Existen instrucciones desde el Distrito Sanitario, según CSIF, para que los servicios de urgencias en el centro histórico que precisen derivación hospitalaria, no se trasladen al Puerta del Mar. Se acusa al SAS de plantear una asistencia con “ciudadanos de primera y de segunda” y enmarca la medida en estrategias privatizadoras de la sanidad pública.
CSIF se ha hecho eco de las instrucciones realizadas desde la gerencia del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda para que los servicios de urgencias y emergencias que sucedan en Cádiz en intramuros (en el centro histórico) y que precisen derivación hospitalaria, sean derivados a la clínica San Rafael (concertada con la empresa Pascual) en lugar de al hospital público Puerta del Mar (a excepción de los casos de politraumatismos, ictus y síndrome coronario agudo).
Para el responsable del sector de Sanidad de dicho sindicato en Cádiz, Alberto Puyana, “esta medida irá en detrimento de la calidad asistencial”, toda vez que el equipamiento del Puerta del Mar “cuenta con mejores recursos, tanto técnicos, como diagnósticos y humanos, y pueden surgir complicaciones que deban ser derivadas secundariamente al centro hospitalario de Ana de Viya, provocando así la saturación de los equipos de emergencias del 061 por tener que dar asistencia tardía a procesos que puedan empeorar en San Rafael”.
“el Hospital Puerta del Mar cuenta con mejores recursos, tanto técnicos, como diagnósticos y humanos”
“De esta manera -entienden desde CSIF en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz-, se plantea una peligrosa coyuntura asistencial en Cádiz, con ciudadanos de primera y de segunda categoría, según la zona de la ciudad donde habiten, que nos parece temeraria, inoportuna, desacertada y falta del más común de los sentidos”.
Puyana cifra en “unas 50.000 personas” las perjudicadas por esta decisión de la Junta de Andalucía, ahora con gobierno de derechas, que son las que viven en casco histórico.
Este sindicato advierte además sobre que “se crea un antecedente pernicioso al otorgar a un centro privado concertado la responsabilidad de ser centro de derivación hospitalaria de urgencias, en unos tiempos en los que todos los agentes sociales coinciden en que se hace necesario precisamente invertir en sanidad pública y en el que, por tanto, la ciudadanía no entendería un giro tan radical de la gestión sanitaria andaluza hacia el sector privado”.
Por todo ello, CSIF muestra “la más absoluta disconformidad” con esta medida, que “crea un cambio sustancial en el statu quo de la sanidad pública”, y exige una rectificación en este tipo de actitudes “que amenazan con mermar la calidad asistencial y que responden a ideas y estrategias de gestión cercanas a las privatizaciones y que en otras comunidades autónomas ya demostraron sobradamente su ineficacia”.
