisis la situación la corresponsabilidad del Gobierno central, pues niega a Andalucía la financiación que merece y encima ha llevado a cabo el mayor recorte en políticas activas de empleo que se conozca en democracia”. “Cuando el Gobierno del PP apruebe el plan especial de empleo que le corresponde a Cádiz, podrá cuestionar con todas las de la Ley”, apostilla, olvidando que ese mismo PP siguen al frente del Gobierno central gracias a su propio partido y a Ciudadanos.
Esta parlamentaria isleña si bien admite que “los planes de empleo de la Junta puedan haber sufrido algún retraso a la hora de ponerlos en marcha consecuencia de la manera formal en que estos han de desarrollarse, según Bruselas”, se congratula de que “ya se haya abonado el 50% de los planes a todos los ayuntamientos de la provincia puesto que se han emitido ya las resoluciones, y el otro 50% se abonará en febrero, todo esto está regulado en normativa, lo que diga el PP fuera de esta realidad, no encaja”.
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