La Asociación de la Prensa de Cádiz y la Demarcación Territorial del Colegio de Periodistas están molestas por las alusiones al ejercicio del trabajo periodístico plasmadas en el auto que archiva la causa contra el alcalde por un delito de injurias y calumnias a cuenta de las declaraciones vertidas contra el anterior equipo de Gobierno del PP en relación al corte de agua de Loreto en 2014. “Parece que señalara que nos encontramos ante un caso de menoscabo del honor como consecuencia de una mala praxis periodística”, se quejan estos colectivos, considerando que “de forma gratuita, incluye una serie de prejuicios sobre el periodismo que nada tienen que ver con la argumentación jurídica”.
La Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) y la Demarcación Territorial del Colegio de Periodistas de Andalucía han mostrado su malestar por las alusiones al ejercicio del trabajo periodístico plasmadas en el auto de la jueza del número 3 de Cádiz, en el que dictamina el sobreseimiento y archivo provisional de la causa penal contra el alcalde, su concejal de Medio Ambiente y el jefe de gabinete de Alcaldía, por un presunto delito de injurias y calumnias a cuenta de las declaraciones vertidas contra el anterior equipo de Gobierno del PP –que interpuso la querella- en relación al controvertido incidente del corte de agua en el barrio de Loreto en 2014.
Dicho auto señala que la demanda de la derecha se basa en “una rueda de prensa en la que no estuvieron presentes los demandantes”, por lo que “no se puede determinar cuáles fueron exactamente el contenido de las palabras y tampoco se puede determinar el mayor o menor rigor periodístico de las publicaciones en las que aparecen declaraciones entrecomilladas sacadas de contexto realizando una interpretación subjetiva el periodista”. E insiste la magistrada en que “nos encontramos con artículos periodísticos en los que no aparece la totalidad de la intervención, sino frases o expresiones que pudieron haber sido sacadas de contexto”.
La jueza achaca esta supuesta posible o supuesta falta de rigor a diferentes factores condicionantes como “la premura de tiempo ante el fatal cierre de la edición en los medios tradicionales, el afán por la exclusividad o la primicia en un medio competitivo, la mayor o menor trascendencia de la noticia y la complejidad de la misma, la inevitable subjetividad de las fuentes, los posibles intentos por manipular la información por portadores de intereses contrapuestos, el sesgo u orientación política del medio y muchos otros y como se puede tergiversar los hechos a efectos de conseguir un titular impactante que permita un incremento en las ventas”.
¿MALA PRAXIS PERIODÍSTICA?
“Vaya por delante nuestro respeto total a la decisión judicial, como no podría ser de otra manera. Suya es la competencia de juzgar si se dieron o no las circunstancias para poder catalogar como injurias o calumnias aquellas palabras. Son los jueces quienes están habilitados para hacerlo; en ellos recae la responsabilidad de calificar los hechos”, deja claro el colectivo de periodistas asociados y colegiados.
Y se añade en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz por parte de la APC y del Colegio que “la responsabilidad de los periodistas es otra. Es la de contar lo que sucede, difundir la información que pueda resultar de interés a la ciudadanía y explicar la actualidad. Esto implica también dar cuenta de los enfrentamientos políticos y los cruces de reproches que demasiadas veces protagonizan la actualidad política. En los casos en los que las críticas a la gestión realizada tienen como objeto un caso del impacto social que tuvo el corte de agua en Loreto, la cobertura está más que justificada. Los medios simplemente trasladaron lo que recogían unos informes técnicos oficiales y las conclusiones que los actuales gestores municipales sacaron de ellos. Lo irresponsable habría sido ocultar lo que se hizo público en aquella comparecencia”.
“A veces sentimos la presión de la hora de cierre, de ser los primeros, de dar la exclusiva, de tener que enfrentarnos a asuntos de una complejidad técnica que nos obligan a hacer un esfuerzo de comprensión. Incluso a veces procuramos plasmar un titular que llame la atención del lector. Pero pese a la complejidad que todos estos condicionantes implican, tenemos, por delante de todo, el objetivo de la verdad y la honestidad”, se asevera.
Y se sentencia que por encima de diferencias editoriales, “el relato ofrecido por los medios de comunicación sobre el asunto que aborda el auto es prácticamente unánime”. “Más allá de matices de estilo o del énfasis otorgado a la información –se añade-, los hechos coinciden. No hay discrepancias en las versiones. Resultaría cuanto menos curioso que todos los periodistas hubieran ‘tergiversado’ o ‘manipulado’, como el auto achaca a los medios, en la misma dirección”.
Este auto apunta también lo complicado de establecer un catálogo de buenas prácticas en el ejercicio del periodismo. “Pero no es así. Puede que no exista un catálogo que recoja toda la casuística, pero sí una serie de normas que rigen el código deontológico que todo profesional de la información debe cumplir y por cuya transgresión puede ser apercibido”, replican los colectivos de periodistas gaditanos.
La Demarcación del Colegio y la APC consideran que por el texto del auto “puede parecer que la jueza señalara que nos encontramos ante un caso de menoscabo del honor como consecuencia de una mala praxis periodística. Si ese hubiera sido el caso, habría sido denunciable. Sin embargo, ninguna de las partes implicadas parece haberlo considerado así. Es más, en un acto previo de conciliación los querellados confirmaron que lo que se dijo en aquella jornada ‘quedó fielmente reflejado en todos los medios de comunicación’”.
Por todo lo anterior, se insiste en mostrar “molestia” ante un texto que, “de forma totalmente gratuita, incluye una serie de prejuicios sobre el periodismo que nada tienen que ver con la argumentación jurídica”.
Por último, se llama la atención sobre la “situación de indefensión” en la que quedan los compañeros que difundieron la información aludida en el auto “y que, al contrario de las partes implicadas, no han tenido ocasión de ofrecer su versión sobre unos hechos de los que ahora se les achaca responsabilidad”.
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