CGT denuncia que la empresa Global Center Peninsular va a dejar a un centenar de trabajadores en la calle en Cádiz. Esta firma dedicada al telemarketing optó en verano de 2017 por ubicarse en las instalaciones del edificio Heracles, en la Zona Franca de Cádiz, adjudicándose un total de 455 metros cuadrados incluyendo un gran módulo en planta segunda para instalar un centro de llamadas, creando (al menos eso se vendía entonces ) unos 200 empleos.
Ahora, la sección sindical de CGT en la empresa alerta de que acaba de recibir, en plena crisis del coronavirus, un escrito en el que Global Center anuncia un procedimiento de despido colectivo de toda la plantilla de este centro, que actualmente asciende a 98 trabajadores, decisión previa al cierre y liquidación de la empresa.
Dicho expediente de regulación de empleo (ERE) de liquidación lo justifica ante “la resolución del contrato de su único cliente (sic) Factoría de Ventas TFL SL”. Para CGT, resulta “extraño” que una empresa dedicada al tele-marketing tenga como cliente a una sola empresa, “además desconocida”, y no contrate directamente con las empresas a las que les hace campañas telefónicas, como Orange o DKV Seguros por ejemplo: “hecho que nos hace preguntarnos sobre si Factoría de Ventas no será en realidad una empresa pantalla”.
Las sospechas de este sindicato van en aumento “con una simple búsqueda por Internet”: y es que Factoría de Ventas aparece en el Boletín Oficial del Registro Mercantil registrada en junio de 2017, “por las mismas fechas de la constitución de la empresa Global Center Peninsular en Cádiz”. Pero no es la única “casualidad”, ese único cliente tiene su domicilio en la mismo sede que Global Center, en la Zona Franca.
“A la oscuridad e irregularidades que afectan a este ERE hay que añadir el hecho de que se realiza en medio de un ERTE planteado por la empresa ante la pandemia del coronavirus, ERTE que fue planteado con las mismas irregularidades y lleno de falsedades por lo que fue impugnado por CGT”, se recuerda. Dicho expediente de regulación temporal de empleo “se intentaba camuflar como un ERTE por causas de producción, ni siquiera se planteó por fuerza mayor por el coronavirus… ¿quizá para evitarse la imposibilidad de despedir durante los próximos seis meses?”, se pregunta el sindicato denunciante en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
En cualquier caso, se incide, “no concurría causa alguna que pudiera justificar la suspensión ni por causa productiva ni tampoco por causa de fuerza mayor”. La única “causa real” que justifica la adopción de la medida, apunta CGT, “no es otra que el incumplimiento empresarial de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Esta es la verdadera causa que parece motivar la decisión empresarial”.
“IRREGULARIDADES E INCUMPLIMIENTOS”
No obstante, CGT asegura que estas “irregularidades” en Global Center Peninsular “no son nuevas, si no que caracterizan la actuación de dicha empresa desde su llegada a la ciudad hace apenas tres años, basada en la vulneración continua de los derechos laborales: constantes despidos y elevadísima rotación de trabajadores y por la represión sindical”.
En este sentido, esta sección sindical ha denunciado “flagrantes incumplimientos de los derechos laborales y del convenio colectivo vigente” ante la Inspección de Trabajo y ante los tribunales, “consiguiendo decenas de requerimientos y sentencias condenatorias hacia la práctica empresarial de Global Center Peninsular en Cádiz”.
Entre ellos sentencias que han condenado a la citada empresa por despidos a trabajadoras por su actividad sindical que han sido declarados nulos por los tribunales “al demostrase que su motivo era únicamente la represión sindical”.
Ante esta “gravísima situación”, que amenaza con dejar en la calle a un centenar de gaditano, CGT dice que va a luchar “con todos los medios a su alcance” contra este ERE y por el mantenimiento del empleo. Y al tiempo, exige a las administraciones públicas competentes (autoridad laboral, Zona Franca, Ayuntamiento de Cádiz…), que investiguen todas las irregularidades que rodean a este ERE de extinción, que hagan públicas todas las ayudas y subvenciones que ha recibido este empresa desde su instalación y que impidan el cierre; “y, en último caso, exijan la devolución del dinero público que se haya destinado a esta empresa con la excusa de la creación de empleo en la ciudad”.
