“Las familias del Cerro del Moro no quieren que se les regale nada, pero tampoco que una administración que es la competente en materia de vivienda actúe con este sinsentido y, en vez de dar soluciones estables y dignas a la población, se dedique a la especulación a costa de los derechos”.
Así lo reiteran desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), dando voz a afectados por la operación prevista a partir de la demorada séptima fase de rehabilitación integral de este barrio vulnerable de Cádiz que se viene reclamando desde hace años, aunque una vez que se ha concretado no es exactamente lo esperado.
Tras años con la operación paralizada, de rifirrafes PP-PSOE e incluso la mediación y el reproche del Defensor del Pueblo Andaluz, la pasada primavera salían a licitación por fin las obras de construcción de la conocida como séptima fase del Cerro del Moro (67 viviendas destinadas a las familias de la octava fase, que llevan años sufriendo las condiciones precarias de sus casas), y en septiembre se adjudicaban los trabajos por casi 6,4 millones de euros a una UTE (de empresas de Granada y Almería) y un plazo máximo de 18 meses.
Sin embargo, entre la licitación y la adjudicación saltaba la polémica: los vecinos beneficiarios de la operación (donde finalmente entran fondos europeos) decían conocer con sorpresa que van a perder la propiedad de las casas que actualmente ostentan (construidas a finales de los años 50) y pasarían a vivir de alquiler en la futura nueva promoción, con posibilidad de compra al final del período de arrendamiento.
Tras ponerse en contacto con estas familias y conocer sus quejas y reivindicaciones, la Apdha tiene claro que “que estamos ante un negocio encubierto de la Junta de Andalucía por el cual les arrebata a estas personas la propiedad de sus viviendas por unos 30.000 euros, un coste desproporcionado en comparación con los precios de la vivienda en la ciudad, y les obliga a pagar durante 50 años un alquiler en las viviendas nuevas”.
“La operación le sale redonda a la administración autonómica en tanto que hace la obra del edificio nuevo gracias a los fondos estatales y europeos y, además de recibir la renta por las viviendas resultantes, se queda con el suelo que dejan disponible estos vecinos; suelo que se va a destinar a la construcción de 26 viviendas y de un parque de garajes en la zona, todo ello muy probablemente para su venta”, añade esta asociación en la nota compartida con DIARIO Bahía de Cádiz.
La Apdha incide en que la justificación que aduce el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla es que las nuevas viviendas “deben ser obligatoriamente de alquiler porque así lo exige la subvención recibida de los fondos europeos”. Pero esa ayuda “incluye la demolición del bloque viejo por lo que, de negarse estas familias a abandonar sus viviendas sin unas garantías dignas, la subvención se perdería en su totalidad”.
“QUE SE CUMPLA LO QUE SE PROMETIÓ EN SU DÍA”
En este punto, sospecha que esta “maniobra” no se hubiera producido “si en vez de afectar a un barrio humilde se hubiera dado en un barrio de mayor capacidad económica”. “Ninguna persona que ostente en la actualidad una propiedad en la ciudad de Cádiz permitiría que la Junta le despoje de su vivienda a cambio de permanecer el resto de su vida de alquiler, sin garantía de que además no le vayan cambiando las condiciones a lo largo de todo ese tiempo”, se apostilla.
Por estos motivos, la Asociación Pro Derechos Humanos apoya la reivindicación que hace la comunidad de propietarios afectada en el sentido de reclamar a la Junta “que se cumpla lo que se prometió en su día y se lleve a cabo una permuta de las viviendas nuevas con las que ostentan en la actualidad, aunque fuera necesario abonar la diferencia que resulte al tratarse de viviendas en mejores condiciones para lo que habrían de buscar una financiación óptima”.
Frente a las críticas de los últimos meses, desde la consejería de Fomento de la Junta se ha defendido que el plan de rehabilitación de Cerro del Moro (que comenzó hace más de tres décadas y alcanza ahora sus últimas fases), “se ha desarrollado siempre con total transparencia. Todas las viviendas promovidas en el plan de esta barriada, las seis fases anteriores ya ejecutadas con 470 viviendas en total, se han adjudicado en régimen de vivienda protegida en alquiler”.
La sexta fase la mayoría son a pagar la diferencia en metros, ya que ellos tenían sus viviendas en propiedad y ahora después de 12 años les han mandado las cartas para comprar, y esto es lo que nosotros pedimos y nos prometieron, VPO.
Nuestras casas eran del Ministerio de Vivienda, y se hizo cargo La Junta de Andalucía y antes del año 90 nos dijeron que las compráramos, porque nos iban dar una nueva. Tenemos las escrituras de propiedad, las primeras casas las hizo en alquiler la Junta Andalucía, ya que los propietarios estaban en alquiler, y eran para el Ayuntamiento, pero las nuestras son de VPO y las queremos como la última sexta fase, pagando los metros de más. Llevamos esperando 34 años ya que éramos los primeros en ser rehabilitados.