Pese a las denuncias de los últimos años por las pésimas condiciones del centro de recogida de animales abandonados (el Centro de Protección Animal Bahía de Cádiz, o más conocido como la perrera de la Mancomunidad) que comparten en suelo chiclanero los ayuntamientos de Cádiz, San Fernando, Chiclana y Puerto Real, a finales de 2023 se adjudicaba a la misma empresa problemática, Athisa, este servicio de recogida, transporte, albergue y adopción de animales, contemplando teóricas mejoras y novedades en el pliego (con un coste de cerca de 1,6 millones de euros por tres años).
Y desde entonces no ha cambiado nada, han continuado el secretismo en torno a estas instalaciones, y las denuncias alarmistas de colectivos animalistas e incluso el Seprona de la Guardia Civil sobre las “condiciones miserables” que soportan perros y gatos en este este centro público privatizado. Y en paralelo, las amenazas principalmente del Ayuntamiento de San Fernando de ‘salirse’ de la perrera.
Finalmente, alcanzado el ecuador de octubre, tras una serie de inspecciones y a la vista del último informe técnico presentado por las delegaciones de Salud y Bienestar Animal de los cuatro ayuntamientos implicados donde se propone el cierre temporal de las instalaciones, la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz (que tiene encomendado el servicio por parte de estos consistorios) ha decidido incoar expediente de secuestro del contrato “hasta que se resuelvan todas las deficiencias y disfunciones” del mismo.
“Sin perjuicio de las acciones legales que la Mancomunidad pueda ejercer contra la empresa concesionaria, el secuestro se plantea como medida inmediata de protección para garantizar el bienestar animal”, se precisa en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
La potestad de secuestro faculta a la administración titular de un servicio público para, en caso de incapacidad del operador para prestarlo adecuadamente, asumir su gestión de forma temporal, a riesgo y ventura de aquel, con el fin de restablecer su funcionamiento regular y continuo.
O lo que es lo mismo, desde este momento son los propios ayuntamientos de Cádiz, San Fernando, Chiclana y Puerto Real los que asumen directamente la responsabilidad de la prestación del servicio de recogida de animales callejeros y abandonados en las mismas instalaciones chiclaneras.
CONVOCADA UNA PRÓXIMA REUNIÓN EXTRAORDINARIA
“Para abordar de forma exhaustiva la situación actual y definir las medidas a tomar”, se ha convocado una Junta de Gobierno extraordinaria de la Mancomunidad dentro de más de un mes, para el próximo 22 de noviembre, a la cual asistirán los alcaldes de las localidades afectadas (o delegados que éstos designen).
Este controvertido nuevo contrato se adjudicó el pasado diciembre a Athisa Medioambiente, única empresa que concurrió al proceso de licitación. Y comenzó a ejecutarlo (tras la firma correspondiente) en marzo, contemplando el pliego una cláusula que exigía la construcción de estructuras modulares portátiles adicionales en las instalaciones ubicadas en Chiclana, junto con 70 cheniles, todo en un plazo de cuatro meses.
Desde entonces, la Mancomunidad asegura que ha realizado visitas de inspección periódicas, contando en cada una de ellas con la presencia de técnicos y representantes de los ayuntamientos afectados: “entre el 9 de abril y el 11 de octubre se han realizado un total de 12 inspecciones”.
